Gobierno entra a la batalla por el futuro de Hidroituango

La pelea por la suerte de Hidroituango, pasó está semana de ser un asunto de disputas y enfrentamientos entre funcionarios, líderes empresariales y políticos de Medellín y Antioquia, a convertirse en un tema de altísima prioridad nacional.

El viernes, el Gobierno Nacional empezó a mostrar sus dientes y prácticamente anunció que entrará a terciar en el enfrentamiento que desde hace más de un año tiene el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y los constructores de la obra, como Conconcreto.

Tanto la Superintendencia de Servicios Públicos como la Financiera enviaron, el viernes pasado, sendas cartas a Empresas Públicas de Medellín (EPM) solicitándole información precisa y sensible, que desvelan que el gobierno central no va a ser un espectador de lo que en Medellín se decida con la suerte de un proyecto en el que se han invertido más de 15 billones de pesos, en el que faltan otros 2 o 3 billones y del que dependen el futuro del abastecimiento de energía de Colombia.

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La Superservicios le pidió a EPM, dentro sus funciones como policía administrativa, un “informe detallado del análisis de los riesgos derivados de la posible cesión de los contratos, con la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible cesión”. También, cómo podría afectar el cronograma de entrega de la obra y el cumplimiento de las obligaciones de energía, en caso de cederse los mencionados contratos o que la central sin un constructor.

También, le solicitó relatar los efectos en la financiación del proyecto que pueden derivarse de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra, incluyendo un eventual retiro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como financiador, los riegos de liquidez y el impacto crediticio dentro de EPM.

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La solicitud, enviada el viernes 22 de octubre, le da al gerente de EPM un plazo máximo de hasta este lunes, a las 12 del medio día, y está firmada por la propia Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Como se recuerda, esta semana el alcalde Quintero empezó a mostrar su intención de cambiar al consorcio CCC (Conconcreto, Camargo Correra y Coninsa Ramón H.) para supuestamente proteger el futuro de Hidroituango por los riesgos que puedan tener frente a eventuales decisiones fiscales por parte de la Contraloría General o por el anunció de Concontreto y Coninsa de acogerse a un proceso de reorganización empresarial.

Además de la petición de la Superservicios, el gerente de EPM recibió otra comunicación de la Superintendencia Financiera pidiéndole dar claridad sobre la información que ha circulado en varios medios que señalan que si EPM decide cambiar de contratistas, el BID se retiraría del proyecto, “…con el fin de brindarle información veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado de valores, de manera atenta le solicito informar inmediatamente al mercado sobre la veracidad de lo mencionado en la citada nota, precisando los riesgos derivados de la posible terminación del contrato y la cesión de este a un tercero, así como su impacto en situación financiera y jurídica de la sociedad”.

Esto, porque la salida del BID del proyecto produciría el cobro anticipado de una deuda que EPM tiene por cerca de 450 millones de dólares (unos 1,7 billones de pesos), pero probablemente, aceleraría el cobro de otros financiadores, lo que podría poner a la empresa en una situación sumamente compleja.

Algunos economistas apuntan a que el descalabro económico podría ser mayor. Luis Guillermo Vélez, quien fue consultor de Hidroituango, asegura que la entrada de nuevos contratistas retrasaría en cerca de un año el proyecto. “Con ese retraso, EPM perdería US$ 650 millones por las asignaciones de ENFICC que dejaría de recibir en los próximos años, más unos US$ 300 millones por la energía que dejaría de producir y vender, más US$ 211 por las garantías que se ejecutarían por el incumplimiento con el mercado. En total unos US$ 1.211 millones, que, a un tipo de cambio COP/US$ 3750, equivalen a poco más de 4.3 billones de pesos“, dijo Vélez.

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En este juego de cartas, está semana el mismo Consorcio CCC Ituango le había enviado una al Gerente EPM, pidiéndole que definir si van a continuar o no en la obra, y en la que le advierten que “actualmente, conservamos plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato, e, inclusive, suscribir los acuerdos contractuales que beneficien al proyecto”.

A través del sistema de Información Relevante, EPM informó que el cambio de alguno de los contratistas no es voluntad de EPM, sino consecuencia de un eventual fallo en firme de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República, precisión que es parcialmente cierta, pues el fallo definitivo aún puede tardar varios meses y este podría terminar, cerrarse, si la aseguradora Mapfre, con la que EPM tiene una póliza por más de 2.500 millones de dólares, decide o es obligada a poner los 4.3 billones de pesos que el órgano de control dice son los costos del descalabro de Hidroituango.

Igualmente, EPM en la Información Relevante publicada dice que le propuso al consorcio, que, si es de su interés, postule lo más pronto posibles empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del proyecto.  

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