Por ‘asesinar’ al río Anchicayá, EPSA y Minambiente deberán pagar histórica condena multimillonaria

El Consejo de Estado acaba de condenar a la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA, hoy de propiedad de Celsia-Argos), a la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC) y al Ministerio de Ambiente a pagar 203.961 millones de pesos a las comunidades que resultaron afectadas por el vaciamiento indebido de la represa del río Anchicayá en 2001.

Los dineros serán distribuidos entre unas 3.063 personas y varias comunidades, pero como novedad el Consejo de Estado determinó que ese dinero será administrado por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivo, que maneja la Defensoría del Pueblo. Según la sentencia, a cada persona le corresponderían 66.480.261 pesos, dependiendo de cuántos se presenten como afectados.

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La Empresa de Energía del Pacífico tendrá que asumir el 70 por ciento de la indemnización, pues “la apertura de compuertas y vertimiento de sedimentos en el río Anchicayá tuvo una mayor injerencia en la producción del daño”, indicó el alto tribunal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y la CVC pagarán, cada uno, el 15 por ciento.

Los daños a las comunidades

Con el fallo se ponen más de 20 años de una batalla jurídica de las comunidades afrodescendientes que viven a orillas de este río y que se vieron perjudicadas, entre julio y agosto de 2001, por las irresponsables descargas de aguas contaminadas y sedimentos provenientes, aguas arriba, de la enorme represa de energía Alto Anchicayá, que comenzó a operar en 1974 y genera 340 megavatios de energía.

Las enormes descargas de agua y sedimentos inundaron amplias zonas y terminaron por afectar, según varias comunidades, no solo las tierras para la agricultura sino todo el ecosistema del afluente, en especial la pesca. A pesar de los reclamos jurídicos, en 2002 instauraron una acción de grupo en Buenaventura, que tardó casi nueve años en fallarse en favor de la comunidad y condenando a la EPSA a indemnizar de forma colectiva a las comunidades por 169.000 millones de pesos.

Esa sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle en septiembre de 2009. El alto tribunal regional advirtió que el 80 por ciento debía ser cancelado por la empresa y el 20 restante por la Corporación Autónoma del Valle.

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A partir de ese momento la batalla se trasladó a las altas cortes nacionales, frente a una tutela y varias reclamaciones por parte de la empresa, que alegó que el daño no había sido de esa magnitud y algunos errores procedimentales. La Corte Constitucional ordenó en 2012 repetir las pruebas y determinar el daño exacto a las comunidades.

Después, en 2015, frente a los reclamos de las comunidades que le pidieron tener en cuenta derechos como a la vida digna, acceso a la Justicia y respetar el debido proceso que ya se había cursado, la Corte Constitucional les dio la razón pero le solicitó al Consejo de Estado reabrir la discusión de la acción de grupo para establecer una sentencia de fondo. 

Ahí, empezó un nuevo capítulo en el que las comunidades siguieron exigiendo una pronta sentencia al punto de que, frente a las quejas y reclamos internacionales de estas comunidades, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en agosto de 2018 y le dio un plazo de cuatro meses al Estado para resolver el litigio.

Sin embargo, esto solo fue posible hasta ahora, presuntamente por la complejidad del caso.

La sentencia

Tras todo tipo de presiones y tensiones, finalmente el Consejo de Estado acaba de fallar “a título de indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral por 203.961 millones de pesos a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso y los que lo hagan después.

Ahora bien, en particular este tribunal aprovechó este histórico fallo para unificar varias sentencias emitidas con anterioridad sobre casos similares.

El más importante es que será la Defensoría del Pueblo, en calidad de administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, la encargada de pagar las indemnizaciones a los afectados, decisión que sin dudas generará nuevos alegatos por parte de las comunidades que llevan años y años esperando una indemnización

La decisión al respecto dice: UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado con respecto a los criterios para determinar el grupo afectado y la individualización de sus miembros, en el sentido de señalar que para determinar un grupo se debe identificar el hecho generador del daño para establecer si este hecho tuvo una relación causal con los daños sufridos por los miembros del grupo. Con respecto al establecimiento de criterios uniformes para la individualización de los miembros de cada grupo, la Sala considera que no es posible fijar una taxonomía de los mismos dadas las circunstancias específicas de cada caso concreto”.

La sentencia es un duro golpe para Celsia y el Grupo Argos, pues en este tipo de inversiones no solo tienen recursos propios sino de fondos de pensiones y de entidades públicas. Además, la sentencia del Consejo de Estado les ordena a los condenados publicar “la parte resolutiva de esta sentencia en un medio masivo de comunicación que efectivamente garantice el principio de publicidad para las comunidades afectadas, dentro del mes siguiente a su ejecutoria, con el fin de que todos los interesados presenten sus reclamaciones ante la Defensoría del Pueblo, dentro de los 20 días siguientes para acreditar su pertenencia al grupo afectado”.

8 Comentarios

  1. Jhonatan mosquera caicedo

    Como hago para saber si soy beneficiario por que mi mamá lo era pero ya no esta ella falleció y quiero saber que puedo hacer soy de la familia de anchicaya .

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