Los complejos retos de unificar la historia clínica en Colombia

El Ministerio de Salud oficializó la “interoperabilidad” de la historia clínica. Sin embargo, el proceso apenas empieza y el próximo Gobierno tendrá que asumir el ‘chicharrón’ de unificar información muy fragmentada. ¿Qué significa eso para los pacientes?

El pasado 19 de julio, tras la ‘Conectatón Colombia‘, el Gobierno nacional oficializó la “interoperabilidad de la historia clínica” con el fin de unificar la información médica de los usuarios, así como el acceso a ella, informó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar.

Este proceso empezó con la Ley 2015 de 2020, que creó “la historia clínica electrónica interoperable” con el fin de agilizar y garantizar el acceso y ejercicio al derecho a la salud y a la información personal, junto con la protección y la confidencialidad conforme en el habeas data.

Información fragmentada en la historia clínica

Desde hace poco más de una década, empresas promotoras de servicios de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y empresas sociales del Estado (ESE) empezaron a digitalizar toda la información médica para facilitar y agilizar el acceso a esta por los usuarios y trabajadores del sistema.

Sin embargo, cada entidad ha llevado a cabo su proceso de digitalización de forma independiente y otras entidades no tienen acceso a los datos por vía electrónica si no cuentan con el mismo software.

De esta forma, si una persona que vivía en Putumayo se muda a La Guajira y no cambia de EPS, el personal de salud en ambos departamentos podrá registrar información nueva y acceder a la previa en la misma plataforma. Sin embargo, si cambia de EPS, incluso dentro de la misma ciudad, la única forma en la cual el personal de salud podrá conocer su historial médico es si el paciente presenta una copia impresa del mismo.

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Asimismo, si una persona se hace, por ejemplo, una radiografía, y la EPS no opera con el software de la IPS que le presta sus servicios de radiología, el profesional de salud que la ordenó no podrá acceder al resultado. Por ello, el paciente tendrá que llevar el examen o su reporte impreso a la consulta médica.

En este sentido, en 2015, “la interoperabilidad de la historia clínica era un sueño y no se encontraba la forma técnica y jurídica. Algunos departamentos lo iban haciendo intuitivamente, pero no lográbamos conectar a todo el país”, explicó Escobar.

Por ello, tras “estructurar un marco regulatorio robusto, nació una normatividad que establece un nuevo escenario de la salud digital y que es hoja de ruta para los próximos años”, precisó.

Pero esta no será una tarea sencilla para los próximos gobiernos.

Hay “una primera [normatividad] que hoy se materializa con el transporte de datos básicos de salud; y una segunda fase, a mediano plazo, en donde se puedan intercambiar datos más sofisticados, como pueden ser imágenes diagnósticas [sic]”, añadió Escobar.

Según la Ley 2015, las IPS estarán encargadas de recopilar los datos almacenados en sus historias clínicas electrónicas y subirlos a la plataforma de interoperabilidad, creada por el Gobierno.

El Ministerio de Salud, por su parte, establecerá los términos y condiciones de la información, y el Archivo General de la Nación reglamentará lo relacionado con los tiempos de retención documental.

Desigualdad y ciberataques

La tendencia en Colombia y el mundo es la digitalización. Las entidades de salud en las capitales podrían contar con conexiones locales a servidores que reciban y envíen información al resto del sistema. Sin embargo, no existe un servidor que pueda soportar el gran flujo de información de una sola plataforma centralizada. Además, hay puestos de salud en zonas rurales que solo cuentan con un computador y conexiones lentas.

Si bien la telemedicina beneficia a los habitantes de las áreas rurales que tienen barreras geográficas para acceder a servicios de salud de mayor complejidad, el mantenimiento del sistema en estas regiones también representa un desafío a largo plazo que el Gobierno debe prever.

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Adicionalmente, a diferencia de las entidades bancarias, los fallos, los errores y la vulneración de un sistema de información sanitaria no solo tienen consecuencias económicas, sino de salud y seguridad.

Según la Asociación Americana de Hospitales (AHA, por su sigla en inglés), los entes de salud son particularmente vulnerables y están en la mira de los ataques cibernéticos porque poseen información de inteligencia y alto valor monetario para los ladrones cibernéticos, como información médica, financiera y datos de propiedad intelectual relacionada con la investigación y la innovación.

De hecho, los registros de salud robados pueden venderse por hasta diez veces o más el valor que los números de tarjetas de crédito esquilmados en la dark web.

Y las malas noticias no terminan ahí para las entidades de salud: el costo de remediar una brecha en la atención médica es casi tres veces mayor que el de otras industrias, con un promedio de 408 dólares por registro médico robado, a diferencia de 148 dólares por un registro de otras áreas.

Aunque estos riesgos no son exclusivos de Colombia y también están latentes en la actualidad, en el proceso de unificación de la información también deberá considerarse que incluso el Gobierno ha accedido a datos privilegiados de la ciudadanía.

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Lo cierto es que, desde hace más de 15 años, el Gobierno ha intentado poner en línea y en tiempo real las historias clínicas de los usuarios y pacientes, pero la realidad ha demostrado que es un proceso complejo y costoso. Todos esperan que esta vez sí se pueda ejecutar.