Hilando fino: notas para narrar la coyuntura

César TorresCésar Torres

“Grupos de banqueros, empresarios y políticos y personas vinculadas a las Fuerzas Armadas utilizaron el paramilitarismo como un brazo armado que perpetraba asesinatos por encargo“.

El modo de gobierno que se está usando desde el 7 de agosto del año pasado consiste en construir con la participación de grupos ciudadanos los proyectos gubernamentales de ley.

Algunas veces, como en el caso del Plan Nacional de Desarrollo (PND), haciendo una especie consulta previa en 51 diálogos regionales vinculantes; otras, promoviendo la discusión pública acerca de propuestas de origen gubernamental, como en el caso de la reforma a la salud.

Las iniciativas así construidas se llevan al debate parlamentario. En él, se aprueban –siempre con modificaciones– o se hunden. De esa manera, se aprobaron la reforma tributaria, el PND y, hasta ahora, la casi totalidad de artículos de la reforma a la salud.

Con dificultades, el Gobierno va cumpliendo sus promesas de campaña. Eso le permitiría consolidar la base social de apoyo que votó por él y, además, atraer a otros grupos poblacionales que se sienten partícipes en la elaboración de los proyectos presentados al Congreso o beneficiados con esas leyes.

Al mismo ritmo que puede consolidar y ampliar el respaldo social, el Gobierno pierde apoyos de los partidos que obran bajo la dirección de grandes electores como Germán Vargas Lleras, César Gaviria, Dilian Francisca Toro, Álvaro Uribe Vélez y Efraín Cepeda, quienes, con sus congresistas, intentan obstaculizar o deformar los proyectos de ley del Ejecutivo. 

No hacen oposición ni protagonizan grandes debates. Pero son hábiles para crear bloques de parlamentarios, unidos solo para evitar que alguna de esas propuestas se convierta en ley de la República. Por ejemplo, ahogaron la propuesta de reforma política y eso condujo a que se retirara del Congreso.

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Mientras ocurría uno de esos tira y afloje en Senado y Cámara, Salvatore Mancuso, antiguo jefe paramilitar, presentó una declaración formal ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Allí, recordando hechos que casi todo el país ya conocía, demostró que desde mediados de los pasados años setenta, grupos de banqueros, empresarios y políticos y personas vinculadas a las Fuerzas Armadas utilizaron el paramilitarismo como un brazo armado que perpetraba asesinatos por encargo.

El ex paramilitar sostuvo que muchas de esas órdenes de muerte le llegaron a él mediante oficiales de las Fuerzas Armadas o del entonces subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez. Dio, en calidad de ejemplos, nombres propios, fechas y otros datos acerca de crímenes que él y sus hombres cometieron por encargo de quienes les pedían torturar, atemorizar, matar y desplazar. Toda esta información deberá ser verificada por la misma JEP. 

En contraprestación, dijo Mancuso, los paramilitares adquirieron poder político.

Su apoyo a algunas candidaturas, sobre todo en las elecciones de 2002, fue decisiva para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en las regiones aterrorizadas y bajo su dominio. También influyeron en la elección de senadores, representantes y presidente de la República.  Esa ayuda electoral les permitió influir cada vez más en la definición de políticas públicas del orden local, regional o nacional y, adicionalmente, colocar en importantes lugares del Estado a personas ideológicamente cercanas al paramilitarismo.

Por casualidad o no, el mismo día que comenzó la audiencia mencionada ante la JEP, hubo una nutrida concentración de personas reservistas y retiradas de las Fuerzas Armadas. Contaron con el apoyo de congresistas de oposición. Incluso, estuvieron personas elegidas con el aval de partidos que hacen parte de la coalición de Gobierno que se declaran antigobiernistas.

Lo más notorio de esa concentración fueron algunas palabras de la entrevista que concedió el coronel (r) John Marulanda, exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia: “Colombia está siguiendo los pasos de Perú, en donde las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”. 

Al día siguiente, el presidente Petro asistió a la conmemoración del aniversario número 72 del Comando de las Fuerzas Armadas, y dos días después de la marcha y de las declaraciones de Marulanda, se reunió con la cúpula militar. En ambos encuentros con personal de las Fuerzas Armadas, el mandatario expuso una tesis novedosa: la estrategia de seguridad y el accionar militar alrededor de lo que se ha llamado la Paz Total.

El 11 de mayo, el presidente se refirió directamente a las palabras del coronel (r) Marulanda. Dijo que “(…) pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente hay [que], ¡qué palabra tan triste!, ‘defenestrarlo’, darle golpe de Estado; como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos”.

No ser pendejo implica que el Gobierno haga o continúe haciendo, por lo menos, las siguientes cuatro cosas:       

• pactar y cumplir un cese bilateral de ofensas verbales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para evitar que la mesa diálogos que tienen el Estado y esa guerrilla entre en crisis cada dos semanas y la política de Paz Total pierda legitimidad ante la ciudadanía;
• cumplir las promesas de campaña presentando y logrando la aprobación de las reformas, como hasta ahora lo ha hecho;
• permitir y promover la movilización social en favor de las reformas, al tiempo que respeta el derecho a la protesta de sus contradictores políticos,
• y construir acuerdos con personas y sectores no tan conservadores de las Fuerzas Armadas, del empresariado y de los partidos políticos que apoyaron a los anteriores gobernantes (el antiguo régimen).

Así, la correlación de fuerzas favorecería al nuevo régimen que está haciendo algunos cambios, tiene un plan de desarrollo y la capacidad política para implementarlo; y posee la fuerza suficiente para generar alianzas con personas y grupos con los que no ha tenido afinidad; de esa manera, restaría influencia política al sector mafioso y paramilitar de la sociedad.

Los anteriores gobernantes siguen perdiendo su poder. Hay condiciones para que quienes están hoy en el Estado se dediquen a tomar decisiones y para que la oposición encuentre mejores vocerías y más profundos argumentos.

Miren bien y tejan fino.

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