Las deudas que el Gobierno de Iván Duque deja en la implementación de la paz

Según un informe de 18 congresistas de diferentes partidos políticos, en los últimos cuatro años, la seguridad rural se deterioró gravemente y los procesos de sustitución de cultivos, reincorporación y reparación de víctimas se estancaron. Una de las causas de este diagnóstico es la falta de recursos y voluntad política.

El Gobierno de Iván Duque terminó rajado en el tema de la paz. Aunque el propio presidente recorrió el país e hizo giras internacionales para mostrar las bondades de su política ‘Paz con Legalidad’ –incluso publicó un libro que lleva el mismo nombre y escribió junto con el consejero Emilio Archila–, diferentes informes de los garantes y acompañantes del proceso dejan ver que el estado real de la implementación es crítico.

El balance más reciente salió este martes, firmado por senadores y representantes a la Cámara de la Alianza Verde, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, el Polo y el Centro Democrático. En el documento se enumeran los problemas en temas como la seguridad, el estado de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las reformas pendientes, entre otros.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe tiene que ver con el incremento del 5,5 por ciento en la tasa de homicidios entre 2017 y 2021. Los más afectados fueron los municipios PDET, los mismos que durante años sufrieron con más fuerza la guerra. En estos lugares el índice de homicidios creció 38,9 por ciento desde que se firmó el Acuerdo.

A esto se suman las masacres, asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, así como el incremento en el número de víctimas de minas antipersona y desplazamiento forzado. Sobre las masacres, el informe presenta una cifra dramática que habla de un aumento del 287 por ciento de los casos, esto entre 2016 y 2022.

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Frente al tema de los líderes sociales, una de las cosas que más preocupa es el índice de impunidad de los crímenes. Mientras la Defensoría del Pueblo habla de 779 líderes y defensores de derechos asesinados tras la firma de la paz; la Fiscalía avanza en la investigación de 320 casos, de los cuales solo 79 han terminado en sentencia condenatoria.

“El Gobierno de Iván Duque no ha logrado garantizar la seguridad territorial y, al contrario, ha permitido que las comunidades más vulnerables sigan siendo afectadas y que el control por parte del Estado en muchos territorios sea prácticamente nulo”, dice el informe sobre esta serie de problemáticas.

Para los investigadores, las fallas de la administración actual tienen que ver con la formulación de políticas que se quedan en el papel, un liderazgo civil débil del sector seguridad que no reconoce errores; una comprensión deficiente y simplista de los fenómenos de seguridad territorial; y la ausencia del ambiente reformista en el sector.

Entre las políticas que no han funcionado está el Plan de Acción Oportuna (PAO), una propuesta del Gobierno para frenar los homicidios de líderes sociales. Esta idea no tuvo resultados claros porque, según los autores del informe, reduce el problema de los asesinatos al narcotráfico.

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Reforma rural, un pilar ignorado de la paz

El Acuerdo de Paz fijó como meta clave para superar el conflicto la transformación del campo a través de la entrega de 3 millones de hectáreas y la formalización de otras 10. Además, estableció que era necesario implementar el catastro multipropósito y crear los planes de desarrollo con enfoque territorial.

A la fecha, el Fondo de Tierras ha recibido 1,9 millones de hectáreas, de las cuales solo se ha distribuido 25,3 por ciento a campesinos y comunidades étnicas. El informe alerta que, hasta el momento, en las regiones de Arauca, Chocó, el Pacífico medio y la frontera nariñense, que cuentan con planes PDET, no se han entregado tierras.

En cuanto al catastro multipropósito, las metas del Gobierno chocan con las del Plan Marco de Implementación (PMI). Mientras en el Plan de Desarrollo apenas se habla de actualizar el catastro de los municipios PDET para 2022, el PMI dice que todos los municipios del país deberían contar con este mecanismo en 2023.

Sobre los PDET, el informe llama la atención por las malas cifras de acceso a servicios públicos –menos de la tercera parte de la población tiene acceso a una fuente de agua y 23 por ciento de los hogares no tiene electricidad– y educación, ya que la tasa de analfabetismo en estas regiones aún es tres veces mayor que el promedio nacional. 

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Las deudas de la reincorporación

Tras la firma de los acuerdos, 13.609 excombatientes de las Farc entregaron 8.994 armas. Actualmente, cerca del 94 por ciento de ellos siguen comprometidos con la paz; sin embargo, un gran número está a la espera de los proyectos de reincorporación y reclaman medidas de seguridad.

Según el informe, con corte a marzo de 2020 el 36,3 por ciento de los excombatientes no estaban vinculados a un proyecto productivo; es decir, que no han recibido los recursos por parte del Gobierno. Para los autores, una de las principales causas del rezago en la reincorporación es la desconexión entre instituciones y excombatientes.

“En el Acuerdo quedó plasmada una visión, mientras que la institucionalidad ha desarrollado su gestión con una lógica resistente al cambio y en la realidad se ha dado un proceso muy autónomo por parte de las personas en proceso de reincorporación que no ha sido dimensionado por la institucionalidad”, dice el informe.

Los excombatientes denuncian que sus condiciones de vida en algunos espacios de reincorporación no son óptimas y que quienes abandonaron esos lugares no han recibido ayudas de vivienda. Así mismo, aseguran que se han visto obligados a abandonar dichos espacios por las condiciones de seguridad.

Según las cifras de la Fiscalía, 296 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo y tan solo el 12,1 por ciento de los casos están en etapa de ejecución de penas.

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¿Fracaso del PNIS?

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos vinculó a más de 99.000 familias que erradicaron exitosamente más de 45.000 hectáreas de hoja de coca. Aunque el Estado se comprometió a brindarles alternativas productivas, la cifra total, un poco más de la mitad, tienen proyectos productivos de ciclo corto y apenas el 2,4 por ciento proyectos de ciclo largo.

“Los retos más grandes están en Meta y Córdoba, ya que en cada departamento hay más de 4.000 familias sin proyecto productivo”, resalta el informe. Cabe destacar que, además de las fallas de origen en el diseño del PNIS, la sustitución se ha visto afectada por la presencia de grupos armados en los territorios y el interés del gobierno de Duque de impulsar la erradicación forzada.

“Esa estrategia no generó un gran impacto en la reducción de cultivos, pero sí en el desplazamiento de estos a los territorios colectivos y de protección ambiental, la conflictividad social y la pérdida de legitimidad de las autoridades. En muchos territorios la fuerza pública solo hace presencia para llevar a cabo actividades de erradicación, generando tensiones con las comunidades”, dice el informe.

Para los autores, el próximo gobierno tendrá que corregir ese enfoque y darse cuenta que el número de hectáreas erradicadas solo es un indicador, pero no demuestra cambios en los territorios. La otra tarea de la próxima administración será salvar el PNIS, pues desde su creación hasta el momento no está claro de dónde saldrá la planta para financiarlo.

Otros pendientes de la implementación y cómo atenderlos

Para los congresistas autores del informe, el punto de atención a las víctimas requiere mayor compromiso del Gobierno y las instituciones competentes. Por ejemplo, piden que la JEP materialice “de manera pronta y clara” las sanciones contra los actores del conflicto armado.

Así mismo, hablan de aumentar las capacidades institucionales para acelerar la búsqueda de desaparecidos y reparar a las víctimas. De las más de 9,2 millones de víctimas registradas, tan solo el 16,5 por ciento han sido indemnizadas. “A ese ritmo, nos tomará 61 años llegar a todas”, agrega el informe.

Otro punto clave es el enfoque de género y étnico, que actualmente son ignorados por muchas entidades. Sobre los recursos de la paz, piden priorizar la ejecución de 5,3 billones de pesos anuales en los PDET, realizar una reforma el Sistema General de Participaciones y velar por la transparencia en el manejo de la plata.

Por último, están las responsabilidades del Congreso, que deberá tramitar y aprobar una serie de leyes fundamentales para el Acuerdo, muchas de las cuales se hundieron en la pasada legislatura. En la lista entran la ley de tierras, la de especialidad agraria, la reforma política y la reforma a la ley de víctimas.

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