Los ‘buenos muchachos’ de Uribe que han sido condenados

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño; y a Edmundo del Castillo, exasesor jurídico de la Presidencia, por el caso de las chuzadas del DAS.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá tumba, entonces, la sentencia de primera instancia que absolvió a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo el pasado 12 de julio, emitida por el 56 de conocimiento de Bogotá. Así las cosas, a los dos exfuncionarios les quedaría recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se revise su caso.

Velásquez y Del Castillo se unen a la lista de funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que ya han recibido condenas. Una lista en la que están exministros como Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y los exdirectores del DAS María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera.

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Los casos de Velásquez y Del Castillo

César Mauricio Velásquez trabajó como secretario de prensa de la Casa de Nariño entre 2007 y 2010, durante el último periodo de Álvaro Uribe. Antes de dejar su gobierno, Uribe designó a Velásquez como embajador de Colombia ante el Vaticano, cargo que ocupó hasta 2012. Actualmente, vive en Roma (Italia) y está vinculado como docente e investigador de posdoctorado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, como se puede verificar en la página de esa institución.

Edmundo del Castillo, abogado de la Universidad del Rosario, fue secretario jurídico de la Presidencia entre 2006 y 2010 y ha ejercido como asesor de varias entidades estatales.

Velásquez y Del Castillo deberán pagar una condena de cinco años y tres meses de prisión. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las capturas de ambos, advirtió que para el caso de César Mauricio Velásquez será de difícil cumplimiento debido a que él está radicado en un país donde las autoridades colombianas no tienen jurisdicción. Y respecto a Edmundo del Castillo, indicó que podrá cumplir la condena en su lugar de residencia.

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De acuerdo con la Fiscalía, tanto Velásquez como Del Castillo “participaron en un entramado ilegal orientado a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina Padilla, entre 2007 y 2008”. Según el ente acusador, para hacerlo se valieron del ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y deslegitimaron las decisiones de la Corte Suprema sobre la parapolítica.

La defensa de Del Castillo anunció una impugnación especial de la condena ante la Corte Suprema de Justicia, pues dice que la decisión se basa “en meros indicios y pruebas de referencia”.

Por su parte, la firma Víctor Mosquera Abogados aseguró que llevaría el caso a instancias internacionales.

Jorge Noguera

Noguera trabajó en la campaña presidencial de Uribe y fue director del DAS entre 2002 y 2005. Y es precisamente por su caso que se hizo famosa la expresión “buenos muchachos” para referirse a los exfuncionarios de Uribe con líos judiciales, pues en 2006, cuando recién se conocían los señalamientos contra Noguera por vínculos con los paramilitares, el entonces presidente justificó así su decisión de ponerlo a cargo del DAS: “Conocí a Jorge Noguera a mediados del 2001, durante la campaña a la Presidencia. Tuve la oportunidad de hospedarme en su casa y compartir con su familia. Me pareció un buen muchacho y un profesional con futuro. Por eso, yo lo llevé a mi gobierno”.

Jorge Noguera fue acusado de poner el DAS al servicio de las autodefensas, particularmente de suministrarles información de inteligencia, datos de procesos de extinción de dominio y listas de dirigentes sociales y políticos “para que los ejecutaran”, como fue el caso del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, asesinado en septiembre de 2004.

Noguera fue condenado en 2011 a 25 años de cárcel por concierto para delinquir y por el homicidio de Correa de Andreis. En octubre del año pasado le concedieron la libertad condicional.

María del Pilar Hurtado

Hurtado fue directora del DAS entre 2007 y 2008. Ella renunció al cargo cuando empezaron a conocerse los casos de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de la oposición como Gustavo Petro y Piedad Córdoba, o periodistas como Daniel Coronell.

En 2010, justo en medio de ese escándalo, la exdirectora del DAS se fue a Panamá. Regresó a Colombia en enero de 2015 y en abril de ese mismo año la condenaron a 14 años de prisión. Actualmente está recluida en la Escuela de Caballería del Ejército en Bogotá.

Bernardo Moreno

Moreno fue secretario general de la Presidencia entre julio de 2004 y agosto de 2010. En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a ocho años de prisión por las chuzadas del DAS.

Según la Fiscalía, entre 2007 y 2008 Moreno y Hurtado concertaron la interceptación ilegal a periodistas, políticos opositores y magistrados. Particularmente, en septiembre de 2007, el entonces secretario general le informó a la directora del DAS de ese momento “los temas sobre los cuales la Presidencia de la República requería adelantar preponderadamente ‘acciones de inteligencia’: La Corte Suprema de Justicia, los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego, y el periodista Daniel Coronell”, dice el ente acusador.

Alberto Velásquez

Alberto Velásquez fue secretario general de la Presidencia hasta 2004. En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cinco años de prisión por el caso de la yidispolítica, es decir, las prebendas que se le ofrecieron a la excongresista Yidis Medina para que cambiara su voto en la reforma constitucional que le dio vía libre a la reelección de Uribe.

Específicamente, el alto tribunal sentenció a Velásquez por designar a Jairo Plata Quintero como coordinador para el Magdalena en la Red de Solidaridad Social, pues eso hacía parte de un compromiso al que llegó con Medina. Según la corte, el entonces secretario general de la Presidencia estaba “siguiendo instrucciones” de Uribe. 

Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio

Ambos fueron condenados junto a Velásquez por el caso de la yidispolítica, pero la sentencia fue más alta: seis años y ocho meses de prisión.

Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior entre 2004 y 2006, y Diego Palacio, de Protección Social entre 2003 y 2010, pagaron con nombramientos el cambio de voto de Yidis Medina y la ausencia del exrepresentante Teodolindo Avendaño en la votación de la reforma que autorizó la reelección, dice la Corte Suprema de Justicia.

Pretelt de la Vega, por ejemplo, designó a César Guzmán, amigo de Medina, en un cargo del Ministerio del Interior y Justicia, y a Sandra Domínguez en la Notaría Segunda de Barrancabermeja. Y para pagar la ausencia de Avendaño, le dio la Notaría 67 de Bogotá a Luis Camilo O’meara.

Palacio, por su parte, designó a Vania Constanza Castro Varona, nuera de Avendaño, “para atender asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali”, y nombró a Carlos Correa Mosquera como director de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja como parte del compromiso adquirido con Yidis Medina, explica la Corte Suprema de Justicia.

Andrés Felipe Arias

Sin duda, este es el caso clave para el uribismo, por el que el expresidente Álvaro Uribe y figuras del Centro Democrático aseguran que hay una persecución política en su contra. Arias fue el funcionario estrella. Ministro de Agricultura entre 2005 y 2009, era el llamado para seguir adelante con las banderas del uribismo en la Presidencia. Pero se le atravesó el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS), el programa que repartió subsidios estatales a familias poderosas del Valle y del Magdalena, como lo reveló en su momento la revista Cambio.

Por ese caso, en 2011, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos. Ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra él.

En junio de 2013, Arias recuperó su libertad. Un año después, el 3 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el sentido de la condena contra el exministro de Agricultura: culpable. Arias aseguró, en su momento, que estaba dispuesto a responder ante la justicia, pero pocos días después salió del país. La Corte Suprema, por su parte, lo sentenció a 17 años de prisión, el 17 de julio de 2014.

Arias y su familia llegaron a Miami, Estados Unidos, y aunque inicialmente se le concedió un asilo temporal, las autoridades de ese país lo capturaron en agosto de 2016 en respuesta a una solicitud de extradición de Colombia. A partir de ese momento empezó un dispendioso proceso para retrasar su regreso: su defensa aseguraba que se le debía reconocer el asilo, mientras la justicia de Estados Unidos decía que la condena en su contra no se podía considerar persecución política.

Finalmente, Andrés Felipe Arias fue extraditado a Colombia en julio de 2019. A la par, el Centro Democrático y su defensa empezaron a moverse y la Corte Constitucional, en mayo de 2020, le otorgó el derecho a la segunda instancia. Cabe explicar que es la Corte Suprema de Justicia la que se encarga de los procesos contra altos funcionarios. Sin embargo, sus sentencias se dictaban en una sola distancia, como le sucedió a Arias.

Esa decisión del alto tribunal constitucional abrió la puerta para revisar condenas contra aforados emitidas desde 2014.

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