Hay que buscar un pacto político, de abajo hacia arriba, con la primera línea

Este estallido social colombiano de mayo y junio se percibió en los cuatro puntos cardinales del país, pero los abusos de la fuerza pública y los asesinatos de los manifestantes se conocieron hasta en las galaxias lejanas.

Inicialmente se pensó que era uno más de esos “retozos democráticos” pasajeros, de aquellos que el gobierno de turno atiende con dejadez, mediante la presencia relámpago de un funcionario de última categoría.

Pero no, el estallido era de envergadura y la repuesta oficial fue demencial. Es hijo legítimo del paro nacional inconcluso del 2019 y principios del 2020, el mismo que malogró la pandemia del covid-19, y además, nieto del movimiento de los excluidos, de los oprimidos, de los desposeídos, de “los que sobran”, es decir, de la protesta planetaria contra la verdadera peste: la del neoliberalismo.

Los excluidos de ahora son los mismos que a principios de la década de los ochenta los economistas llamaban, con desdén, los incompetentes, es decir, aquellos que no podían competir con la artillería que llegaba al país al son de los tratados de libre comercio y las desregulaciones internas.

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Muy pronto los sismógrafos sociales determinaron inequívocamente que el epicentro del estallido era la muy salsera ciudad de Santiago de Cali, más precisamente de sus estudiantes universitarios, de sus desempleados, de sus informales. Ante eso, el gobierno nacional se apartó de su deber constitucional de privilegiar el diálogo y apeló a la denominada “asistencia militar”, mediante un grotesco decreto, el 575 del 29 de mayo de 2021, con el que oficializó la criminalización de la protesta.

Cuarenta y ocho horas después, el gobierno municipal del médico Jorge Iván Ospina, que se había mostrado confuso y enredado los primeros días del estallido social, se reencontró con su talante primigenio y expidió el decreto distrital 0304, en el que reconoció el diálogo como el camino más efectivo para avanzar en la búsqueda de soluciones. En dicho decreto se reconoció a la Unión de Resistencias Cali (UCR)– Primera Línea Somos Todos y Todas como un movimiento autónomo de los puntos de resistencia, para entablar el dialogo con la municipalidad.

Y se armó la de Troya: 

La revista Semana, voceros del gobierno y los principales líderes del Centro Democrático dijeron que el alcalde estaba legitimando los bloqueos, pese a que “con el decreto se superaron 22 bloqueos sin muertes ni heridos, solo conversando”, como lo expresó el propio alcalde.

Días después, la abogada María del Mar Machado demandó el decreto distrital, y el 15 de junio, por considerar que este iba en contravía con el decreto presidencial, la juez 16 administrativa lo suspendió como medida cautelar. Ese mismo día el alcalde Ospina acató la decisión judicial, pero dijo que mantenía su convicción de sostener diálogos para buscar salidas y definir propuestas con la UCR.

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Posteriormente, el abogado Armando Palau Aldana, conocido contradictor del alcalde, interpuso una tutela en representación de la Unión de Resistencias de Cali, y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, el 21 de junio, ordenó suspender la medida cautelar que a su vez había suspendido el decreto, hasta que se tome una decisión de fondo.

Así las cosas, el ya famoso decreto distrital continúa vivito y coleando y, por supuesto, continúa vigente el dialogo como antídoto ante la muerte y la barbarie.

En medio de la controversia, el eminente constitucionalista y padre de la paz Álvaro Leyva Durán aportó luces y le solicitó, con todo respeto, al presidente Duque la derogatoria del decreto 575, porque contraría no solo la Constitución Nacional, sino a los Acuerdos de la Habana, que en su capítulo 2.2.2 garantiza la movilización, la protesta pacífica y privilegia el diálogo.  

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Leyva fue más allá: reconoció el inmenso poder político de los jóvenes de la Unión de la Resistencias de Cali y les planteó una salida política, para que ellos convoquen a un gran acuerdo político nacional. Una convocatoria de abajo para arriba, que parta de la primera línea, los indígenas, los negros y otras comunidades excluidas. La propuesta tuvo gran acogida y puede ser el principio de la normalización de la ciudad.

Son ideas frescas, oportunas y sensatas, que confrontan a quienes solo piensan en hacer trizas la paz, menosprecian el dialogo y se arrullan con el sonido de las balas.

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