La ‘jugadita’ de Daniel Ortega para inhabilitar a la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua

A pesar de que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en las elecciones en Nicaragua el próximo 7 de noviembre, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo. Lo que le pasó esta semana a Cristiana Chamorro, su principal rival y opositora, parece confirmar que Ortega se quiere perpetuar en el poder.

Chamorro quedó este miércoles bajo arresto domiciliario, tras una acusación de lavado de dinero formulada por el Gobierno. El  procedimiento fue denunciado por la propia candidata y recibió la condena internacional.

Carlos Fernando Chamorro, hermano de la candidata, escribió en Twitter que “después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana, los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía“. Los agentes entraron con violencia a la residencia, donde Chamorro se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la fiscalía.

A Chamorro se la acusa por delitos de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense“. Bajo esta premisa, un tribunal de Managua emitió una orden de allanamiento y detención en su contra.

La precandidata manifestó públicamente su intención de representar a la oposición para los comicios de noviembre. Las encuestas la colocan como la principal rival de Ortega. En 1990, Violeta Barrios de Chamorro, madre de Cristiana, derrotó a Ortega en las urnas cuando este buscaba su reelección después de su primer gobierno.

La jugadita

El Gobierno de Ortega la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión.

La opositora ha rechazado esas acusaciones, las que considera una “farsa” que solo busca evitar su participación en las elecciones, ya que la ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto.

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La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, manifestó, sin referirse al proceso contra Chamorro, que “la opción preferencial de este gobierno es salir de la pobreza” y que “las y los adinerados” no pueden volver a dirigir el país. 

La fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación, y fue atendida en tiempo récord.

Atentado a la democracia

La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la “inhabilitación política” de Chamorro, calificada como “un atentado a la democracia“, y advirtió que Nicaragua se encamina a las “peores elecciones posibles“. “Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral“, sentencia el comunicado.

El eurodiputado español José Ramón Bauza calificó de atentado “gravísimo a la democracia” lo actuado contra Chamorro e instó a Josep Borrell, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a que el bloque aplique sanciones inmediatas contra el Gobierno de Ortega.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Bliken, denunció que “prohibir arbitrariamente a la lideresa de la oposición Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real“.

Una cacería

El bloque opositor, denominado Coalición Nacional (CN), acusó en un comunicado a Ortega de “desatar una cacería” contra los precandidatos porque “teme ir a un proceso libre, transparente y observado“.

Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados nombrados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dejó fuera de la carrera al Partido de Restauración Democrática y al Partido Conservador, el más antiguo del país.

Es posible que después de Cristiana sigan otras inhibiciones a más precandidatos, ya que Ortega quiere sacar del juego a los opositores que le signifiquen mayor reto a su plan de perpetuarse en el poder“, dijo el martes el aspirante presidencial opositor, Félix Maradiaga.

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El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados se hará entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Se da por descontada la candidatura de Ortega.

El gobernante de 75 años enfrenta desde 2018 una crisis política detonada por protestas masivas contra su Gobierno y que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

*Con información de AFP

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