¿El presidente Gustavo Petro tiene culpa por la inflación que padece Colombia?

Diario Criterio encontró un estudio del Banco de la República que anticipó los efectos entre los precios de los combustibles y la inflación.

Desde que el presidente Gustavo Petro se posesionó en el cargo, en redes sociales y desde la oposición lo culpan de todo lo malo que ocurre en el país, sin más razones que el simple rechazo tras su llegada al poder.

La mala leche contra Petro ha sido tan recalcitrante que, incluso, llegaron a culparlo de la disparada del dólar, entre otros asuntos, sin consideraciones por las cifras heredadas del gobierno saliente.

Sin embargo, desde que la inflación empezó a galopar al cerrar 2022, con el 13.51 por ciento (la más alta del siglo), golpeando fuertemente el bolsillo de los colombianos, en especial los de menores ingresos y clase media, el asunto se convirtió en uno de los principales problemas para el nuevo gobierno.

Y como era de esperarse, muchos de los reflectores apuntaron hacia el presidente Petro y su política económica, como responsables del que es considerado el impuesto más agresivo para los hogares: la inflación.

Aunque desde el Gobierno siempre se defendieron argumentando razones externas como la inminencia de una recesión mundial ocasionada, entre otras, por la guerra en Ucrania, el precio del petróleo o la cotización del dólar, no todo el problema es tan foráneo.

En el asunto existirían algunas zonas grises petristas y otras heredadas del gobierno Duque, que tienen a los colombianos padeciendo uno de los efectos inflacionarios más agresivos y que en algunos aspectos concretos, fueron anticipados por expertos en política económica.

Y todo parece indicar que algunas de las recientes decisiones tomadas por el presidente Gustavo Petro sí estarían relacionadas con la fuerte inflación que padecen los colombianos. ¿Por qué?

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Combustibles vs inflación

El dilema en torno al verdadero impacto de los precios de los combustibles en la inflación fue resuelto hace más de una década en Colombia.

El estudio aparece en uno de los documentos elaborados por expertos del Banco de la República y precisamente se titula Precios de los combustibles e inflación.

Se trata de un documento elaborado por Hernán Rincón, economista de la Universidad Nacional, con maestría en Economía y doctorado de la Universidad de Illinois, de Estados Unidos. Especializado en economía internacional, economía monetaria y macroeconómica; economía pública y métodos cuantitativos y matemáticos.

El señor Rincón fue investigador principal de la Unidad de Investigaciones de la Gerencia Técnica del Banco de la República y en ese cargo desarrolló el estudio que publicó en la serie “Borradores de Economía”, en 2009.

Todos esos pergaminos le sirvieron al analista para concluir algo que quizás muchos ya sabían o intuían, pero no se atrevían a enfrentar: aumentar el precio de los combustibles tiene efectos directos en la inflación.

“(…) se estima que un choque del 10 % a los precios de los combustibles implique una inflación del IPC del 0,85 %”, aseguró el analista, en el informe del Banco de la República.

La conclusión anterior no es de poca monta, si recordamos que en menos de cuatro meses el presidente Gustavo Petro autorizó incrementar en mil pesos el precio de la gasolina y aún faltan nuevas alzas.

Eso equivaldría a un aumento por encima del diez por ciento, que es el referente del estudio elaborado por el investigador del Banco de la República.

Lo que es peor, algunos analistas advierten que este año el precio de la gasolina aumentaría 2.500 pesos, lo que significaría un alza real por encima del 25 por ciento.

Si aplicamos la tabla del estudio del Banco de la República, eso quiere decir que el precio de los combustibles impactarían 2.1 por ciento la inflación. O sea que la decisión de desmontar el subsidio a los combustibles sí tiene un efecto inflacionario.

¿Peajes sí, gasolina no?

Otro dato que llama la atención en torno al manejo que le viene dando el presidente Gustavo Petro al problema inflacionario es su tratamiento diferencial frente a algunos sectores.

Por ejemplo, desde el Gobierno sí le atribuyen un efecto inflacionario al incremento del precio de los peajes, pero no sucede lo mismo con la gasolina, pese a que existe evidencia técnica que demostraría lo contrario, tal como lo advierte el documento del Banco de la República.

Uno de los principales argumentos del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para justificar el Decreto que congelará el precio de los peajes ha sido justamente no impactar el efecto inflacionario en el sector transporte de carga.

Llama la atención que no se tenga en cuenta ese mismo argumento para frenar el alza del precio de los combustibles, cuyo efecto es evidente en sectores como el transporte de carga, pasajeros y, en especial, los alimentos.

Aunque el propio presidente Petro ha explicado que, en las alzas de combustibles no aplica para el diesel que usan los camiones de carga, en realidad desconoce otros sectores que sí impactan.

“Con el congelamiento del precio del Diesel y el de los peajes prácticamente no habrá incrementos de costos de transporte de carga y alimentos este año. Esta es una medida antinflacionaria estructural”, aseguró el mandatario de los colombianos, en un trino reciente.

Como se recordará, en el país el precio de los combustibles depende de tres factores: precio internacional del petróleo, la tasa de cambio y la política interna de precios.

Por cuenta de esos factores el famoso Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) arrastra un déficit cercano a los 30 billones de pesos que heredó del gobierno del presidente Iván Duque.

Lo cuestionable de todo el asunto, es que el presidente Gustavo Petro decida desmontar el subsidio a los combustibles en medio de semejante escenario internacional, la amenaza de una recesión mundial y una inflación rampante.

Por eso resulta inquietante que, en el caso colombiano, un gobierno de izquierda haya preferido detener el costo fiscal que significa subsidiar los combustibles, por encima de la inflación que ataca a las familias de menores ingresos, clase media o el sector emprendedor.

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