“Hay un ‘modus operandi’ represivo”: Amnistía Internacional sobre el paro en Cali

El informe de Amnistía Internacional, Cali: en el epicentro de la represión, afirma que las autoridades violaron los derechos de los manifestantes en Colombia y que estos hechos son parte de un patrón.

La organización asegura que en la capital del Valle del Cauca se reportan las denuncias más graves de represión violenta contra los manifestantes a manos de la fuerza pública y civiles armados, en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril.

Detenciones ilegales, torturas, uso de armas letales y uso excesivo de armas menos letales como gases lacrimógenos, son algunas de las prácticas que demuestran un “modus operandi” empleado en todo el país y reflejan las denuncias de cientos de manifestantes y organizaciones, según Amnistía Internacional.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización, aseguró que las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, “haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida”.

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Para Rosas, lo que sucedió en Cali muestra el verdadero objetivo detrás de la represión: “infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”.

De hecho, el informe detalla las razones de la movilización social que tuvo la reforma tributaria como detonante, pero fue impulsada y avivada por múltiples causas, incluido el incumplimiento del Acuerdo de Paz. También indican que Colombia es uno de los países más desiguales del continente.

En esa misma línea, Amnistía Internacional señaló que la ciudad fue epicentro de las protestas, y de las violaciones de derechos humanos, por ubicarse en una zona golpeada por el conflicto armado, con presencia de grupos armados que desplazan y asesinan a miles de personas.

Otro punto importante que destaca el documento, es que Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en Latinoamérica y ha vivido desigualdad, exclusión y racismo estructural.

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El análisis

La organización habló con testigos y verificó material audiovisual que muestra “el uso excesivo e innecesario de la fuerza” por parte de miembros de la Policía, pero en especial de agentes del ESMAD. También se documentaron “actos de paramilitarismo urbano” a manos de civiles armados que “acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos”.

En el informe se citan las cifras de organizaciones que denunciaron la muerte de, al menos, 28 personas entre el 28 de abril y el 28 de junio por las acciones de la fuerza pública. También se mencionan 90 casos de lesiones oculares, 28 de violencia sexual, 2.000 detenciones arbitrarias y 300 personas presuntamente desaparecidas “de las cuales al menos dos fueron encontradas sin vida en circunstancias por esclarecer y la demás estarían pendientes de ser localizadas”.

En total son tres los acontecimientos analizados, todos en Cali. El primero es la denominada Operación Siloé, el 3 de mayo, en la que la Policía, el ESMAD y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), “usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos”. Esa noche, según Amnistía Internacional, se registraron por lo menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la de Kevin Agudelo (jugador de futbol aficionado del equipo Siloé F.C., tenía 21 años) más cientos de heridos y varias detenciones arbitrarias.

El segundo fue el ataque contra la minga indígena, el 9 de mayo, por parte de civiles armados. El resultado de la jornada fueron al menos once heridos, incluida la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.

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El tercero, se concentra en las acciones del 28 de mayo, día en el que se cumplía un mes de paro nacional. La organización asegura que en esa ocasión “agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle.

Ese día, una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional”.

“¿Por qué no lo desaparecemos?”, fue una frase que escuchó Herrera de la Policía mientras lo llevaban a la estación, dónde habría sido golpeado y torturado. El joven músico le dio su testimonio a la organización, así como Mejía y Muñoz que también denunciaron torturas y tratos inhumanos.

Particularmente, en el caso de Siloé, el documento indica que los gases lacrimógenos se usaron de forma ilegítima y excesiva a través de Venom, un sistema que el informe califica como inapropiado para operaciones enfocadas en mantener el orden público. Incluso se denuncia que los gases se usaron contra personas que manifestaban pacíficamente y no tenían por donde dispersarse.

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Lo más grave, es que las violaciones de derechos humanos y crímenes no son aislados para la organización, sino que “responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas”.

Además de la represión, Amnistía Internacional habla de la estigmatización de la protesta social, entre otras cosas, a la hora de calificar a los manifestantes como “vándalos” o “terroristas”.

Sobre la militarización en las regiones ordenada por el presidente Iván Duque el 28 de mayo, el informe considera que “lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación en el conflicto armado”.

En esa misma línea, la investigación indica que las restricciones a la movilidad dictadas por la Gobernación del Valle del Cauca, frente a las movilizaciones convocadas para el 20 de julio, son un limitante del derecho a la protesta pacífica.

Las solicitudes de Amnistía Internacional

Dentro de las recomendaciones al Gobierno, se encuentra reconocer el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones, atender las causas estructurales y abstenerse de los pronunciamientos que estigmatizan y criminalizan la protesta.

Del mismo modo, se habla del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el paro, solicitando que el Estado cumpla con las recomendaciones y coopere con el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia.

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La organización insta al Gobierno a ordenar que pare la represión violenta, lo que incluye el uso de armas letales y el de gases lacrimógenos de una forma que cause daños “excesivos e injustificados”.

Otro de los puntos que destaca el texto de 47 páginas es la necesidad de realizar investigaciones, pero de forma diligente, independiente e imparcial para que no haya impunidad y se establezcan todas las responsabilidades de la fuerza pública y de “civiles armados con su tolerancia”.

Finalmente, la organización manifiesta que pese a las afirmaciones de Duque el 19 de julio sobre la transformación de la Policía, priorizando los derechos humanos; el 20 de julio nuevamente recibieron denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.

Este informe concluye que sí hubo graves violaciones de los derechos humanos de los manifestantes en Cali y en el país, y es que esto hace parte de un patrón que busca generar miedo y desincentivar la protesta. Amnistía Internacional dijo que este es el primero de varios informes que publicarán sobre el paro nacional en Colombia.

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