Guerra por la paz: la pelea de Goebertus, Archila y De la Calle por la implementación

Mientras el Gobierno defiende su gestión en la construcción de paz y culpa de los retrasos a la anterior administración, sus opositores le reclaman coherencia y fórmulas más efectivas para reparar a las víctimas y proteger a los excombatientes.

“Uno siente que hemos regresado una o dos décadas atrás, a los momentos más oscuros de Colombia”. Con esas palabras, Humberto de la Calle, jefe negociador del acuerdo de paz, se despachó contra el Gobierno de Iván Duque por su aparente lentitud en la implementación de lo pactado en La Habana.

En entrevista con el diario español El País, De la Calle dijo que el uribismo, tras ganar las elecciones de 2018, se dedicó a criticar y trabar los acuerdos. Asimismo, aseguró que, mientras el presidente habla de paz ante la comunidad internacional, su gobierno no responde por el problema de la tierra, la violencia y el narcotráfico.

“En el fondo hay fuerzas que han dificultado el cumplimiento de elementos clave. Uno, el de los cultivos ilícitos, que existen y son un problema innegable, pero la propuesta del Gobierno ha sido regresar a la fumigación aérea que no es sostenible”, expresó. 

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Las palabras del excandidato presidencial no pasaron desapercibidas. Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, salió al paso de las críticas y dijo que los avances del Gobierno son “serios y verificables”

Archila le dijo a De la Calle que la implementación es un proceso de largo aliento y que, incluso, la Corte Constitucional ha dicho que se necesitan 15 años de trabajo para lograr verdaderos avances. “Desconocer los progresos en la implementación no ayuda a la construcción de paz”, aseguró el consejero. 

La batalla de las cifras 

Archila detalló en varios puntos los avances del programa Paz con Legalidad y aprovechó para lanzar varias pullas a la anterior administración. Aseguró que el Gobierno ha hecho inversiones históricas, que rescató el programa de sustitución de cultivos e indemnizó miles de familias víctimas del conflicto armado.

“De un acuerdo sin financiación, planeación ni ruta, pasamos a una implementación real y equitativa. En 2020 se destinaron $9,8 billones a ese proceso y para 2021 hay $10,7 billones (…) se han indemnizado individualmente a 260.485 víctimas con una inversión de $2,19 billones”, dijo Archila. 

Según los datos entregados por el consejero, el Gobierno destinó 1,2 billones de pesos a 100.000 familias que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Asimismo, aseguró que se han invertido 16.000 millones de pesos para consolidar la situación de 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación (AETCR). 

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Aunque Humberto de la Calle no se ha vuelto a pronunciar, a Archila le apareció otra contendiente. Se trata de la representante a la Cámara Juanita Goebertus, que, con datos en mano, intentó debatir punto a punto la defensa del consejero. 

“La planeación e implementación del acuerdo de paz avanzan muy lentamente. “Hoy solo se han expedido 3 hojas de ruta de las 16 que se requieren. Además, los líderes de estos territorios critican la falta de participación ciudadana en este proceso”, dijo Goebertus.

La congresista afirmó que, con el ritmo del Gobierno, la reparación de las víctimas tardaría 59 años, a pesar de la prórroga de la Ley de Víctimas. En cuanto al apoyo a campesinos que trabajan en la sustitución, dijo que los ajustes del Ejecutivo son insuficientes. 

“De las familias: 92 por ciento no cuentan con un proyecto productivo, 19 por ciento no han recibido todos los pagos de asistencia alimentaria. 12 por ciento no cuentan con asistencia técnica integral y 20 por ciento no cuentan con seguridad alimentaria”.

Goebertus reconoció los esfuerzos en el trabajo con los reincorporados; sin embargo, denunció que el 48,1 por ciento de los firmantes de paz no tienen acceso a un proyecto productivo. Asimismo, dijo que no solo se debe trabajar en los AETCR, pues cerca del 70 por ciento de los reincorporados viven fuera de esos espacios sin seguridad, educación y salud. 

Como Archila destacó el avance de los programas PDET, con una inversión de $5,3 billones en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, Juanita Goebertus también le debatió esas afirmaciones. 

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“Los $5,3 billones corresponden a recursos asignados, más no invertidos. Además, no existen sistemas públicos de información que permitan hacerle seguimiento diferenciado al porcentaje invertido en PDET por fuente de financiación”, respondió la congresista. 

Finalmente, la pelea se centró en la actualización del catastro en los municipios priorizados. Mientras Goebertus dice que, para finales de 2020, solo 4 de los 170 municipios estaban actualizados, Archila dice que los territorios con catastro al día pasaron de un 5,6 por ciento al 15,3 por ciento.

¿Qué dicen los garantes?

El último informe del Instituto Kroc sobre el acuerdo de paz permite dar otra mirada a la implementación. Para este organismo, que hace parte de la Universidad de Notre Dame, lo más preocupante es la situación de seguridad en el país y el poco avance en el punto dos del acuerdo sobre participación política. 

“La implementación del Acuerdo Final en Colombia está entrando en una nueva fase, con mayor enfoque territorial, en la que se debe construir sobre los logros anteriores y reforzar dinámicas de transformación positiva en las zonas más afectadas por la violencia”, dice el instituto. 

El asesinato de 442 líderes sociales y cera de 270 excombatientes, desde la firma del acuerdo de paz, sigue siendo la mayor deuda de la implementación.

Los firmantes de paz reclaman mayor seguridad y avances en la implementación. Foto: AFP
Los firmantes de paz reclaman mayor seguridad y avances en la implementación. Foto: AFP

Resalta el instituto Kroc que “las prioridades hacia el futuro incluyen reducir las brechas socioeconómicas entre el campo y la ciudad, asegurar la reincorporación a largo plazo de los y las excombatientes, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en las medidas transversales de los enfoques étnico y de género”

En cuanto al punto uno del acuerdo, Reforma Rural Integral, el informe señala que las medidas deben ser implementadas de manera incluyente y participativa. Sobre el catastro en los municipios PDET rescata que la Consejería para la Estabilización y Consolidación obtuvo un préstamo del Banco Mundial y el BID, por lo que se presentarán buenos resultados a corto plazo.

El polémico punto cuatro, sobre la solución al problema de las drogas, presenta retrasos importantes, según el último informe. “Lamentablemente, los asesinatos de participantes, líderes y lideresas del PNIS continuaron, lo cual generó un fuerte miedo en ellos y en sus comunidades”

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Por último, el Instituto Kroc señala que el punto cinco y seis, Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto e Implementación, Verificación y Refrendación, registró importantes avances. “Esto se debe principalmente a que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) ya se encuentran operando”. 

“El acuerdo colombiano es, tal vez, el más comprensivo del mundo y requerirá de más de una década para completar su implementación (…) La meta para este y los próximos gobiernos debería ser ahondar en las disposiciones ya empezadas y comenzar a implementar aquellas no iniciadas, especialmente a nivel territorial”, concluye el instituto.

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