¿Qué le pasa al Congreso?

Pese a que mantiene altísimos niveles del desfavorabilidad, el Congreso no da señales de que esa situación le interese; al contrario, toma controvertidas decisiones y protagoniza polémicos episodios.

Contra viento y marea, y sin importarle la oposición de un sector de la opinión pública, el pasado 20 de octubre el Congreso aprobó un polémico artículo que reformó la Ley de Garantías. El mico, que hace parte de la Ley de Presupuesto General para 2022, levanta la prohibición para celebrar convenios interadministrativos durante la próxima temporada electoral.

Una mala imagen

Para expertos y opositores al Gobierno, lo aprobado por el Congreso tiene un beneficiario: los políticos que buscan con dineros públicos aceitar sus maquinarias políticas para obtener o mantener una curul en las próximas elecciones legislativas. “La aprobación por el Congreso (…) de un articulito que suspende la Ley de Garantías es grave no solo por su impacto negativo para las elecciones del próximo año, sino además por cuanto es groseramente inconstitucional“, escribió Rodrigo Uprimny en su habitual columna de El Espectador.

Pero la cuestión no paró allí: en la Cámara de Representantes, el artículo fue aprobado sin mayor discusión y en medio de atropellos contra los representantes opositores por parte de la mesa directiva de la Cámara, como lo denunciaron Inti Asprilla y José Daniel López. “Dato: el ‘debate’ de anoche sobre la Ley de Garantías duró 44 minutos. Muchos trámites bancarios y notariales se demoran más”, escribió López en su Twitter.

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Y en esa jornada, transmitida por los canales oficiales del Congreso, el desconocido representante a la Cámara por Guainía, Anatolio Hernández Lozano, se hizo famoso en todo el país cuando, con completa naturalidad, dijo al aire: “¿Cómo voto?”. “Anatolio vote sí”, se le oyó decir a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. El episodio ha sido leído como un acto de cinismo por parte de los “honorables padres de la patria“, e incluso se investiga si Arias y Hernández violaron la ley y el reglamento del Congreso.

Las encuestas poco favorables

Pocos días después, Invamer publicó su encuesta bimensual sobre la aprobación del presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia, en la que no le va nada bien al Congreso. Si bien la desfavorabilidad del Legislativo bajó unos cuantos puntos, al pasar del 86 por ciento en agosto al 82 por ciento, todavía se mantiene bastante alta y muy cercana a la del ELN, que es del 92 por ciento.

Desfavorabilidad del Congreso
Desfavorabilidad del Congreso. Fuente: Encuesta Invamer, octubre 2021.

Esta mala imagen no es coyuntural y parece que la tendencia se mantendrá así. Un análisis histórico de las encuesta da cuenta de que, luego del gobierno de Andrés Pastrana, el Congreso mantuvo una imagen desfavorable que osciló entre 54 y 47 puntos durante los dos mandatos de Álvaro Uribe y la primera mitad de la primera presidencia de Juan Manuel Santos. Incluso, en dos ocasiones bajó al 38 por ciento. Sin embargo, en junio de 2012, la desfavorabilidad aumentó de manera abrupta al 69 por ciento y mantuvo un incremento constante hasta alcanzar los niveles actuales.      

Cabe destacar que esta tendencia negativa va de la mano con el desprestigio de la mayoría de las instituciones del país, pero en especial de los partidos políticos, que también registraron un constante aumento desde el gobierno de Santos. En ese momento, la desfavorabilidad de los partidos políticos pasó de los niveles que rondaban el 50 por ciento a superiores al 80 por ciento. Según la encuesta de Invamer, esta cifra alcanzó 86 por ciento en octubre, 3 puntos menos que la medición anterior.

Desfavorabilidad de los partidos políticos.
Desfavorabilidad de los partidos políticos. Fuente: Encuesta Invamer, octubre 2021.

El desprestigio institucional, encarnado en el Congreso y en los partidos políticos, va de la mano de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción. De manera paulatina, desde el gobierno de Álvaro Uribe este flagelo ha comenzado a ser percibido como uno de los mayores problemas. Incluso, según la encuesta, en algunas mediciones hechas durante la pandemia, llegó a ser superior que el problema económico y de desempleo. Así mismo, 91 por ciento de los encuestados considera que la corrupción ha empeorado en el país.

Percepción de la corrupción.
Percepción de la corrupción. Fuente: Encuesta Invamer, octubre 2021.

¿Le importa al Congreso su mala imagen?

Como afirmó a Diario Criterio el precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, “los congresos tienen mala imagen en el mundo entero y en Colombia siempre la han tenido, pero nunca había llegado a los niveles que tiene hoy”. Según él, si se hiciera una encuesta, tendría mejor “imagen Nicolás Maduro que el Congreso colombiano”. La frase es una exageración, pero no dista de la realidad. El mandatario venezolano tiene una desfavorabilidad de 94 por ciento, 12 puntos más que de la del Legislativo.

En ese sentido, es válido preguntarse: ¿les interesa a los congresistas colombianos tener esa mala imagen? Y las respuestas son poco optimistas. Los congresistas, precandidatos presidenciales y candidatos al Legislativo consultados por Diario Criterio coincidieron en que a muchos de sus colegas no les importa la opinión ciudadana. Y eso se debe, en palabras de Cristo, a que, “en Colombia, buena parte de los políticos tienen otros mecanismos para detentar el poder como el clientelismo y la contratación estatal”.

El representante José Daniel López cree que a los legisladores poco les importa la reputación ante la opinión pública porque no es indispensable para llegar o mantenerse en el Congreso. “A las mayorías del Congreso –dice el representante a la Cámara– no les importa perder credibilidad con decisiones como la Ley de Garantías y con hacerles conejo a reformas importantes por una razón elemental: es que ellos no viven electoralmente de la credibilidad sino de las maquinarias y de la mermelada. Luego, parte de la racionalidad es que cualquier costo reputacional es bien venido siempre y cuando ayuden a aceitar sus maquinarias”.

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Una afirmación que tiene buen sustento empírico. La mayoría de los senadores y representantes a la Cámara se destacan por su falta de protagonismo y por estar alejados de los reflectores de la opinión pública. ¿Cuántos colombianos conocían a Anatolio, más allá de sus cerca de 3.700 electores con los que conquistó una de las dos curules del Guainía? En su caso, él obtuvo el segundo lugar, con 25,50 por ciento de las votaciones y 14 por ciento del censo electoral del departamento.

En otras palabras, para mantener su lugar en la Cámara, tiene que esforzarse para que alrededor de 4.000 personas voten por él. Así, no necesita involucrarse en temas de trascendencia nacional y puede mantener a sus electores con pequeñas iniciativas. Y Anatolio también se vuelve ejemplo. En la legislatura de 2018, propuso el proyecto de ley para declarar “patrimonio cultural de la Nación el Festival de las Colonias, encuentro de tres culturas en el municipio de Puerto Inírida, departamento de Guainía”.

Una institución desconectada

El incremento de la desfavorabilidad ocurre también por la desconexión con la realidad que tienen los congresistas. “Este Congreso ha demostrado estar desconectado con la realidad y con lo que necesitan los ciudadanos. Y tampoco le importa porque, creen que pueden suplir esa desconexión con la politiquería”, dice el candidato al Senado Miguel Samper.

Un concepto con el que coincide el doctor en ciencias políticas e investigador Iván Garzón Vallejo. Si bien Garzón afirma que la desfavorabilidad del Congreso hace parte de una crisis global por la que atraviesan las democracias liberales, también considera que el problema en Colombia se ha profundizado por “la desconexión de los congresistas con la realidad social y económica que vivimos durante la pandemia”. Ese argumento podría explicar, entre otras cosas, por qué, pese a la oposición de la ciudadanía, el Congreso siguió adelante con la aprobación de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla y solo la retiró cuando las calles se llenaron de indignados.

Explicar ese fenómeno no es fácil, pero tiene que ver con la mecánica con la que se hace política en el país. Las redes clientelares permiten que los políticos obtengan una curul sin lograr mayor conexión con el votante. Ejemplo de ello es todo el caso de compra de votos de Aída Merlano.

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Además, dice Garzón, las élites políticas no representan las necesidades, los reclamos y las angustias de los ciudadanos promedio porque se encuentran “en una burbuja marcada por el privilegio”, cuyas únicas vías de comunicación con los ciudadanos son los operadores políticos (asesores, caciques políticos o líderes sociales) que, a fin de cuentas, les transmiten una visión fragmentada de la realidad.

Así las cosas, el futuro en las próximas elecciones no pinta bien. Algunos sectores y candidatos hacen un llamado a que la ciudadanía escoja mejor a sus representantes. Y muchos tienen la esperanza de que casos como lo sucedido con la reforma tributaria de Carrasquilla o el de la Ley de Garantías sean decisivos para renovar al Congreso. Un deseo que no es tan fácil de cumplir.

4 Comentarios

  1. Buén informe
    Muy triste pero muy cierto
    “Este Congreso ha demostrado estar desconectado con la realidad y con lo que necesitan los ciudadanos.”
    La anterior frase lo dice todo y nuestro presidente y su gobierno también

  2. El mismo ciudadano tiene en parte la culpa. Vende su voto por un tamal, una teja, una carretilla, “un puestico” asi sea temporal en alguna alcaldia o entidad del Estado. En redes se dice una cosa y a la hora de votar se hace otra. Un ciudadano que no es coherente entre lo que dice y lo que hace. Falta madurez politica en el ciudadano comun quien poco lee y si lo hace poca comprension de lectura tiene. Solo acierta es a insultar por redes y de ahi no pasa.

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