“Hubo genocidio estadístico de la población afro en el censo“: Justicia Racial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular en contra del Censo de Población y Vivienda de 2018 interpuesta por el colectivo Justicia Racial, una organización de abogados y humanistas afrodescendientes.

Alí Bantú Ashanti, director de Justicia Racial, afirmó a Diario Criterio que el censo vulnera los derechos colectivos de la comunidad afrodescendiente y negra en Colombia. El objetivo de la acción, radicada el 14 de enero de 2021, es que se le ordene al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “prevenir y corregir los daños que se habrían causado con la omisión censal y errores técnicos”. 

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Para el director de Justicia Racial, hubo un “genocidio estadístico del pueblo negro”, con una reducción drástica de la población afrodescendiente y negra censada, que pasó de 4.311.757 personas en el censo de 2005 a tan solo 2.982.234 en el censo de 2018. Una cifra absurda, pues se sabe que mínimo entre el 15 y 20 por ciento de los habitantes del país hacen parte de esta población.

“Se está faltando a la verdad respecto a la población afro. ¿Cuántos somos, cuál es la situación de necesidades básicas insatisfechas? Si no se preguntó a qué población étnico-racial pertenecen los censados, hay un sesgo”, dice. 

El colectivo manifiesta que, en el informe del comité de expertos para la evaluación del censo de 2018, el DANE reconoció errores técnicos y de omisión censal, lo que consideran una “malversación de los recursos”, pues no se estaría asegurando la calidad de la información, pese a que fueron destinados más de 18.500 millones para que los datos de la población afrocolombiana fueran precisos.

Asimismo, aseguran que están en riesgo los derechos del pueblo afrocolombiano, teniendo en cuenta que los datos se usan para diseñar políticas públicas y para la asignación de recursos por medio del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías en los siguientes diez años. 

Alí Bantú señaló que Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANE, aceptó en abril del año pasado, durante una reunión con organizaciones afrocolombianas, que en el censo de 2018 “no se incluyeron todas las variables de autorreconocimiento étnico-racial y en múltiples ocasiones los encuestadores no realizaron la pregunta de pertenencia étnica -que además estaba mal formulada-”. 

Desde el colectivo argumentan que en los departamentos en los que históricamente se ha asentado la población negra las omisiones fueron las más altas: en Valle del Cauca sería de 15,3 por ciento; en el Archipiélago de San Andrés, DEL 21,2 por ciento; en Nariño, del 18,1 por ciento; en Chocó, del 14,5 por ciento, y en Cauca del 15,1 por ciento. Omisión que equivale a varios millones de habitantes. Incluso, en otros lugares como Bogotá, Caldas y Antioquia, la población afro ni siquiera llegó al 8 por ciento y la omisión nacional fue del 8,5 por ciento.

El colectivo solicitó que el DANE corrija los datos y que se investigue: “Creemos que hubo una malversación de fondos que representaría un atentado contra la moralidad administrativa y el patrimonio público”, además de aumentar la discriminación y la exclusión del pueblo afro. 

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Justicia Racial solicitó medidas cautelares para que el DANE y todas las instituciones se abstengan de utilizar la información del censo de 2018 con respecto a la población afrocolombiana y se utilice la de 2005 hasta que se corrijan los datos.

“Todavía no se imponen, pero ya se corrió traslado de esas medidas cautelares. Asimismo, el tribunal avocó conocimiento de la demanda y corrió traslado al DANE y a las demás entidades implicadas en el proceso. Lo que viene es esperar que el DANE conteste”, concluyó Alí Bantú.