Gasolina: Petro estaría aplicando recomendación del FMI en alza de precios

Diario Criterio revela un documento que demostraría que el desmonte de los subsidios a la gasolina anunciado por el presidente coincide con una directriz que el Fondo Monetario Internacional le hizo al exministro de hacienda, Alberto Carrasquilla.

Ni los uribistas pura sangre se hubieran imaginado este escenario: Gustavo Petro, el primer exguerrillero en llegar a la Presidencia de Colombia, aplicando al pie de la letra las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y lo que es más paradójico: esas recomendaciones hacen parte de los requisitos o exigencias que debe cumplir Colombia para pertenecer al selecto grupo de los países miembros de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Es decir, un presidente de izquierda promoviendo y aplicando las políticas neoliberales de la derecha. Ni los uribistas o santistas llegaron tan lejos.

Eso es lo que descubrió Diario Criterio, luego de acceder a un documento de 66 páginas denominado “Informe técnico: reforma de los precios de la energía” y que aparece descrito como Informe de país No.19/344 del Fondo Monetario Internacional.

Esa recomendación surgió ante una solicitud que hiciera en 2019 el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante el gobierno del presidente Iván Duque, para incluirlas en la famosa Reforma Tributaria que ocasionó el estallido social, en 2021.

Las recomendaciones del FMI fueron claras: desmontar los subsidios no solo a los combustibles, sino a los que se otorgan en el servicio de electricidad a los hogares colombianos de los estratos 1, 2 y 3.

El informe no se limitó a plantear esas reformas; explicó mecanismos para suavizar los impactos, además de una aplicación gradual de las alzas en las tarifas y una estrategia de comunicación para evitar el rechazo popular de las medidas.

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“Las reformas presentadas implican la eliminación gradual de los subsidios en los productos de combustibles. Las opciones de reforma deberían de intentar reducir la incidencia de los subsidios a la energía, sin dejar de mejorar su focalización. El método puede diferir entre sector y sector”, concluyó el informe del FMI.

¿Gasolina para ricos?

Desde el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando surgió la idea de desmontar el subsidio a la gasolina para los colombianos dueños de carros y motos, se acuñó el falso dilema en torno a que los beneficiarios de ese auxilio son ricos.

Esa tesis, que empezó a hacer carrera dentro de una parte de la tecnocracia económica, también la adoptó el presidente Petro, acudiendo al engañoso argumento de asegurar que no desmontar los subsidios a la gasolina “(..) es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia”.

Tanto Uribe y ahora Petro (defensores del desmonte de subsidios a la gasolina) desconocen de tajo cifras y estadísticas oficiales sobre la realidad del parque automotor que transita por el territorio nacional y el perfil de los usuarios de esos vehículos.

Por ejemplo, desde la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda), agremiación que aglutina a las 35 empresas expendedoras de pólizas y seguros en el país, entre ellos el Soat, afirman que hoy ruedan 17.6 millones de vehículos automotores.

La cifra que llama la atención es que, de ese universo, 10.5 millones son motos y los restantes 7.1 millones son carros (particulares, públicos y de carga). Eso demostraría que el medio de transporte más popular entre los colombianos son las motos.

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Otro dato para tener en cuenta es que el 97 por ciento de esas motos son inferiores a los 250 centímetros cúbicos, lo que reafirma el carácter popular de los usuarios de ese medio de transporte.

Sumado a lo anterior, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), en su más reciente informe sobre las perspectivas económicas del sector, se advierte que el consumo de combustibles líquidos aumentó a 302.000 barriles en 2021.

El otro dato que revela ese informe es que, en promedio, el consumo de gasolina y diésel en Colombia son similares, ya que ambos combustibles líquidos bordean los 2.000 millones de galones por año.

En ese ejercicio sobre quiénes consumen en realidad la gasolina que se produce o importa a Colombia, aparece otro dato llamativo. Desde algunos sectores aseguran que el mayor porcentaje de gasolina que usan los carros la consumen aquellos vehículos que prestan servicio público para el transporte de pasajeros o carga.

Así las cosas, los carros particulares que transitan por Colombia realmente consumen apenas un pequeño porcentaje de la gasolina subsidiada.

Además, se debe tener en cuenta que no todo ese parque automotor son vehículos nuevos y de gama alta. De hecho, la mitad de esos carros son modelos anteriores a 2010.

Por el contrario, el mercado del usado baja gama es uno de los que más se mueve en el país, al punto que las ciudades y municipios están llenos de establecimientos que los comercializan porque es el que más se vende entre los sectores populares.

¿Barril sin fondo?

El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) nació en 1998, durante el gobierno del entonces presidente, Andrés Pastrana, con un capital semilla de 277 millones de dólares (para la época, un poco más de 500.000 millones de pesos).

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La naturaleza de ese fondo era blindar a los colombianos de los efectos por el vaivén del precio internacional del petróleo, cuya volatilidad ha puesto en jaque a varias economías del mundo.

La mayoría de la gasolina que se consume en el país se produce en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja y generalmente se vende por debajo del precio internacional. Esa diferencia es el polémico subsidio que asume el Estado a través de impuestos o deuda a Ecopetrol.

Quienes conocen la historia del FEPC aseguran que solo en tres años (2008, 2009 y 2020) no ha presentado déficit y que por lo tanto la naturaleza del mismo es que siempre esté con saldos en rojo.

No obstante, advierten que el déficit que se proyecta para este año, que superaría los 30 billones de pesos, en realidad es alto y preocupante. Pero esto también se debe a los altos precios del petróleo por la guerra de Ucrania y el bloqueo a Rusia, por lo que algunos expertos consideran que en un tiempo (entre uno y tres años) el déficit debería caer considerablemente.

Sin embargo, quienes critican el desmonte del subsidio, como el senador Jorge Robledo, argumentan que el problema es de forma y no de contenido, porque erróneamente se viene asegurando que ese auxilio es un gasto, cuando en realidad se trata de una mayor o menor utilidad de Ecopetrol, que entre más ingresos tenga más transferencias le hace al gobierno de turno.

“Porque el déficit del Fondo de combustibles no es exactamente una pérdida, sino una utilidad que no se hace, que no es lo mismo. En especial cuando el aumento del precio y la ganancia es a costa de los más débiles, convirtiéndoles ese pago, en realidad, en un impuesto al costo”, dijo el senador.

La otra arista que critican los opositores del desmonte de los subsidios a la gasolina, es la alta carga tributaria que recae sobre el precio al consumidor final. Solo entre impuestos y sobretasas supera los 2.200 pesos por galón.

Lo increíble, es que en la famosa recomendación que hace el FMI se advierte que los impuestos aplicados a los combustibles en Colombia es de los más bajos entre los países de la Ocde y ocupa el tercer lugar después de Nueva Zelanda y México.

Impacto en los pobres

Subir el precio a los combustibles es tan lesivo para las clases menos favorecidas de un país, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional reconoce en sus recomendaciones que tiene efectos inflacionarios.

“En primer lugar, es necesario complementar las iniciativas de ajuste fiscal con medidas que fortalezcan la protección social y protejan a los hogares vulnerables del impacto negativo de las reformas”, asegura el FMI en su recomendación.

La otra prueba de esa realidad irrefutable es que los mismos promotores del desmonte de los subsidios, advierten que en esa reforma no se debe tocar el Acpm (Diesel), porque es el combustible más usado por el gremio transportador de carga.

Precisamente otra de las recomendaciones del FMI es sacar de ese paquete del desmonte de subsidios, el Diesel porque tendría un efecto inflacionario en la economía del país.

Asímismo, pide despolitizar la fijación de precios a los combustibles, adoptar un sistema de banda de precios (entre el 3 y 5 por ciento) y que el desmonte se aplique de manera gradual. “Pueden buscarse a corto plazo opciones de reforma que apunten a compensar inicialmente el aumento del precio y se eliminen gradualmente en el mediano plazo”, recomienda el informe del FMI.

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En otra aparte, en el documento se toma como ejemplo lo aplicado en Turquía con programas de reembolsos electrónicos o reducciones de los impuestos selectivos al consumo.

Lo irónico, es que el propio FMI reconoce que en ese país los precios de los combustibles se dispararon. “A partir de 2005, el precio de los combustibles se liberalizó totalmente: actualmente, es uno de los más elevados entre los países de la Ocde, a causa del nivel relativamente alto de los impuestos selectivos al consumo”.

Como bien lo advierte Juan Pablo Fernández, economista y analista en políticas públicas, al asegurar que los combustibles líquidos son un bien intermedio fundamental para la sociedad.

“Dan la energía para movilizar a las personas en la vida diaria, incluida la actividad económica. El agro demanda gasolina. También el transporte de carga, la industria, el comercio de bienes y mercancías, y la prestación de servicios. Por eso, aumentar en $1.000 el precio de los combustibles eleva la inflación en 0,65 % (MinHacienda), porque al crecer el Índice de Precios al Productor también sube el Índice de Precios al Consumidor”, explicó.

En síntesis, desde el presidente Gustavo Petro, su contradictor Álvaro Uribe y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional reconocen que subir el precio de los combustibles es una medida drástica que impacta a los más pobres y tiene efectos inflacionarios sobre la economía del país.

Pero lo que más llama la atención en medio de toda esta polémica, es que sea precisamente un presidente de izquierda el que aplicará al pie de la letra las recomendaciones en políticas públicas hechas por una de las entidades más neoliberales del mundo, el Fondo Monetario Internacional.

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