Petro califica acciones de Castillo como antidemocráticas, pero rechaza su destitución

El primer mandatario de los colombianos, al igual que los otros gobiernos de Latinoamérica, llamó a mantener las instituciones democráticas, como el Congreso, pero pidió a la Corte Interamericana de DD. HH. “expedir medidas cautelares” a favor de Pedro Castillo.

Tras el arresto y la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, este 7 de diciembre, después de que anunciase la disolución del Congreso que se disponía a llevar a cabo un juicio político en su contra, el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, instó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a “expedir medidas cautelares” a favor del expresidente.

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Asimismo, Petro calificó los hechos de antidemocráticos: “Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento“, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el presidente colombiano también llamó “error” y “antidemocracia” al intento de Castillo de disolver el Congreso que, igualmente, lo destituyó con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, poco después de dar un anuncio televisivo en el cual invocaba la creación de una nueva Constitución:

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado: “Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular, expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso“.

México ofrece asilo

Otros gobiernos latinoamericanos, así como el estadounidense, hicieron un llamado a “respetar el marco institucional“, además de impulsar el diálogo entre los distintos actores políticos.

Sin embargo, desde Estados Unidos, Washington rechazó cualquier intento de “socavar la democracia“, por lo cual se refirió a Castillo como expresidente de Perú. Adicionalmente, aprobó las medidas tomadas por el Congreso de Perú al llamarlas “correctivas, según las reglas democráticas“.

“Tengo entendido que, dada la acción del Congreso, ahora es el expresidente Castillo“, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “Rechazaremos categóricamente cualquier acto que contravenga cualquier Constitución, cualquier acto que socave la democracia en ese país“, agregó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió respeto por la democracia y los derechos humanos, al tiempo que denunció que el exmandatario peruano es “víctima de una tentativa golpista“, además de señalar a las “élites económicas y políticas” peruanas de forzarlo a “tomar decisiones” que derivaron en su destitución.

Por su parte, Marcelo Ebrard, canciller del mismo país, publicó en su cuenta de Twitter que “México lamenta los últimos acontecimientos en Perú, y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos, en bien de ese entrañable pueblo hermano“.

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Ayer, poco después de que se conocieran imágenes del arresto de Castillo por la Policía Nacional del Perú, Ebrard manifestó que, “si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos, pero no lo ha solicitado”.

En entrevista con el programa radial Atando Cabos, el canciller mexicano también mostró su “preocupación” por la situación política de Perú y agregó que López Obrador le pidió mantenerlo informado “en todo momento“.

”Consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que les han servido a sus adversarios para consumar su destitución”, expresó en Twitter.

El primer mandatario mexicano también calificó de “sui géneris” el concepto de “incapacidad moral” que fue usado este miércoles por los diputados peruanos para destituir a Castillo, que fue trasladado a la sede de la prefectura de la Policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

López Obrador pidió que “ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.

En otras ocasiones, el presidente de México ha expresado su solidaridad con Castillo al denunciar que había “racismo” detrás del intento de la “élite” y los “conservadores” de destituirlo.

Por su parte, los gobiernos de Brasil, en cabeza del presidente electo, Luiz Inácio Lula Da Silva; al igual que el chileno, liderado por Gabriel Boric; y el de Argentina, por Alberto Fernández, emitieron comunicados en los cuales rechazaron la intención de Castillo de disolver el Congreso y llamaron al respeto, tanto de las instituciones democráticas, como de los Derechos Humanos.

Por otro lado, la Cancillería de Ecuador expresó “su profunda preocupación por la situación política en el hermano país del Perú. Hacemos un llamado a todos los actores políticos para mantener el Estado de Derecho y la Democracia y a la comunidad internacional para facilitar el proceso democrático del Perú“.

Una nueva Constitución

En la tarde del miércoles 7 de diciembre, con manos temblorosas, el exmandatario peruano se dirigió al país tras tomar la decisión de “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha, y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley“.

Castillo agregó que, “en respuesta al clamor de los ciudadanos de todo el país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de emergencia destinado a restaurar el Estado de Derecho y la democracia“.

El entonces mandatario anunció, además, que impondría un toque de queda desde las 10 p. m. hora local, hasta las 4 a. m., el cual quedó sin efecto, según anunció la Presidencia tras su destitución.

La decisión de disolver la Asamblea peruana fue condenada por diversas fuerzas políticas, incluido el partido que lo llevó al poder, Perú Libre, y causó una serie de renuncias en el gabinete.

El hoy expresidente peruano fue previamente objeto de dos procesos fallidos de juicio político e hizo más de 50 cambios en su gabinete.

Seis presidentes desde 2016

Gina Boluarte es la sexta jefe de Gobierno que Perú ha tenido desde 2016.

Castillo había sido electo para cumplir el mandato entre 2021 y 2026 y enfrenta investigaciones por presuntos delitos relacionados con la “organización criminal“, pero ha argumentado que dichas acusaciones son promovidas por “grupos con intereses económicos” que buscan deshacerse de él.

En 2018, Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una moción de juicio político, pero renunció antes de la votación.

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