Galeón San José: ¿Gobierno Duque se arrodilló ante España?

En medio de la contienda electoral y de la avalancha informativa por la guerra en Ucrania, la decisión que tomó el gobierno de hundir la APP para sacar a flote los vestigios del galeón San José, uno de los tesoros más grandes que yace en el lecho de mar Caribe, prácticamente pasó desapercibida.

El pasado 4 de marzo, la secretaria general del Ministerio de Cultura, Claudia Jineth Álvarez, expidió la resolución 113 en la que se declaró desierto el proceso de Alianza Público Privada (APP) firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la empresa Maritime Archeology Consultants (MAC) que además de hallar al galeón, debía rescatarlo, conservarlo y crear un museo en Cartagena para exhibirlo.

La decisión, considerada de “absurda”, “ilegal” y “temeraria” por varios expertos consultados por Diario Criterio, no solo expone de nuevo al país a una millonaria demanda internacional por el galeón San José, sino que puede tener serias y profundas consecuencias sobre el futuro de este y otros tesoros que reposan en los mares colombianos. Y lo más preocupante, es que con esta decisión parecería que el gobierno prefirió ceder y alinearse con los intereses de España.

Como se recuerda, a comienzos de diciembre de 2015 el entonces presidente, Juan Manuel Santos anunció que la Armada y el Instituto de Antropología en Historia (Icahn), con la ayuda de expertos internacionales, habían encontrado los restos del San José, hundido por la armada británica en 1708 cuando llevaba a bordo más de 600 almas y una enorme carga de lingotes de plata y oro, miles de monedas, esmeraldas y piedras preciosas, entre muchos otros objetos. Se estima que la carga puede valer más de 5.000 millones de dólares.

La otra historia del galeón San José

Su hallazgo fue posible porque en 2013 el Congreso de la República expidió la Ley de Patrimonio Sumergido que planteó que para rescatar más de 30 naufragios importantes que hay en los mares colombianos, el Gobierno lo podía hacer a través de una APP, en las que no expusiera a riesgo recursos públicos. A cambio, los privados podrían financiar la operación y su pago podía hacerse con la repartición de aquellos bienes que no fueran patrimonio cultural o que estuvieran ampliamente repetidos como monedas, lingotes de oro o plata, piedras preciosas, etc.

La propia Corte Constitucional declaró exequible los artículos que contemplan esta medida, pues se entiende que si en un rescate como el del San José, hay 5.000, 10.000 o 300.000 monedas iguales (similares), con conservar una parte significativa y se pusiera en el mercado el resto, no se estaría afectando al Patrimonio Cultural de los colombianos. Mucho menos con metales en lingotes o piedras en estado bruto. Otra cosa diferente serían piezas únicas, de alto valor, como los propios vestigios de la embarcación, joyas, tinajas, cañones.

Bajo está idea, la empresa MAC emprendió la búsqueda del San José, del que se creía ya había sido encontrado en 1982 por otra empresa (Glocca Morra-Sea Search Armada) pero que se sabría con este descubrimiento, que en el punto enunciado no había nada más que arena y barro.

Tras el anuncio del presidente Santos de la ubicación del San José, que se estima llevaba unas 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas, el 29 de enero de 2015 la empresa MAC hizo una propuesta de APP a todo riesgo para sacar a flote todos los vestigios y carga del navío, crear los laboratorios para conservarlos y exhibirlos en un museo. Toda la operación se tasó en 70 millones de dólares, de los cuales, seis habían sido gastados en la primera etapa.

Para ponerse de acuerdo en la operación y en el costo, el Gobierno y MAC tardaron casi tres años. En la APP se acordaron cuatro escalas para pagarle a esta empresa con todo aquello que no fuera declarado patrimonio. Se estableció la siguiente escala: para los 150 millones de dólares, MAC o quien hiciera toda la operación de rescate, recibirá el 45 por ciento de estos bienes y el Estado el resto. Entre 455.739 y 911.478 millones de pesos, se le daría el 35 por ciento; y entre 911.478 millones y 1,5 billones de pesos, el operador recibiría 10 por ciento. A partir de este monto, el ciento por ciento sería para el Estado.

Este esquema fue duramente cuestionado por el gobierno de España que consideró, primero, que todo este tipo de embarcaciones aún le pertenecen por haber sido parte de su armada imperial. Y después, cuando vio que el gobierno de Colombia siguió adelante, amenazando incluso lo que ha querido imponer como norma internacional, empezó a cuestionar la forma como se iba a rescatar el San José, el trabajo arqueológico o que todo lo que había allí era patrimonio, incluida las monedas, y que era impensable que un país le diera una parte de los tesoros a un privado o los vendiera.

Eso sí, sin importar lo que España ha hecho con otros naufragios y tesoros que han terminado en sus manos, como el Cisne Negro. Es más, si el día de mañana alguien llevara al Banco de España monedas del San José o de otro naufragio, las comprarían porque tienen valor de cambio.

Para adjudicar la APP, tal y como lo ordena la Ley, se abrió una licitación para que otras empresas interesadas hicieran una mejor oferta al Estado, en este caso la de MAC. La fecha de vencimiento para recibirlas se fijó para el 18 de agosto de 2018 a las 5:00 de la tarde.

En contra de la APP

Este proceso quedó en medio del fin del gobierno Santos y el comienzo del de Iván Duque. La nueva vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el propio gobierno hicieron todo lo posible por hundir de entrada este proceso, “muy influenciados por el gobierno de España”, dijo un experto que estuvo en las comisiones de empalme.

Frente a la imposibilidad legal de tumbar la APP antes del 7 de agosto, día de la posesión de Duque, la única salida que encontraron fue aplazar el proceso, con tan mala suerte que la decisión se publicó a las 5:02 en el Secop. Esto, de acuerdo con los abogados cercanos a MAC, hizo que el proceso oficialmente quedara cerrado y el paso siguiente fuera adjudicarlo en vista que el Gobierno no recibió ninguna otra oferta diferente a MAC.

Sin embargo, “en vez de cumplir la ley y respetar el proceso, lo que hizo el gobierno y en adelante la vicepresidencia de la República, que quedó al frente de este proceso, fue desplegar todo tipo de estrategias jurídicas para enterrarlo”, dijo un asesor cercano a la empresa exploradora.

La propia vicepresidenta Ramírez pidió revisar todas las actuaciones. Acudió al Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para que resolviera dudas en torno a las normas aplicables a este proceso y a la repartición o pago de las acciones de MAC.

En contra de lo que había establecido la Ley de Patrimonio Sumergido, en 2019 el Consejo Nacional de Patrimonio determinó que todo el vestigio y su carga era patrimonio, sin si quiera ver una sola pieza. Y en enero de 2020 el Ministerio de Cultura declaró, al San José como bien de interés Cultural de Ámbito Nacional. Esto, como lo dijo la propia vicepresidenta Ramírez, con el fin de darle una protección integral al hallazgo arqueológico y evitar que supuestamente el 83 por ciento de las piezas que no fueran patrimonio terminaran en manos de la empresa. Decisión inusual si se sabe que todos los vestigios hundidos hacen, per se, parte del patrimonio nacional.

Tras más tres años y medio de alargues, finalmente el ministerio decidió enterrar la APP, el pasado 4 de marzo. Según la resolución, se tomó la decisión “considerando la imposibilidad jurídica de remuneración en especie con piezas que componen el hallazgo, el proceso de APP es inadmisible por cuanto la entidad no puede destinar recursos para asumir la remuneración de quien llegare a ser contratado”.

Dentro de las justificaciones también se dijo que “teniendo en cuenta las condiciones de remuneración en especie con piezas del hallazgo propuestas por el estructurador, dicho termino estaba sometido a las posibles y cambiantes conceptualizaciones del patrimonio cultural, entre ellos la definición de la naturaleza de las piezas del hallazgo, situación prevista que se configuró con la expedición de la resolución 085 de 2020 declaratoria del precio como Bien de Interés Cultural, elemento sobreviniente, que no puede omitir el ministerio en tanto es clara la imposibilidad del cumplimiento de la forma de remuneración contenida en los documentos previos al contrato y que, al final, como se indica en el considerando anterior, se integraría al mismo”.

Pese a esta decisión, es claro que las demandas y reclamaciones vienen en camino, según un abogado cercano al proceso. MAC invirtió más de seis millones de dólares en la búsqueda, diseño del rescate y demás, monto que ya fue reconocido por la propia APP, así esta haya sido negada. Además de que tienen expectativa real. Es más, si el día de mañana el gobierno decide aventurarse a rescatar el San José, deberá pagarle a MAC lo invertido.

Así como Duque heredó un proceso con el que no estaba de acuerdo, el próximo presidente de la República tendrá que lidiar con las consecuencias de hundir la APP y haber privilegiado las posiciones e intereses de España y no totalmente las de Colombia.

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