El pacto de ‘caballeros’: así funcionaba el acuerdo de los clubes para vetar jugadores

Correos electrónicos y chats ponen en evidencia la estrategia con la que 16 equipos del fútbol colombiano presionaron a varios jugadores para que no negociaran sus derechos deportivos de forma libre sino por intermedio de su anterior club. Esto, con el objetivo de obtener beneficios económicos por el traspaso del futbolista.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 16 equipos y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por una presunta cartelización en el mercado de jugadores ocurrida entre 2018 y lo que va de 2021. Esta decisión responde a una queja presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que ha denunciado desde hace varios meses la existencia de listas negras para vetar a jugadores.

Entre los clubes investigados están Talento Dorado (Rionegro Águilas Doradas), Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío y La Equidad.

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Pues bien, el expediente de la SIC tiene, en detalle, los mensajes que se intercambiaban los clubes para bloquear jugadores e impedir que negociaran sus pases como agentes libres.

Exactamente, la entidad identificó tres modalidades que se usaron para bloquear a los futbolistas.

La primera se presentaba cuando el jugador renunciaba alegando “una justa causa imputable al club” (por lo general, que habían dejado de pagarle el salario u obligaciones laborales). El equipo, entonces, negaba esa justa causa, comunicaba que el contrato seguía vigente y advertía que el traspaso no se podía negociar directamente con el futbolista.

La segunda modalidad fue identificada cuando jugadores decidían terminar su vínculo laboral de forma unilateral. El equipo reaccionaba diciendo que los futbolistas no habían tenido en cuenta la inversión y, por eso, les pedían a los otros clubes no contratarlos.

La tercera se usó como una forma de hacerle el quite al Estatuto del Jugador. Esa norma permite que los jugadores negocien como agentes libres con otros equipos cuando les faltan seis meses para cumplir el contrato y no quieran renovarlo. Sin embargo, la SIC encontró que, cuando un futbolista manifestaba su intención de no renovar, los clubes les pedían a los otros abstenerse de firmar precontratos y de hacer acuerdos directamente con el jugador.

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Así, los clubes también buscaban obtener un beneficio económico cuando el jugador firmara un contrato con otro equipo.

Para la SIC, estas prácticas constituirían una infracción al régimen de protección de la competencia.

El pacto de ‘caballeros’ del fútbol colombiano

Los propios directivos de los equipos llamaron ‘pacto de caballeros’ a esta estrategia para vetar jugadores. Un ejemplo de ese pacto ocurrió el primero de febrero de 2019, con un mensaje que Paola Salazar Olano, presidenta de Talento Dorado, envió a los otros presidentes de los clubes de la Dimayor refiriéndose a la “solidaridad del gremio” para pedirles no contratar a un jugador que había renunciado.

Gabriel Camargo y Óscar Casabón Rodríguez, presidentes de Deportes Tolima y Deportivo Pasto, respectivamente, le confirmaron a la SIC que Águilas Doradas es uno de los equipos “que suele enviar este tipo de comunicaciones”.

Al respecto, la entidad cita un mensaje que Fernando Ardila Acosta, directivo del Unión Magdalena, le envió a una empleada de la oficina de prensa para pedirle que siguieran el ejemplo de Águilas y escribiera una carta para evitar que otros clubes contrataran a algunos jugadores.

Otro caso tiene que ver con una carta que envió Ricardo Hoyos Ángel, presidente del Boyacá Chicó, para pedirles a los otros clubes que se abstuvieran de fichar a dos jugadores que, supuestamente, tenían contrato con el equipo boyacense hasta diciembre de 2022.

Uno de esos futbolistas es Nelino Tapia, quien renunció al Boyacá Chicó el primero de diciembre de 2020 porque le debían el 50 por ciento de las obligaciones laborales desde mayo de ese año, según denunció en su momento Acolfutpro.

La SIC también reseña una comunicación que Ramiro Alberto Ruiz Londoño, presidente del Envigado, envió en agosto de 2018, apelando “a la solidaridad de gremio y al pacto de caballeros que entre nosotros existe para este situación”, para bloquear el fichaje de un jugador que decidió desvincularse porque tenía una oferta de otro equipo.

Ruiz Londoño argumentaba que el Envigado había invertido en la formación de ese futbolista y que por eso había que impedir que negociara libremente. En respuesta, el directivo recibió manifestaciones de apoyo, como la de Carlos Alberto Barato Méndez, presidente de Fortaleza, quien le expresó: “(…) inaudito que algún club lo registre después de conocer esta situación. Eso sí es cuidar nuestro negocio”.

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Este ejemplo es clave porque algunos directivos ya habrían estado advertidos de que estaban cometiendo irregularidades contra la libre competencia. Eso es lo que se podría concluir del mensaje que envió Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente de La Equidad, un día después de la comunicación de Ruiz Londoño: “Recomiendo no hablar de vetos ni de unirnos en contra de… Esto puede ser interpretado jurídicamente a una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás”.

El expediente de la SIC tiene también comunicaciones de los presidentes del Tolima, Tigres y Unión Magdalena, entre otros, que muestran los recurrentes bloqueos de jugadores para seguir reclamando dinero por los traspasos.

Estas prácticas no son nuevas y seguramente han sido anteriores a 2018. Es común escuchar, incluso, de vetos a futbolistas que renuncian después de reclamar por el pago de salarios atrasados. Sin embargo, que la SIC ya esté tomando medidas en el asunto es un paso para demostrar que el fútbol colombiano no puede estar por encima de la ley.

Todos los mensajes recopilados por la SIC se pueden ver a continuación: