El sistema público de salud, sin EPS, de Gustavo Petro

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El congresista Gustavo Petro es el único candidato a la Presidencia de la República que plantea eliminar la intermediación de las EPS entre el Estado y los prestadores.

En esta línea, Gustavo Petro promete un sistema único de salud pública para la gestión, coordinación de las redes estatales y privadas, y la articulación con el fondo único de administración de los recursos en salud (función desempeñada actualmente por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres).

El sistema estaría en manos de un Consejo Nacional de Salud y consejos territoriales, incluyendo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo cual implicaría la desaparición de las Secretarías de Salud.

Durante un gobierno de Petro, los privados (Empresas Prestadoras de Servicios, EPS) y las Empresas Sociales del Estado (ESE) pasarían a prestar los servicios de mediana y alta complejidad, mientras que los de baja complejidad estarían exclusivamente en manos de la red pública (ESE municipales).

Fin de la intermediación

El cambio más importante que Petro ha planteado es eliminar, de forma paulatina, la intermediación administrativa y financiera, liquidando las EPS contributivas y subsidiadas. De esta forma, los impuestos y aportes parafiscales que financian el sistema serían girados directamente por el Estado a los prestadores privados y públicos (cambio también planteado por Federico Gutiérrez para el sector rural), sin pasar antes por las promotoras.

La formalización laboral sería el eje del financiamiento del sistema, con una meta de, al menos, 80 por ciento del gasto público en salud.

Según el plan de gobierno de Petro, los recursos del sector también provendrían del control de la evasión y la elusión (aunque no lo especifica, probablemente se refiera a los miles de millones de pesos que se desvían para el pago de servicios a ‘pacientes’ fallecidos y colados en el régimen subsidiado).

Al igual que Federico Gutiérrez y John Milton Rodríguez, el candidato por el Pacto Histórico fortalecería el control de los precios de los medicamentos iniciado en el Ministerio de Alejandro Gaviria, además de financiar la investigación y la creación o consolidación de la industria farmacéutica nacional.

¿Volver al nefasto Seguro Social?

Algunos analistas y miembros del gremio de la salud han planteado que este proyecto de reforma al sistema conlleva el riesgo de volver a la época del Instituto de Seguro Social (ISS), que prestaba los servicios de salud a los trabajadores, mientras que el resto de la población accedía a estos de forma particular o, en el caso de las personas de bajos recursos económicos, por medio de hospitales públicos o beneficencia.

Al respecto, la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra, miembro de la comisión de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y autora de la propuesta que ha sido retomada por el candidato del Pacto Histórico, le dijo a DIARIO CRITERIO que el sistema previo a la Ley 100 de 1993 “no se puede comparar, ya que el aseguramiento universal seguiría a cargo del Estado, con los recursos públicos fiscales y parafiscales, como sucede en la actualidad”.

La especialista agregó que “hay que aclarar que las EPS no son aseguradoras, sino intermediarias. La diferencia es que, con la Ley 100, se cobra un porcentaje del salario a los trabajadores para que las EPS manejen los recursos. Eso no se ve en ningún otro país del mundo”.

Sobre el tiempo que llevaría la implementación del nuevo sistema, la también máster en ciencias políticas afirma que “se puede hacer en dos años. Se mantienen tres elementos: el personal —mejor contratado y pago—, la cobertura del Estado y los prestadores o IPS.

Aunque, a decir verdad, ponerles fin a las EPS no es un camino fácil, empezando porque se deberá tramitar una reforma en el Congreso. Algunas de las más grandes son de propiedad de las cajas de compensación y otras son importantes actores en la generación de empleo y ayudan en la operación del sistema. De hecho, las encuestas muestran que más del 80 por ciento de las personas están satisfechas con la EPS que tienen, mas no con el sistema.

En cuanto a la temida sostenibilidad del sector privado, la doctora Corcho le dijo a DIARIO CRITERIO que reformar el sistema “no implica empezar desde cero. De hecho, al sector privado le iría mejor, porque las IPS están en quiebra gracias a las deudas de las EPS que, además, pagan con tarifas propias que este proyecto busca unificar. Las EPS, además, están al tope con la población que les llega de las que el Estado ha liquidado, entonces recortan gastos. Si (las EPS) son eliminadas, el Estado pagaría directamente a los prestadores”.

Talento humano rural

Otro de los grandes problemas del sistema de salud actual en el país es el campo, ya que las personas en las regiones están carnetizadas, pero ello no implica que tengan acceso efectivo a los servicios de salud.

Por esto, el Pacto Histórico espera formar al personal de salud “para alcanzar indicadores de cobertura de nivel internacional, tanto en promedios como en distribución equitativa por todo el territorio”, reza el plan de gobierno de la colectividad.

Sin embargo, al igual que otros candidatos, no plantea cómo estimular dicha redistribución que se debe a las serias dificultades y falencias estructurales y de seguridad que azotan las zonas rurales, y cuyas consecuencias recaen tanto en los usuarios como el personal de salud.

Regreso de los Camad

Para la atención de los usuarios de sustancias psicoactivas, Gustavo Petro dispondría de centros móviles de atención a drogadicción que, durante su administración en la capital del país, funcionaron como Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad). Estos contaban con diferentes profesionales y especialistas de la salud que, entre otras medidas de atención, hacían exámenes y suministraban drogas controladas a los usuarios bajo prescripción y supervisión estrictas, con el apoyo de la Policía Nacional.

Territorios saludables y atención a la drogadicción

El candidato por el Pacto Histórico plantea replicar el modelo que implementó durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, haciendo llegar los servicios de salud, tanto en prevención como terapéuticos y de rehabilitación, a las zonas rurales.

El Ministerio de Salud del cuatrienio anterior lanzó, en 2016, el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) para garantizar la prestación de los servicios de salud en zonas rurales, priorizando la prevención, la salud familiar y comunitaria y la gestión integral del riesgo.

En ese sentido, la misma cartera en la actualidad radicó en 2021 el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) con el fin de, según su sitio de internet, “cerrar las brechas urbano-rurales en términos de cobertura, acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud, con enfoque territorial, étnico y de género”. A estas normativas se suman la Resolución 2626 de 2019, que adoptó el Modelo de Acción Integral Territorial (Maite); y el Sistema General de Participación (Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007).

En las zonas rurales, estas políticas deben integrarse con el Plan Nacional de Salud Rural, uno de los compromisos pactados en el acuerdo de paz con las Farc, debido a la ausencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto armado, lo cual ha llevado, según el Instituto Nacional de Salud (INS), a que haya brechas marcadas en los indicadores del campo al compararlos con las áreas urbanas en un país donde el 30 por ciento de su población es rural.

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