Bancada de gobierno vuelve a hundir prohibición del glifosato

El proyecto que buscaba, por segunda vez en el año, dar una estocada final a la aspersión aérea con glifosato no pasó ni siquiera su primer debate. Incluso, los encargados de discutir sobre el tema no alcanzaron a revisar el articulado, pues los senadores Alejandro Corrales y José David Name propusieron archivar la iniciativa, lo cual fue respaldado por las mayorías.

Los 12 votos que sepultaron el proyecto, en la Comisión Quinta del Senado, fueron los de Miguel Ángel Barreto, Daira Galvis, Nora García Burgos, José Obdulio Gaviria, Didier Lobo, Maritza Martínez, Carlos Felipe Mejía, José David Name y Alejandro Corrales. A favor de la propuesta solo hubo cuatro votos: los de Sandra Ortiz, Jorge Robledo, Guillermo García y Jorge Eduardo Londoño, este último autor del proyecto.

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Las reacciones llegaron rápidamente, sobre todo por parte de los compañeros del senador Londoño. En su cuenta de Twitter, la senadora Angélica Lozano dijo que con la decisión el gobierno seguirá “insistiendo en una fracasada guerra contra las drogas, mientras las comunidades y el ambiente permanecen en riesgo”.

Por su parte, Antonio Sanguino señaló: “Los campesinos, el eslabón más débil de la cadena, son los que más sufren las graves afectaciones del glifosato. Insistiremos en su prohibición las veces que sean necesarias”. A ellos se unieron algunas organizaciones como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Según el senador Alejandro Corrales, uno de los promotores del archivo, la decisión se tomó porque la fumigación con glifosato está respaldada por las cifras en el aumento de cultivos de coca. “El enemigo no es el glifosato, es el narcotráfico”, dijo Corrales, integrante del Centro Democrático.

Este debate agrupa una buena cantidad de argumentos de parte y parte. Por ejemplo, mientras que quienes apoyan el glifosato aseguran que esta práctica combate a los grupos armados, quienes lo critican dicen que la aspersión aérea sólo afecta al eslabón más vulnerable de la cadena: los cultivadores que apenas se quedan con un 9 por ciento de las rentas.

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Asimismo, existen argumentos que critican la falta de información para verificar que solo se fumigue coca, el alto costo del proceso, la escalada de violencia en los territorios intervenidos y los daños al medioambiente y la salud. Sobre este último punto, el senador Londoño recordó que Colombia ha tenido demandas que ascienden a los 2,15 billones de pesos.

Cabe resaltar que la Cámara del Congreso estadounidense aprobó una propuesta de la parlamentaria Alexandria Ocasio-Cortez, la cual prohíbe enviar a Colombia dineros para la fumigación. Por ahora, esa iniciativa está a la espera de la aprobación del Senado.

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