Luces y sombras detrás de las imputaciones de la Fiscalía por Hidroituango

Aunque la Fiscalía les imputó varios delitos a Alonso Salazar, Luis Alfredo Ramos y siete personas más por supuestas irregularidades y delitos en la contratación y ejecución de la megaobra, hay dudas de por qué no fueron vinculados otros exmandatarios y directivos de EPM, o hechos graves, como el inundar los túneles de desviación sin tener las compuertas para cerrarlos.

Cuando muchos pensaban que el enredo de Hidroituango acabaría con el pago de los 4,2 billones de pesos que hicieron Mapfre, Sura y otras aseguradoras por los daños y lucro cesante generados en la obra, la Fiscalía General de la Nación acaba de abrir un nuevo frente del que puede ser considerado el mayor descalabro de la ingeniería y pujanza antioqueña.

Esta semana la Fiscalía imputó varios delitos al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, al exgerente de EPM Federico Retrepo y a otros exdirectivos y personas encargadas de tomar decisiones en un proyecto en el que se han invertido más de 14 billones de pesos.

Con base en las investigaciones adelantadas por la Contraloría General para el juicio fiscal y muchas otras más que realizó, la Fiscalía decidió imputar y llamar a juicio a estos reconocidos líderes antioqueños.

En lo que ha sido la larga y compleja historia de Hidroituango, la Fiscalía tomó estas decisiones basadas en hechos ocurridos en tres momentos especiales: 1. Por la forma en que se contrató la obra, prácticamente a dedo y desconociendo la licitación internacional que se había abierto. 2. Problemas e imprevisiones ambientales y 3. Todo lo ocurrido con la decisión de construir un tercer túnel de desviación, cuyas imprevisiones, afanes y desmadres prácticamente pusieron en vilo la presa y la seguridad de cientos de miles de habitantes aguas abajo, no solo en Antioquia, sino en Córdoba, Bolívar y Sucre.

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1. Contratación a dedo de Hidroituango

Hidroituango, además de ser el nombre de una futura central hidroeléctrica, también era el nombre de una empresa de servicios públicos, constituida el 8 de junio de 1998, con el objeto de realizar “el diseño, construcción y explotación a nivel nacional y/o internacional de la Central Hidroeléctrica de Pescadero – Ituango”. En ese momento, contaba con la participación accionaria de Isagen, el Instituto para el Desarrollo del Departamento de Antioquia (Idea), la Empresa Antioqueña de Energía (Eade), el Departamento de Antioquia, la empresa Integral S.A. y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (Acic).

Sin embargo, a decir verdad, el dueño mayoritario era la Gobernación de Antioquia.

Por la magnitud de la obra y los recursos que se requerían, la junta directiva de Hidroituango, en 2009, decidió que un tercero la hiciera a través de un esquema BOOMT, muy conocido y usado mundialmente. Esta palabra es una sigla que en inglés significa build (construir), operate (operar), own (poseer), mantain (mantener) y transfer (transferir).

Para encontrar esa empresa o consorcio, el 17 de noviembre de 2009 se abrió la primera invitación pública internacional a precalificar en la “contratación de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de una central de generación hidroeléctrica con capacidad de 2.400 MW bajo un esquema BOOMT”. Hidroituango S.A. recibió, a comienzos de enero de 2010, numerosas propuestas de interesados que estaban dispuestos a realizar y entregar la hidroeléctrica el primero de diciembre de 2018.

En febrero, Hidroituango les otorgó la precalificación a siete empresas: China Three Georges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Electrobrás), Constructora Norberto Odebrecht S.A., Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Andrade Gutiérrez S.A. y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

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La licitación siguió adelante. Incluso, el 18 de marzo de 2010 fueron publicadas las reglas para la adjudicación. Sin embargo, días después, la junta directiva suspendió el proceso para abrir, con total sigilo, una negociación directa con EPM, la misma que, finalmente, recibió el contrato de forma directa el 10 de septiembre de ese año.

El 4 de noviembre de 2010, Hidroituango informó a los seis oferentes internacionales y nacionales que el proceso de subasta quedaba cerrado y que había optado por EPM, por ser una empresa regional. “Una obra de Antioquia para los antioqueños”, como un prestigioso medio regional lo había pedido y el empresariado lo clamaba.

“Las verificaciones hechas por la Fiscalía permitieron conocer que, en sesión extraordinaria de asamblea de accionistas de EPM – Ituango, EPM –con el 99,4 por ciento de las acciones–, votó favorablemente la proposición de ceder a EPM el contrato BOOMT (…) Esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas. En ese sentido, la Fiscalía les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, este miércoles”, explica un comunicado de la Fiscalía General.

Adicionalmente, este martes 10 de agosto, se realizaron las imputaciones “al exgerente del IdeaÁlvaro de Jesús Vásquez Osorio, al exalcalde de Medellín Fabio Alfonso Salazar Jaramillo y al exgerente general de EPM Federico José Restrepo Posada”.

Frente a esta decisión de la Fiscalía, Salazar, Restrepo y Ramos se declararon inocentes y rechazaron las imputaciones en su contra.

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2. Papeles ‘chimbos’ para licencia ambiental del río Cauca

Frente a las demoras que se estaban presentando en Hidroituango, y para poner tener la obra en 2018, EPM decidió construir un tercer túnel de desviación del río Cauca para llenar más rápido la presa. Además de ser una obra que no estaba en los diseños originales y de ser la fuente de mayores gastos, este se habría construido, según la Fiscalía General, sin cumplir los requisitos ambientales:

“El material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016 que, finalmente, fue aprobada. La Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental”.

Por estos hechos, se imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la Anla, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.

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3. Lunares en la contratación del tercer túnel

Como ya se dijo, la construcción de un tercer túnel de desviación o galería auxiliar por parte del Consorcio CCC Ituango, por 127.100 millones de pesos, se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015. “Este proceso contractual, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos se imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.

Frente a estos anuncios, varios investigadores y exdirectivos de EPM dijeron que la Fiscalía debería explicar por qué no fueron vinculados otros exalcaldes o gobernadores que participaron en estas decisiones, así como miembros de las juntas directivas, empleados o, incluso, las propias empresas constructoras. Algunas respuestas están en la lista de más de 25 responsables fiscales que la Contraloría General vinculó al juicio fiscal.

No obstante, todo indica que aún faltan otras decisiones que la Fiscalía podría tomar en las próximas semanas, una vez terminen las investigaciones en la construcción de Hidroituango.

Con información de los comunicados de la Fiscalía General de la Nación.