Hidroituango y UNE: los negocios que agitan las aguas de Medellín y Antioquia

La suerte definitiva de la obra y la empresa tienen al alcalde Daniel Quintero de nuevo enfrentado con parte de la clase política y empresarial de la ciudad. A su vez, el presidente Iván Duque, quien estuvo de correría en ese departamento, trató de encausar las diferencias y puso sobre los aseguradores buena parte de la responsabilidad para que la obra finalice en los tiempos fijados.

Una nueva polvareda se levantó esta semana en Medellín por cuenta de la venta de UNE y las discusiones sobre quién debe responder económica y legalmente por la contingencia ocurrida en Hidroituango. A esto se sumó, de nuevo, la propuesta de que sean otros constructores los que finalicen la mega central. Asuntos que no son de poca monta y sobre los que habría varios billones de pesos en juego.

En los dos temas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto con su gabinete sentó una posición que levantó ampolla en algunos sectores políticos, empresariales y sociales de la ciudad y el departamento de Antioquia.

El caso de Hidroituango tuvo un punto clave para el acuerdo de finalización del proyecto con la reunión que se realizó en la Casa de Nariño con el contralor general, Felipe Córdoba; la procuradora, Margarita Cabello, Quintero y representante de las firmas constructoras. Aunque no se avanzó mucho, el encuentro permitió conocer que hay posiciones radicales frente al caso.

Antes de esa reunión el gobernador Aníbal Gaviria manifestó que “la solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago por las compañías de seguros”.

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Una postura que el alcalde rebatió señalando: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Dentro del caso de Hidroituango, la CGR tiene un primer fallo de responsabilidad a 26 figuras públicas y empresas que tendrían que responder por los 4,33 billones de pesos que la entidad estima son las pérdidas y sobrecostos. Una suma de dinero y un fallo, que en caso de quedar en firma, arruinaría, entre otros, a las empresas constructoras.

Ante ese panorama Coninsa Ramón H. y Conconcreto —que junto a la brasileña Camargo Correa conforman el consorcio CCC que adelanta la obra— se acogieron a un proceso de reorganización amparado en el decreto 560 de 2020 —por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica— y que ya fue aceptado por la Superintendencia de Sociedades.

Una salida para el llamado a responder de la Contraloría es que las pólizas de las aseguradoras se hagan efectivas hasta cubrir el monto, lo que pondría punto final al proceso. Ese sería el mundo ideal para todos, pero se requiere que ellas, en espacial Mapfre, paguen rápidamente y no a cuentagotas como lo ha hecho hasta el momento. Mientras esto ocurre, el panorama sigue siendo complejo.

Detrás de esto hay, también, una jugada política en la que el alcalde Quintero busca que se responda económicamente y por “dignidad” por la situación que se ha generado en este proyecto, y el mandatario local tendría entre sus planes que sea otro constructor quien finalice la obra, pero nadie lo respalda en esa empresa.

Hay un tire y afloje que se debe resolver rápido, pues de no empezar a generar energía en junio de 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está amenazando con cobrar el dinero que prestó para el proyecto.

Un ingrediente adicional es que las aseguradoras están pagando y a la fecha han desembolsado unos 350 millones de dólares, algo así como la tercera parte del total del dinero. De esto se pegan juristas y expertos para argumentarle al alcalde que la manera en la que se viene manejando esta crisis está surtiendo un efecto positivo.

Presidente pide aplicar pólizas

En esta marea, Quintero no se guardó nada en este tema durante la semana, y además de la discusión que se levantó en redes, también criticó al consorcio constructor CCC argumentando el uso de materiales de baja calidad, por lo que los constructores, a través de un comunicado, manifestaron su rechazo a las afirmaciones.

“El consorcio CCC Ituango siempre ha actuado bajo los valores de la ética, honestidad, transparencia y profesionalismo y, en consonancia con ello, la Contraloría General de la República, ha señalado públicamente que en nuestro caso no existen actos de corrupción”, dice uno de los apartados del comunicado.

Ante el interés que suscita la obra para la nación, el presidente Iván Duque habló de Hidroituango mientras inauguraba la obra 4G Conexión Pacífico 2 en Antioquia, y poniendo como ejemplo el trabajo de la alianza público-privada dijo que la nación en este tipo de discusiones apoya el interés general. Hizo el llamado para que se apliquen las pólizas de las aseguradoras.

“(Garantizando que) todo lo que tenga que ver con un proyecto, que ha requerido por la contingencia un manejo especial, no esté nunca en vilo, cuando tenemos un vertedero que sigue avanzando y que no puede estar en esa condición hasta que a alguien se le ocurra”, dijo el presidente.

Agregó que “mi invitación a la bancada antioqueña, a las autoridades, es que acá tenemos que avanzar y la mejor manera es reconociendo el siniestro y que se active todo el aseguramiento, sin menoscabo a que se adelanten los procesos que se tienen que adelantar, pero esto es lo urgente para el departamento”.

Duque resaltó que este trabajo debe permitir que la primera turbina entre en funcionamiento en junio de 2022 y la segunda en noviembre del mismo año.

La compra de UNE, otro agarrón

Pero lo de Hidroituango no es el único asunto que levanta discusiones en la región, la fallida venta de UNE, filial de EPM, es otro de los capítulos que tiene a Quintero y a su equipo rebotado.

Los 21 concejales de la ciudad se niegan a aprobar la venta de la empresa de telecomunicaciones porque no tienen claridad del negocio: no saben cuál es el precio actual y menos a qué se destinará el dinero de la venta.

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Esto no fue del agrado del mandatario, quien a través de redes sociales se despachó contra concejales y, tras él, parte de su equipo de gobierno que llegó a tildar a los corporados de “sinvergüenzas”.

El concejal Daniel Carvalho habló con Diario Criterio y compartió que además de las preocupaciones del precio y el destino del dinero, “nos preguntamos si es el momento de vender la empresa pública de telecomunicaciones de la ciudad, cuando estamos en un proceso de innovación y tecnología, algo que lleva Medellín durante diez años, y que la pandemia nos hizo dar cuenta de su importancia”.

Carvalho explicó que la misma forma en la que el alcalde y su equipo manejan el debate público “hace que uno desconfíe”, además porque considera que es “un mandatario que no ha sido buen administrador, que ha sido irrespetuoso muchas veces con la ciudadanía y con los concejales y que, en el caso particular de EPM, ha generado un desorden administrativo gigante”.

El concejal Simón Molina también le manifestó, Diario Criterio, sus preocupaciones en cuanto al tema del precio de la empresa y resaltó, “me parece irresponsable aprobar un acuerdo que es como firmarle un cheque en blanco al alcalde”.

El tema se discutió en varios debates, pero la posición de los concejales no cambió. Quintero no perdió la oportunidad para trinar, a través de su cuenta en Twitter: “Nos hicieron perder 12 billones en Hidroituango y ahora nos quieren hacer perder 2 más en UNE. Si Concejo no permite activar la cláusula de protección del patrimonio público: EPM pierde, Medellín pierde; otra vez”.

Otro dolor de cabeza en EPM

La semana que termina no fue del todo buena para EPM, pues a las discusiones sobre Hidroituango y UNE se sumó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar nulo el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como gerente de la empresa.

El principal argumento es que Carrillo estaba inhabilitado para ser gerente de EPM pues justo antes de asumir el cargo hacía parte de la junta directiva de la empresa. Hay que esperar la evolución de este caso, ya que, con la nulidad de la designación de Carrillo, EPM tendría su quinto gerente en menos de dos años, así la junta directiva y el alcalde lo hayan ratificado a la espera de una revisión de la decisión.

Sin duda, estos dos asuntos seguirán levantado la marea en la capital antioqueña, pues está en medio de la discusión el patrimonio de la empresa que la ciudadanía defiende como un tesoro.

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