El uso del glifosato en el conflicto vulneró derechos reproductivos

Afectaciones en la fertilidad, abortos involuntarios y alteraciones perinatales son algunos de los daños que las aspersiones con glifosato han dejado en zonas rurales.

‘Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado‘, uno de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad, tiene una serie de recomendaciones “para potenciar la autonomía de las mujeres y garantizar la reparación adecuada e integral para las mujeres víctimas del conflicto armado”.

Y hay tres específicas para reparar los daños que las aspersiones con glifosato causaron en la salud reproductiva de las mujeres, principalmente, en zonas rurales:

  1. Tomar medidas para dimensionar los daños físicos, emocionales y sociales resultantes de dichas afectaciones
  2. Crear espacios participativos con las víctimas de estas afectaciones, las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan y otros actores, para establecer formas de reparación que incluyan la mejora en el acceso a la salud sexual y reproductiva en zonas rurales
  3. Como garantía de no repetición, recomendar al Gobierno colombiano que en el futuro no se retomen las aspersiones con glifosato

Así mismo, el documento tiene amplios apartados sobre la forma en que todos los actores armados vulneraron derechos reproductivos. Se registraron, por ejemplo, casos de esterilizaciones y abortos forzados que afectaron a niñas y adolescentes.

Para la elaboración de ese capítulo, el Centro de Derechos Reproductivos le entregó a la Comisión de la Verdad dos informes: ‘Una radiografía sobre la violencia reproductiva contra mujeres y niñas en el conflicto armado colombiano y Salud reproductiva y glifosato en el contexto del conflicto armado‘.

En el primer informe se identifican modalidades de violencia reproductiva que incluyen acciones indirectas como casos en los que, institucionalmente, se negaron abortos pese a que la persona afectada cumplía alguna de las tres causales autorizadas desde 2006: violación, riesgo para la salud de la gestante o malformación incompatible con la vida del feto.

Para ahondar en este asunto, Diario Criterio entrevistó a Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

Diario Criterio: El tema del glifosato en la salud reproductiva pasa un poco inadvertido. ¿Por qué sucede eso? Por lo que ustedes exponen y por lo que se expuso en la Comisión de la Verdad, hay unas afectaciones comprobadas.

Cristina Rosero: Es un tema que, en cierto modo, se naturalizó durante muchos años en Colombia, principalmente, porque se trataba de una política de Estado: el programa para la aspersión de cultivos declarados ilícitos mediante el herbicida glifosato, que se llama PECIG, y este se ejecutó entre 1992 hasta 2015, cuando se hizo una suspensión de este programa por solicitud del Ministerio de Salud.

Básicamente, desde antes de su inicio y durante su implementación, hubo denuncias de parte de organizaciones de la sociedad civil, al igual que investigaciones científicas, en donde se evidenciaba una serie de impactos negativos en la salud, que son muy preocupantes, y también frente a los ecosistemas y el medioambiente.

Sin embargo, la política se siguió ejecutando hasta el año 2015. Uno de los puntos más invisibles es, precisamente, los daños a la salud reproductiva. Recientemente, un estudio de la Universidad del Valle, que fue una revisión sistemática de la evidencia científica, reveló que la exposición al glifosato puede crear una serie de efectos negativos en la salud reproductiva consistentes en abortos involuntarios, efectos perinatales, efectos en la fertilidad y también efectos transgeneracionales, es decir, que se evidencian en la descendencia de las personas que han sido expuestas a este herbicida.

Nosotros, adicionalmente, tenemos dos casos que hemos ubicado, que están presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se puede evidenciar casos de mujeres que, estando embarazadas, fueron expuestas al glifosato por esta política y, como resultado, perdieron sus embarazos.

Un caso de estos es Yaneth Valderrama, una mujer que tenía cuatro meses de embarazo y vivía en Solita, Caquetá. Una avioneta pasó por encima de su predio, que no tenía cultivos de coca pero que, al ser expuesta a este químico, perdió su embarazo de cuatro meses, era un embarazo deseado, y posteriormente, unos pocos meses después, tuvo un deterioro muy grave en su salud y terminó falleciendo.

Lea también, en Diario Criterio: Las dolorosas y reveladoras cifras del informe final de la Comisión de la Verdad

En este momento, el Centro, junto con una firma de Caquetá que se llama Conde Abogados, estamos representando a la familia para que pueda obtener reparación. Esa familia no pudo tener reparaciones en Colombia porque se le solicitó un estándar de prueba demasiado técnica que era imposible para una familia campesina del Caquetá de obtener y, por esta razón, se les negaron todos los recursos judiciales que ellos interpusieron y tuvieron que acudir a instancias internacionales.

Diario Criterio: En el tema de la afectación a la salud reproductiva por el glifosato, ¿ustedes tienen identificadas las regiones más afectadas?

C.R.: En especial, por supuesto, son las zonas en donde el programa se estuvo ejecutando. De manera particular, hay testimonios en el departamento del Caquetá que coinciden precisamente con el caso de Yaneth, y también conocemos de denuncias realizadas en el departamento del Guaviare.

Sin embargo, consideramos que hace falta también una mayor identificación y una mayor investigación sobre estos verdaderos impactos porque, dado que esta política se ejecutó en diferentes departamentos del país, es altamente probable que haya habido más casos en otros departamentos, pero que no hayan sido documentados.

En donde más se conocen casos y testimonios es en el Caquetá. Existe, por ejemplo, un informe de Dejusticia que se llama ‘El daño que nos hacen‘, que habla de los impactos del glifosato en este departamento y lo que es interesante es que allí varias personas mencionan que las mujeres perdían sus embarazos cuando estaban las aspersiones ejecutándose, lo que significa que es una situación un poco más generalizada que no ha sido suficientemente visible y que necesita investigarse dado que estos son impactos muy importantes no solamente para la vida y la salud de estas mujeres, sino también en la afectación de sus proyectos de vida y de sus familias.

Diario Criterio: Ya que usted habla de investigar, se puede pensar en el debate que se está planteando sobre el empalme del Ministerio de la Ciencia, de ver cómo algunos estudios o la forma en que a veces se maneja la ciencia termina invisibilizando realidades…

C.R.: Una de nuestras preocupaciones es, precisamente, la forma en que se pide un estándar científico dentro de los procesos judiciales. Hemos notado que la mayoría de personas afectadas en su salud con ocasión de este programa tuvieron dificultades para poder acceder a la justicia porque en los procesos de reparación se pedía, por una parte, una exactitud muy clara sobre las coordenadas en las cuales se habían realizado las aspersiones y, por otra parte, porque se pedía un estándar de prueba técnica en donde se establecía que el nexo causal entre la exposición al glifosato y los daños eran absolutamente claros. 

En muchos de estos casos es muy difícil obtener estas pruebas debido a que las personas no tienen conocimiento de cómo recolectar las muestras o las pruebas para poder hacerlas. Por otra parte, también porque, durante la época en la que se estaban adelantando estas aspersiones, no existía capacidad técnica en Colombia para realizar estudios de ese tipo y, en tercer lugar, porque la prueba sobre cuáles son las coordenadas en donde se realizaron las aspersiones depende directamente de la Policía Nacional: justamente de las entidades que serían las demandadas.

Lea más, en Diario Criterio: “La fumigación con glifosato ha transgredido la democracia colombiana”

Por lo tanto, en muchos casos, esa prueba o se negó o no se pudo obtener y, por supuesto, eso resultó en que se nieguen las solicitudes de las personas afectadas. Lo que nosotros hemos evidenciado es que debería haber algún cambio o algún mecanismo para facilitar que las personas que tuvieron estos impactos puedan acceder a la justicia porque, tal como se encuentran las condiciones en este momento, hacen muy difícil que estas personas obtengan reparación.

Precisamente por eso vemos que el caso de Yaneth podría ser un primer estándar en el cual se establezca la responsabilidad del Estado por lo que ocurrió con el glifosato y en donde quizás se puedan establecer algunas medidas que impliquen que otras personas que fueron afectadas también puedan acudir a estas instancias para poder obtener justicia.

La aspersión aérea en el país comenzó en 1992 con cultivos de amapola y en 1994 con cultivos de coca. Foto AFP
Para que una avioneta logre erradicar con glifosato una hectárea de coca es necesario que fumigue otras 33. | Foto: AFP.

Dejar de asperjar glifosato no es suficiente

Diario Criterio: El Gobierno saliente siempre manifestó su voluntad de retomar las aspersiones y el de Gustavo Petro dice que no lo va a hacer. ¿Ustedes cómo ven ese tipo de anuncios?

C.R.: Nosotros habíamos expresado nuestra profunda preocupación por la voluntad del gobierno Duque de retomar las aspersiones. Nosotros, junto con otras organizaciones, nos pronunciamos solicitando que no se retomen, no solamente porque esto estaba incumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional sobre los requisitos que se necesitaban para retomar esas aspersiones, sino también porque nosotros poníamos de presente los graves daños, entre otros, a la salud reproductiva que causan las aspersiones, aplicación del principio de precaución, que es un principio que dice que los Estados no deberían desarrollar actividades riesgosas y, ante el mínimo indicio de unos posibles daños o unos riesgos para la población civil, debería evitarse implementar ese tipo de medidas.

Nosotros consideramos que el Estado colombiano nunca debería retomar actividades como aspersión con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Por esa razón, celebramos el anuncio que hizo la ministra designada frente al tema de no retomar las aspersiones, pero consideramos que, por una parte, vamos a hacer, por supuesto, un seguimiento muy cercano al cumplimiento de esta declaración, que nos parece importante.

Pero también queremos resaltar que no asperjar a futuro no es suficiente. Se necesita también identificar cuáles fueron los daños que ya se causaron durante la implementación de esta política y cuáles son las necesidades de las personas que se vieron afectadas por esta política, y no solamente se limitan a daños en la salud y en el ambiente, sino a daños asociados a las aspersiones.

Hubo desplazamientos asociados al hecho de que las personas tenían miedo de sufrir daños en su salud o en su integridad y, por lo tanto, hubo desplazamiento forzado asociado a estas aspersiones y hubo, por supuesto, cambios importantes dentro de las familias, desintegración familiar con ocasión de este programa. Son daños e impactos que, hasta el momento, no han tenido una suficiente respuesta por parte del Estado y que deberían abordarse con medidas suficientes para poder reparar esos daños.

Puede interesarle: Paramilitares obligaban a niñas a participar en reinados y otros hallazgos macabros de violencia contra las escuelas

Diario Criterio: Respecto al informe de la Comisión de la Verdad sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado, muchos de los hechos que uno lee ahí son terribles. ¿Cómo evitar la revictimización cuando uno informa sobre estos temas?

C.R.: Lo primero es resaltar que, en nuestro caso, nosotros hicimos un énfasis particular en la violencia reproductiva, que son formas en las cuales las niñas y las mujeres, en especial, también personas LGBTI, sufrieron porque los actores armados, en este caso encontramos que todos los actos armados en el conflicto la aplicaron, desconocieron su autonomía reproductiva, es decir, la capacidad que tenemos todas las personas de decidir si deseamos o no ejercer la maternidad, en qué momento y bajo qué condiciones.

Esto significó que se presentaron modalidades como la anticoncepción forzada, la esterilización forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado. Todas estas modalidades lo que hacen es desconocer qué deseaba la persona frente a su propia reproducción y frente a si tener hijos o no y, por supuesto, tiene unas graves consecuencias tanto en la parte emocional como en la parte física.

Para nosotros es sumamente importante, por una parte, que se visibilicen las formas de violencia que usualmente son ignoradas. La violencia reproductiva no necesariamente es una forma o una modalidad que se haya visibilizado lo suficiente.

Los informes tienden únicamente a enfocarse en los casos de violación, pero no necesariamente dimensionan exactamente cuáles son las diferencias con este tipo de violaciones. Estas violaciones a los derechos humanos también involucran las dificultades en el proyecto de vida, en muchos casos maternidades forzadas que se tienen que enfrentar por el resto de la vida y casos en los cuales, por ejemplo, para las niñas y adolescentes puede tener graves consecuencias en su salud física, pero también en su deserción escolar y la imposibilidad de retomar el proyecto de vida que habían contemplado.

Por otra parte, un punto muy importante al cubrir las violencias basadas en género es cuidarse de no crear estigmas o prejuicios sobre las víctimas, en muchos casos en los cuales hay una tendencia a culpar a la víctima por lo ocurrido o, por ejemplo, decir que la víctima se puso en una situación de vulnerabilidad, lo cual tiende a quitar la responsabilidad sobre los verdaderos perpetradores, que son los actores armados en el conflicto.

Artículo relacionado: Deforestar una hectárea en Colombia es delito, no importa si es un campesino o un cabecilla”: ministro de Ambiente

También entender el tema de los consentimientos y la importancia del consentimiento en todos estos casos. Hay muchos casos en los cuales se culpa a niñas y adolescentes, por ejemplo, estereotipos como decir que ellas sedujeron a los actores armados o que ellas se pusieron en una situación en la que permitieron que los actores armados incurran en este tipo de violaciones, cuando en realidad, si son niñas o adolescentes, debe considerarse su capacidad evolutiva para dar un consentimiento frente a ya sea un acto sexual o frente a la decisión de si tener hijos o no en ese momento. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchos casos también puede ser usado para desestimar los testimonios o no darles la relevancia o la importancia que requieren.

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta la reserva de las identidades en muchos de estos casos, porque hay mujeres o niñas que pueden estar enfrentando amenazas dado que en muchos lugares del país las confrontaciones armadas o los actores armados todavía pueden encontrarse presentes y por eso preservar la reserva de identidad y protegerles para que no sean identificadas, también debe ser una consideración importante.

Diario Criterio: Pensando en lo que usted dice, se escuchan a menudo comentarios como “tal persona era la novia del comandante”, sin leer las circunstancias de que siendo menores de edad son obligadas a mantener relaciones…

C.R.: Sí, también lo hemos visto, con los casos intrafilas, en especial, anticoncepción forzada contra niñas y adolescentes y casos de abortos forzados, tanto como con niñas y adolescentes como también con adultas. Hay algunos casos en los que hay reacciones como decir: “Pero ellas se estaban yendo a la guerra y ellas sabían a qué se enfrentaban”, y, de ninguna manera, es aceptable una mención de ese tipo porque enrolarse en las filas, así haya sido voluntariamente, no es una razón que justifique una grave violación a los derechos humanos como ser sometida a un aborto forzado en condiciones insalubres o en condiciones en las cuales, además, se pone en riesgo la integridad de la persona.

Por lo tanto, en muchos casos hay que considerar que las mujeres o niñas fueron reclutadas forzadamente. Pero incluso, si no fueron reclutadas forzadamente, es necesario entender que la voluntad para unirse a las filas de ninguna manera justifica ni crea una exención de responsabilidad por hechos gravísimos de violaciones a derechos humanos, como la violencia reproductiva.

Puede interesarle: Las batallas perdidas de Iván Duque por reactivar la aspersión con glifosato

Diario Criterio: Ustedes también hablaban de afectaciones de forma indirecta. ¿Usted nos podría especificar cuáles son?

C.R.: Puede haber varias. Una de las que nosotros ubicamos es los obstáculos o dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en contextos de conflicto. Si bien en muchos casos esos embarazos indeseados pudieron ser resultado de la violencia sexual perpetrada por actores armados, en muchos casos las dificultades geográficas o la presencia de actores armados que impedían el acceso a sistemas por parte de las víctimas, pudieron tener una importancia en la imposibilidad de muchas ellas de acceder a un aborto legal a pesar de encontrarse dentro de las causales autorizadas en ese momento desde 2006 por la Corte Constitucional.

También en muchos casos encontramos formas de violencia institucionales, porque una vez las mujeres fueron víctimas en el conflicto, se acercan a centros de salud para acceder a este procedimiento, pero se les niega, se les niega la información o se les dice que no se trata de un derecho y esto hace que ellas tengan que enfrentar eventualmente una maternidad forzada.

Por lo tanto, este tipo de violencia, si bien no se refiere a acciones absolutamente directas en todos los casos por parte de los actores armados, sí corresponde a formas en las cuales los agentes estatales, quienes tendrían que prestar la atención en salud, negaron esa atención y, como resultado, terminaron violentando la autonomía reproductiva de las mujeres que necesitaban acceder a procedimientos anticonceptivos u otros servicios de salud reproductiva que les hubiesen permitido prevenir embarazos no deseados.

Diario Criterio: El tema de los actores estatales es complejo porque muchas veces, cuando se habla de violencias del conflicto, se piensa que esos actores que no son armados tampoco tienen responsabilidad. Para que asuman cierta responsabilidad, o al menos que corrijan el camino, ¿qué recomendaciones hacen ustedes?

C.R.: Para nosotros, es absolutamente importante la mejora en el acceso a la provisión de servicios de salud reproductiva en las zonas rurales y particularmente en las zonas afectadas por el conflicto armado. Esa fue una de las sugerencias que nosotros enviamos a la Comisión de la Verdad dentro de nuestros informes, porque nos parece que una importante garantía de no repetición es, precisamente, la posibilidad de que las personas en las zonas rurales tengan acceso a todos los servicios que necesiten para tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su reproducción.

Lea también: Bancada de gobierno vuelve a hundir prohibición del glifosato

Por lo tanto, la autonomía reproductiva puede seguir siendo una promesa sin cumplir si no existe una provisión adecuada de métodos anticonceptivos, de información, de educación sexual integral, de prevención de las violencias, que permitan que las mujeres, niñas y en general todas las personas en las zonas rurales realmente puedan tomar estas decisiones de manera adecuada.

Por otra parte, también nos parece muy importante que se reconozca la ocurrencia de las violencias que estuvieron en el conflicto y que quizás siguen presentes en muchas zonas del país para que se tomen medidas adecuadas para reparar estos daños.

Entonces, hay que pensar, por ejemplo, en una mujer que fue víctima de un aborto forzado: puede necesitar una serie de servicios de salud reproductiva que no necesariamente se contemplan en las reparaciones. Por ejemplo, si necesita tratamientos reparadores de su sistema reproductivo, porque fueron violentados durante el procedimiento realizado forzosamente, o casos en los cuales puede necesitar tratamientos de fertilidad porque desea ejercer una maternidad, pero tuvo unas consecuencias físicas como resultado de la agresión con una modalidad de violencia reproductiva.

Nos parecen muy importantes esos dos aspectos. Primero, mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las personas en zonas rurales, en especial afectadas por el conflicto, y, por otra parte, considerar el acceso a salud reproductiva de las personas que sufrieron estas formas de violencia para que puedan retomar su proyecto de vida.

Diario Criterio: Si hay poco acceso a anticonceptivos, hay mucho menos acceso para atender los daños psicológicos que dejan esas violencias. Eso hace parte de la atención integral que ustedes sugieren, ¿verdad?

C.R.: Sin duda, ese es un tema absolutamente importante y creemos que también es un tema que usualmente ha estado ausente en la atención de este tipo de violencias. Esto no solamente aplica para los casos de violencias reproductivas, sino de forma amplia para los casos de violencia basadas en género en el conflicto.

De manera general se ha visto que existe poco acceso a la atención en salud mental para las víctimas, lo que, por supuesto, tiene unas graves consecuencias en su futuro para poder retomar su proyecto de vida, para poder lograr una rehabilitación en ese sentido y de ahí en adelante para poder seguir con su vida como tal.

Creemos que también, en el caso de las violencias reproductivas, es importante tener en cuenta las afectaciones particulares que esta violencia puede tener. Como se trata de una violencia relacionada con la capacidad de las personas de tomar decisiones sobre su vida reproductiva y sobre su proyecto de vida, en ocasiones una violencia de este tipo puede marcar un impacto muy grande, por ejemplo, en los casos en los cuales se trataba de un embarazo deseado y las mujeres fueron sometidas a un aborto forzado. Esa pérdida, sin duda, va a tener unos impactos emocionales y mentales importantes y puede marcar, de ahí en adelante, el transcurso del proyecto de vida de esas personas.

Por lo tanto, consideramos que también es adecuado que se tengan en cuenta las verdaderas dimensiones de los impactos de estas violencias y, en correspondencia, se acceda a servicios de salud sexual y reproductiva, pero también a los de salud mental que sean adecuados para sus necesidades.

Siga con: En la tierra que paramilitares, guerrillas y agentes del Estado despojaron, Bogotá se podría fundar 50 veces

2 Comentarios

Deja un comentario

Diario Criterio