¿Golpe de Estado encubierto? Cómo el presidente de El Salvador se apoderó de la Corte Suprema

Tras la posesión el sábado pasado del nuevo Congreso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele no tardó un segundo en aprovecharse de la ocasión. El mandatario logró que sus aliados en el Congreso destituyeran a los jueces enfrentados con él. Y no solo eso, también se deshizo del fiscal general, Raúl Melara. Sus atribuciones, por supuesto, han sido fuertemente señaladas por la comunidad internacional.

Con la excusa de haber realizado sentencias “arbitrarias”, la mayoría parlamentaria que ahora ostenta Bukele retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a sus suplentes. A los pocos minutos fueron nombrados sus reemplazantes.

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Luego, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general. De acuerdo con el diputado Numan Salgado, que sustentó el pedido, el fiscal general debía ser retirado por haber quedado “en entredicho su independencia e imparcialidad” necesarias para ejercer el cargo por haber sido anteriormente vinculado con el partido Arena, opositor de Bukele.

Graves antecedentes

No es la primera vez que el Gobierno salvadoreño levanta el interés internacional durante la presidencia de Bukele. En febrero del año pasado, el presidente desafió al entonces Parlamento opositor cuando, escoltado por el ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

A pesar de sus políticas intimidantes y al borde del autoritarismo, Bukele ha logrado capitalizar el descontento con la clase política y cuenta con el apoyo popular y el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por eso sus aliados ganaron en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, dejando relegadas a las tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del FMLN.

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La situación, según los observadores, se está saliendo de las manos. Según la Universidad Centroamericana (UCA), “la actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo”. La UCA agrega en un comunicado que la destitución “muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele”. 

El poder de Bukele

A pesar del revuelo levantado, Bukele, que sabe tocar las teclas adecuadas en sus apariciones públicas, no dudó en denominar a las destituciones masivas como una: “limpieza de casa”.

La preocupación es evidente. 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales, señalaron en un comunicado que “Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”.

Y agregaron: “Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”.

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Una de las situaciones que crispó los ánimos entre los miembros destituidos de la Sala de Magistrados y Bukele fueron las medidas durante la pandemia. Se opusieron principalmente a los regímenes de excepción propuestos por el mandatario, considerando que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

Bukele, por su parte, los acusó de no permitirle cuidar de la vida de sus compatriotas. Y cuando lo acusan de autoritario, el presidente ironiza: “¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco (las de los magistrados), pero no soy un dictador”, sentenció en agosto de 2020.

El mandatario tampoco ha escondido su alegría por ostentar un poder legislativo casi absoluto. El mismo día de la destitución, la policía escoltó a los magistrados reemplazantes para que asumieran sus cargos de inmediato. Y mientras Bukele celebraba, las calle de El Salvador ardían en indignación.

Preocupación internacional

El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”, tras la destitución de los magistrados.

La mano derecha del presidente Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter que “un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”.

Horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, extendió la preocupación por la destitución del fiscal general. Según detalló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el exfiscal Melara “lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.

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Blinken destacó el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, incluso “reforzando las instituciones democráticas y la separación de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil vibrante”.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”. Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.

“El presidente Bukele y sus aliados están usando su nueva mayoría en la Asamblea para destituir adversarios políticos. Este es un claro ataque a las instituciones democráticas del país y una preocupante concentración de poder”, comentó por su parte el presidente de la ONG Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), Geoff Thale.

Con información de AFP

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