Iglesia católica en Francia, responsable de más de 216.000 casos de abuso sexual desde 1950
La publicación de un esperado informe independiente reveló que más de 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en Francia desde 1950.
El documento lo publicó la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) en Francia. Según este, sacerdotes y religiosos abusaron de 216.000 menores entre 1950 y 2020 en Francia. Pero la cifra ascendería a 330.000 si se tienen en cuenta hechos perpetrados por laicos que trabajaron en instituciones religiosas.
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El presidente de la Ciase, el ex alto funcionario Jean-Marc Sauvé, presentó el informe en París. Sauvé señaló que hasta inicios de 2000, la Iglesia católica en Francia mostró una “cruel indiferencia” con las víctimas de estos abusos que tuvieron un “carácter sistémico”.
Abusos sexuales dentro de la Iglesia: problema sistemático
Francia no es un caso aislado. Según un informe de 2018, al menos 3.677 niños fueron víctimas de abusos de religiosos en Alemania entre 1946 y 2014. Y según abogados independientes, se presentaron en Estados Unidos más de 11.000 denuncias.
Otros escándalos estallaron en Chile, Canadá o Australia. En abril, expertos mandatados por la ONU, pero que no hablan en su nombre, pidieron al papa Francisco que actúe y expresaron su “gran preocupación” por las numerosas acusaciones.
El pontífice argentino ha convertido la lucha contra las agresiones sexuales en una de sus prioridades. Francisco considera que estas conductas hacen del clero un “instrumento de Satán”, y publicó en 2020 un manual para gestionar denuncias en la Iglesia.
La respuesta del Vaticano: ¿suficiente?
Mientras tanto, un comunicado del Vaticano reza que el papa Francisco “piensa ante todo en las víctimas, con inmenso dolor por sus heridas y con gratitud por su valentía para denunciar”. También desea que la Iglesia francesa, “consciente de esa terrible realidad”, “emprenda un camino de redención”.
Sauvé, católico practicante de 72 años, entregó el informe de más de 2.000 páginas, “una pesada carga tanto en el sentido literal como figurado”, a responsables de la Conferencia Episcopal (CEF) y a la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia (Corref), que lo encargaron.
La respuesta del episcopado francés fue más allá que la del papa. El presidente de la CEF, monseñor Éric de Moulins-Beaufort, expresó su “vergüenza” y “determinación a actuar”. “Mi deseo en el día de hoy es pedirles perdón”, dijo ante víctimas y prensa.
Delitos prescritos o agresores fallecidos
La Ciase inició sus trabajos en febrero de 2019 tras una serie de escándalos. Como el del sacerdote Bernard Preynat, condenado en 2020 a cinco años de prisión por abusos en los años 70 y 80.
Las primeras cifras avanzadas ya dieron muestra del horror. De los 115.000 sacerdotes o religiosos hombres censados en los últimos 70 años en Francia, hubo “entre 2.900 y 3.200 pederastas”.
Los chicos de entre 10 y 13 años representan el 80 por ciento de sus víctimas. Otra de las conclusiones del informe es que la Iglesia católica, fuera de la familia y los amigos, es el ambiente donde la prevalencia de las agresiones sexuales es mayor.
Además de evaluar el alcance de los hechos, los expertos (que incluyen abogados, teólogos, psicólogos, historiadores, entre otros) evaluaron la respuesta de la Iglesia. De esta manera, formularon 45 propuestas para reconocer el dolor de las víctimas, evitar otros casos y reformar el derecho canónico.
Seis asociaciones de víctimas indicaron en un comunicado que esperan “respuestas claras y tangibles”. Una de las víctimas, Véronique Garnier, señaló que la publicación de los casos “es histórica. Ya no podrán decirnos que ensuciamos la Iglesia, que hay que pasar página”.
La Ciase pide a la Iglesia que reconozca su responsabilidad “sistémica”. Además, que ponga en marcha ceremonias públicas para honrar a las víctimas y que deje claro que el secreto de confesión no cubre esos delitos, que deben ser denunciados a la justicia.
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Otra de las recomendaciones es indemnizar a las víctimas por los “daños sufridos”, pero con el patrimonio de los agresores o de la Iglesia y no con aportaciones de los fieles.
La mayoría de los hechos están prescritos y sus autores ya fallecieron, por lo que es improbable un recurso a la justicia. El episcopado francés ya prometió para 2022 indemnizaciones financieras, algo que no suscita unanimidad entre las víctimas.
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¿Por qué abortar no es tan grave como violar y bombardear niños?
En la Colombia rural, 53 % de las mujeres que abortan de manera clandestina sufren complicaciones médicas. La despenalización es mucho más que un asunto de derechos
Por: Violeta Guetnamova
agosto 11, 2021
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Foto: Vidal Romero
En Colombia, la prohibición del aborto representa para muchas mujeres una sentencia de muerte, sufrimiento, estigmatización y enfermedad, sostenida a partir de la violación de la Constitución Política Nacional, que proclama al país como un Estado laico.
Sin embargo, los diferentes gobiernos han hecho uso de pseudoargumentos, provistos de una alta carga religiosa, al tiempo que soslayan el elevado índice de muerte infantil. Así sucede, por ejemplo, en La Guajira, donde de 2010 a 2018 murieron 4.770 niños indígenas a causa del hambre y el abandono estatal.
Dichos pseudoargumentos tienen el objetivo de manipular la opinión de un sector analfabeto políticamente y coartar desde el Ejecutivo, tal como lo evidencian las declaraciones de Iván Duque en 2020: “Soy una persona provida, creo en la vida desde la concepción”. Sin manifestar argumentos científicos, desconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y, con ello, se le condena a asumir los riesgos físicos y psicológicos que conlleva la interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina.
La prohibición del aborto es un tema de salud pública, pero también político. Y en el caso de la posición oficial, en Colombia expresa una doble moral de quienes se han declarado provida y fomentan, al mismo tiempo, la estigmatización y penalización de las mujeres que se ven obligadas a abortar clandestinamente.
Estas posturas y políticas oficiales son las mismas que lamentablemente han facilitado la inviabilidad de una maternidad planificada y deseada, porque la decisión autónoma de las mujeres ha sido suplantada por las posturas provida acientíficas propagadas por los herederos de la inquisición, quienes simultáneamente defalcan el presupuesto para salud, alimentación y educación, entre otros, incluyendo la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos, que podría minimizar el índice de embarazos adolescentes e indeseados.
Dicho presupuesto económico se pierde en la maraña de la corrupción, la publicidad provida y la disminución del mismo para estos temas. La expresión de esta doble moral se evidencia en que, por ejemplo, prohíben el aborto esgrimiendo el derecho a la vida, pero ordenan el bombardeo contra niños, la desaparición, tortura, violación y asesinato de cientos de jóvenes. Al tiempo, declaran que exigir la despenalización del aborto es, por ejemplo, según la opinión de un congresista del partido ultraderechista Centro Democrático, aludir “al falaz argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo”.
Sin duda, la despenalización del aborto no solo dignificaría a la mujer y reconocería sus derechos sexuales y reproductivos, sino que también daría solución a una necesidad apremiante, ya que de acuerdo con estudios realizados por la organización Médicos del Mundo, “la mitad de los abortos practicados en el mundo son inseguros, incluyendo 8 millones de prácticas que utilizan métodos altamente arriesgados, como la inserción de cables en el cuerpo de las mujeres”. En Colombia, conforme a informes del Institute Guttmacher, el 33 % de las mujeres que abortan de manera clandestina sufren complicaciones médicas, llegando este índice al 53 % en zonas rurales, lo cual reafirma que la tipificación del aborto también acentúa la desigualdad social.
Según informes de la OMS, la despenalización del aborto reduce el riesgo de mortalidad por interrupción voluntaria del embarazo en un porcentaje de uno por cada 100.000 abortos, ya que las mujeres tienen acceso oportuno a procedimientos seguros; por lo anterior, la penalización de este, lejos de ser una solución, es un obstáculo jurídico y moral que pone en riesgo la integridad física y psicológica de millares de mujeres. Muchas de quienes abortan sufren de hemorragias, infecciones, desprendimiento del útero y demás patologías que si no causan la muerte, a mediano o largo plazo pueden generar infertilidad e incluso cáncer.
Para que Colombia avance en este tema, es necesario que el Estado y la sociedad en su conjunto reconozcan integralmente los derechos de las mujeres; entre ellos, el derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual implica, a su vez, una transformación sociocultural. La tipificación del aborto, aparte de atentar contra la vida de las mujeres, las discrimina y ciertamente fomenta la cultura patriarcal y machista aún muy arraigada este país. Por todo lo anterior, es un imperativo social y político el reconocimiento del aborto como derecho universal de las mujeres.