Este año tampoco se hizo nada para rescatar al fútbol colombiano de la podredumbre
La frase es chiste bobo, muchas veces utilizado en enero e incluso febrero, pero tantas otras dicho en cualquier otro momento del calendario cuando ya algo es irreversible: “este año tampoco se hizo nada”. Pero el chiste bobo, en el caso del fútbol colombiano, ya es tragedia: ¡maldita sea, se fue el 2021 y este año tampoco se hizo nada!
Desde julio del 2020, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció una exhaustiva investigación sobre el papel de su comité ejecutivo, incluyendo a Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate, en la organización de un cartel de reventa de boletería que fue denunciado y castigado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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La Superintendencia de Industria y Comercio demostró en dos instancias que Luis Bedoya, primero, y Jesurún, después, coordinaron junto a TicketShop y TicketYa un entramado para que se revendiera la boletería de los partidos de la selección Colombia en la Eliminatoria a Rusia 2018.
La FCF fue sancionada con 16.000 millones de pesos por culpa de sus dirigentes, que fueron multados individualmente por su responsabilidad en el hecho. Y hoy, un año y medio después de que todo esto explotara y la Federación anunciara en un comunicado que la Comisión Disciplinaria iba a investigar a los acusados por la SIC, no ha pasado nada.
Sí, no pasó nada. Ni pasará, porque el folio fue enviado al Comité Ético de la Fifa (no se ría, así se llama aunque parezca un oxímoron) una entidad que preside María Claudia Rojas, exmagistrada colombiana, íntima de Jesurún y quien fue puesta en ese cargo por él mismo.
Obvio, no iba a pasar, porque el gobierno decidió no intervenir y esperar el debido proceso, que consiste en que la mencionada Comisión realizara la investigación, y lo que hemos vividos es un sainete. Apenas iba a empezar la investigación, Miguel Córdoba y Aristides Betancur, dos de los tres miembros de la comisión, renunciaron.
El nombramiento de sus reemplazos se tomó un buen tiempo. Wilson Ruiz (sí, el Ministro de Justicia) fue nombrado pero tuvo que renunciar y, finalmente, llegaron el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao (mano derecha de Vargas Lleras, lo que mantiene una tradición que ya denuncié en una columna anterior de meter personajes poderosos al organigrama del fútbol para blindarse de investigaciones), y el abogado Camilo Cardona (de total confianza de González Alzate).
Ellos dos, junto a Pedro Alonso Sanabria, en ese entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde casualmente (MUY CASUALMENTE) su buscó tumbar el castigo de la SIC a la Federación, tenían que decidir si los dirigentes eran corruptos como había dicho la Superintendencia o no, y la solución fue enviarle el caso a la FIFA.
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Sí, no pasó nada. Ni pasará, porque el folio fue enviado al Comité Ético de la Fifa (no se ría, así se llama aunque parezca un oxímoron), una entidad que preside María Claudia Rojas, exmagistrada colombiana, íntima de Jesurún y quien fue puesta en ese cargo por él mismo.
El chiste es bobo, pero los dirigentes del fútbol colombiano no. Ellos son de teflón y todo les resbala porque se han esforzado para armar una estructura que permita que no les pase nada.
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El caso del cartel de boletería organizado por dirigentes es la punta de un iceberg de podredumbre que en 2021 mostró toda su profundidad. Este año, el circo del fútbol colombiano estuvo más miedoso y sin vergüenza que de costumbre: con la muerte del Cúcuta dejándoles claro a los hinchas y a una ciudad muy futbolera que la única forma que tiene de volver a la Dimayor es con el nefasto José Augusto Cadena al frente (“¡y se aguantan!”, es el mensaje no dicho a todos los que están luchando por salvar al rojinegro).
Con Águilas Doradas jugando frente al Chicó con 7 futbolistas (dos de ellos arqueros, uno en el arco y el otro como jugador de campo) porque no importa la pandemia si hay puntos y fútbol por TV. Con la batalla legal entre Nacional y Tuluá que puso en riesgo todo el campeonato por los malos manejos administrativos del primero y la papaya que cortó el segundo. Con el rechazo permanente del la Dimayor a recibir apoyo del gobierno para organizar una liga femenina decente, pues eso implicaría justificarle al Ministerio del Deporte en qué se gastan de verdad la plata los dirigentes del fútbol profesional colombiano.
Con muertos y violencia entre barras en casi todas las fechas sin que a la organización de la liga le importara mayor cosa. Con una nueva investigación de la SIC que descubrió lo que varios llevamos denunciando hace años: que la dirigencia se organiza para vetar a futbolistas que reclamen por sus derechos (también vetan periodistas, pero eso no es ilegal… salvo cuando presionan laboralmente al comunicador que critique; eso lo discutimos otro día). Con la vergüenza mundial que representó el Llaneros-Unión Magdalena en el que la Fiscalía ya está investigando mientras que las autoridades del fútbol no han hecho nada…
Porque eso es lo otro: más allá de las denuncias, señalamientos y sospechas de un posible amaño del partido que le dio el ascenso al Unión Magdalena tras una victoria al menos particular sobre Llaneros, para el establecimiento del fútbol ya el equipo de Santa Marta es el ascendido. No hay investigación, no hay duda, no hay sospecha: el ascendido es Unión y la cofradía que es Dimayor ya lo estableció así. ¿Posible arreglo del partido? Que los futbolistas respondan individualmente en la Fiscalía, el pacto de galleros entre dirigentes se respeta (sí, así le dicen a los acuerdos no escritos al interior de Dimayor, todo muy casual).
Sí, este año tampoco se hizo nada para rescatar el fútbol colombiano de la podredumbre. Y mientras sigan siendo de teflón y todo les resbale, no vamos a poder hacer nada. Ya el chiste ni siquiera da risa.
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