Cuando Gustavo Petro propuso una ‘JEP’ para narcotraficantes… en plena campaña

Los intentos de Gustavo Petro por contener las polémicas por la visita de su hermano a La Picota se han encontrado con un gran obstáculo: las declaraciones pasadas del propio Petro.

El pasado 12 de febrero, durante una gira de campaña en el departamento del Magdalena, Gustavo Petro explicó una propuesta para desmantelar el narcotráfico bajo dos condiciones: “Una, quitarle el poder real al narcotráfico, que es su control sobre la población. El Estado puede hacerlo (…) quitarle eso con instrumentos públicos, que aísle a la población de las mafias”.

Como segunda condición, un proceso jurídico de sometimiento colectivo a la Justicia, que implica beneficios jurídicos a cambio de no repetición de la actividad narcotraficante. Eso podría usted llamarlo una ‘JEP’ para el narcotráfico. Deberíamos iniciar una discusión pública al respecto”, dijo Petro.

La propuesta –de la que él ya había hablado antes– cobra mucha relevancia en este momento por el escándalo de la visita de su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota. Como ya se sabe, Juan Fernando se reunió con al menos diez presos del pabellón ERE Sur (donde están los funcionarios corruptos y parapolíticos), entre los que estaban Iván Moreno Rojas (condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno) y Álvaro García Romero (condenado por la masacre de Macayepo).

Según Noticias Caracol, un interno aseguró que el hermano del candidato presidencial “les estaba ofreciendo una reforma a la justicia de una rebaja del 20 por ciento”, y otro dijo que sí les prometieron tramitar una reforma a cambio de votos.

Por su parte, Noticias UNO reveló, el jueves pasado, una versión un poco diferente: que antes de la visita de Juan Fernando a La Picota empezó a circular entre los reclusos una propuesta de perdón que fue atribuida a Gustavo Petro, pese a que no tenía logos ni firmas. Y que el narcotraficante Marcos Figueroa y el exgobernador condenado por homicidio Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaban ayudando a difundir la propuesta.

Así mismo, un vocero de uniformados presos le contó a Noticias UNO que Pedro Niño, abogado de Kiko Gómez, fue quien les entregó inicialmente el documento y les pidió hacerlo circular entre miembros de la fuerza pública encarcelados. Niño negó el señalamiento, pero no descartó que hubiera habido una trampa contra el candidato presidencial.

De esta forma, entre el petrismo empezó a calar la teoría de que todo ha sido un plan para untar la campaña del Pacto Histórico, que ha estado en modo “control de daños” después de que se conocieron detalles de la visita. Por ejemplo, Alfonso Prada, jefe de debate del candidato, calificó la visita como “inoportuna”, la desligó de la campaña y dijo que hubo “ingenuidad” por parte de Juan Fernando.

Por su parte, Roy Barreras, senador electo del Pacto Histórico, aseguró que todo ha sido un intento de “entrampamiento”, pero reconoció que visitar a los presos fue una “estupidez”: “Durante un año estuvieron merodeando en la campaña, hasta que el más ingenuo mordió el anzuelo, cayó en la trampa e hizo el daño que hizo, porque fue sin duda una estupidez“, dijo Barreras a Caracol Radio, este lunes en la mañana.

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Gustavo Petro se pronunció al respecto el jueves pasado –tres días después de que él mismo hablara de “perdón social“– para desvincularse de cualquier propuesta de rebaja de penas. “En mi programa de gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en rebaja de penas para nadie“, dijo en un video publicado en Twitter.

Hemos defendido al máximo la autonomía de la rama judicial y su empoderamiento. No está planteada ninguna amnistía o indulto, como ahora nos enrostran. Rechazo la torpe idea de vincular la búsqueda de la reconciliación social a una rebaja de penas para corruptos”, añadió, y negó que su hermano hiciera parte de la campaña.

Sin embargo, como lo demuestra la propuesta que lanzó el pasado 12 de febrero, varias declaraciones pasadas del propio Gustavo Petro le están jugando en contra en este momento.

El enredo de Gustavo Petro con el perdón social

Esta polémica empezó el pasado 11 de abril, y no tanto por la visita de Juan Fernando Petro a La Picota, sino por la respuesta que dio el candidato ese día cuando La W Radio le preguntó sobre el tema: “(Juan Fernando estaba) hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino por la investigación del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico. Es corrupto, o fue corrupto“.

“Él (Iván Moreno) está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo, pero lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles“, dijo Gustavo Petro, sin entrar en más detalles, lo que daba a entender que su hermano estuvo en La Picota con su venia.

El escándalo escaló entre la noche del martes 12 y el miércoles 13 de abril. Petro, inicialmente, solo se dedicó a defender el concepto de “perdón social”, sin dar más explicaciones sobre la visita, y dijo que este provenía del filósofo Jacques Derrida. Incluso, se refirió a un texto suyo, publicado en 2007 por la Universidad del Rosario, en el que también hablaba de “perdón social”, aunque en términos distintos a los de esta polémica.

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Ya en la tarde del miércoles 13 de abril Petro empezó a exponer detalles que no le había contado a La W Radio dos días antes: que él no envió a su hermano a hablar con los presos en La Picota, que a él nunca se le pasó por la cabeza hacer eso y que fue Iván Moreno, como representante de derechos humanos de los presos del ERE Sur, quien pidió la reunión con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Juan Fernando Petro, por su parte, le dijo a Semana ese mismo miércoles que el candidato no le ordenó ir a La Picota, sino que se trató, en efecto, de una invitación que le hicieron a la Comisión, organización con la que él trabaja desde hace varios años. “(Los presos) extendieron una invitación para que fuéramos, pero no fui por orden de Gustavo Petro: quiero volver a dejarlo claro, porque sé que eso ha generado cualquier cantidad de falsas interpretaciones (…) Ellos querían que nosotros recibiéramos un documento“.

Juan Fernando también negó que hubieran hablado de rebajas de penas: “En ningún momento, y esto lo dejo en tono imperativo, se habló, ni de parte de ellos ni de nosotros, de votos o de dineros o cosas que tuvieran que ver con la campaña, porque nuestra entrada no estaba vinculada con la campaña de Gustavo Petro”, le dijo a Noticias Caracol.

Y solo hasta el jueves 14 de abril Gustavo Petro habló de la campaña y de su hermano: “Mi hermano Juan Fernando Petro no hace parte de la campaña, no pertenece a ninguno de sus cargos directivos, no asiste a ninguna de las reuniones de campaña“.

Así que surge una pregunta: si la visita no fue ordenada por el candidato presidencial ni estaba relacionada con la campaña, ¿por qué en principio se dedicaron a defender el concepto de perdón social y tardaron más de dos días después de la entrevista con La W Radio para hacer las aclaraciones?

De la amnistía general de Álvaro Uribe a la ‘JEP’ para narcos

En medio de la controversia por el “perdón social“, y antes de que se conocieran los detalles de la visita a La Picota, varios petristas asumieron la labor de intérpretes de su máximo líder y empezaron a explicar que Petro ya había usado el concepto antes, lo que es completamente cierto.

No obstante, ha llamado la atención que se haya referido al perdón social como una forma de responderle al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la propuesta de amnistía general, planteada en agosto del año pasado.

Aunque Petro dijo que una amnistía como la que planteaba Uribe Vélez tenía que estar condicionada, no fue ajeno a esta y la equiparó al perdón social. “Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero, cuando se dan, hacen saltar la sociedad hacia delante. ¿Podríamos, en ese concepto, pensar que es posible que a Colombia, después de dos siglos de guerras perpetuas, le ha llegado un momento de perdón social generalizado? Yo pienso que sí, y en esto puedo coincidir con Uribe y me han criticado por ello”, dijo el candidato, el 24 de agosto de 2021, durante un debate en la Comisión Primera del Senado.

“Si el doctor Uribe está de acuerdo con que haya un proceso de verdad y de reparación de las víctimas previo, a través de mecanismos concretos, para otorgar una amnistía general, yo estoy de acuerdo. La vería como el perdón social de Derrida”, agregó.

Menos de dos meses después, el 6 de diciembre, Petro habló de que se debería discutir un sistema de justicia transicional para que narcotraficantes y jefes de carteles se sometan de forma colectiva a la justicia pero bajo condiciones. “Primera condición: si les quitamos poder a las mafias, es decir, control poblacional, podemos abrir una segunda opción que es sometimiento a la justicia de manera colectiva que, a cambio de verdad, desmantelamiento del narcotráfico, entrega de armas, entrega del territorio al Estado, se puedan otorgar beneficios jurídicos dentro del país”, dijo durante un debate en Semana.

“La justicia transicional –es decir, que entregue beneficios a cambio de ganancias sociales específicas– y la reparativa –que las víctimas puedan rehacer su condición antes de que se hubiesen cometido los delitos– nos pueden permitir un camino, previo debilitamiento de las mafias, de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico en Colombia“, añadió, no sin antes aclarar que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos ya habían lanzado propuestas de ese tipo.

“Álvaro Uribe Vélez hizo una negociación con las mafias del narcotráfico, que son los paramilitares de ese entonces. Él se equivocó en un aspecto: confundió negociación judicial con negociación política, y toda negociación política entrega poder en vez de quitar. En cambio, toda negociación judicial, que llamamos aquí popularmente sometimiento a la justicia, le quita el poder al delincuente (Uribe) hizo lo contrario: les dio poder a los paramilitares”.

“En el gobierno de Santos, se discutió el tema, se volvió a que fuese un tema de sometimiento a la justicia, pero a Santos le dio temor de iniciar unos procesos colectivos. No fue el temor de Santos, fue la metida en el tema del fiscal general de ese momento, Néstor Humberto Martínez, que saboteó la posibilidad de sometimientos colectivos a la justicia”, dijo Petro en ese momento.

Y ya en febrero de este año, en su gira por el Magdalena, el candidato equiparó su propuesta a una especie de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfocada en narcotraficantes. “Si estos tres objetivos (desmantelar el narcotráfico, quitarle control sobre la población y someterlos a la justicia), en medio de un gran acuerdo de paz de la sociedad colombiana, de un gran tratado de paz, que es la democratización de Colombia, los producimos, el gobierno de Petro puede ser el gobierno en que Colombia transitó de una era permanente de violencia hacia una era permanente de paz”, aseguró.

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Aunque Petro ha insistido en que estas propuestas tienen que tener un previo debilitamiento de las mafias, es claro que, con la coyuntura de la visita de su hermano a La Picota, serán armas que podrán usar sus contradictores políticos para decir que él sí había hablado antes de beneficios, sin importar si la teoría del montaje es cierta.

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