La impunidad y los crímenes que avivaron las protestas del paro nacional

Diario Criterio consultó en qué van las investigaciones sobre los asesinatos de algunos de los jóvenes en medio de las protestas y que habrían sido cometidos por policías.

Tras un año del paro nacional que duró 35 días entre marchas, movilizaciones, protestas y saqueos, el balance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre las violaciones a los derechos humanos, es cuestionable.

La primera conclusión que se puede extraer del informe que presentó la propia Fiscalía, es que ha sido muy rápida para judicializar a los jóvenes de la Primera Línea, pero lenta a la hora de endilgarles responsabilidades a los policías que habrían cometido crímenes, en medio de las protestas.

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Para no ir muy lejos, basta con citar una sola cifra de ese balance del ente investigador, para medirle el aceite a esa entidad sobre la forma como viene actuando en torno a las presuntas irregularidades y hasta crímenes, al parecer cometidos por miembros de la fuerza pública, concretamente patrulleros de la policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

De acuerdo con ese balance de la Fiscalía en poder de este medio, de las 4.269 denuncias, solo 260 de ellas terminaron en procesos judiciales: 57 se encuentran en etapa de investigación, 179 en juicio, 23 casos en condena y una con aceptación de cargos.

Lo llamativo, es que 4.009 de esas denuncias (o sea el 93 por ciento) aún siguen en etapa de indagación; es decir, todavía no ameritan ser consideradas una investigación formal.

Mientras que, por las acciones legales contra los integrantes de la Primera Línea, hay 21 casos activos con 110 indiciados, imputaron a 107 personas y presentaron 75 escritos de acusació́n.

Como si lo anterior no fuera suficiente, de los casos activos solo cinco están en etapa de indagación, nueve en investigación, seis en juicio y un caso en ejecución de penas. La efectividad ha sido tal, que en esos procesos la Fiscalía ya logró el 80,9 por ciento de esclarecimiento.

Una situación que preocupa, al recordar que muchas de las denuncias de agresiones contra los manifestantes que siguen engavetadas o sin mérito legal para avanzar, están relacionadas con supuestos delitos que van desde lesiones, homicidios, desaparición forzada y violencia de género.

Diario Criterio indagó sobre el estado actual de las investigaciones en torno a las agresiones más emblemáticas y que se convirtieron en detonantes que aumentaron la indignación de los manifestantes y terminaron en nuevos estallidos sociales en ciudades como Cali (Valle), Pereira (Risaralda), Ibagué (Tolima) y Popayán (Cauca).

En ese grupo de víctimas aparecen los jóvenes Joan Nicolás García Guerrero, Alison Salazar Miranda, Marcelo Agredo Inchima, Santiago Andrés Murillo Meneses y Lucas Villa Vásquez.

¿Sicarios de La Cordillera?

Protestas: qué pasó con el caso de Lucas Villa
Lucas Villa, el rostro de la tragedia que indigna a todo un país

Sobre el asesinato del estudiante universitario Lucas Villa Vásquez, lo único que se conoce con certeza, es que se trató de un crimen planeado.

A ese hecho se añade que el caso está repleto de presuntas irregularidades sobre la forma como las autoridades atendieron los actos urgentes que se activan posterior al crimen. Dicho en otras palabras, al parecer no hubo la debida diligencia para conservar la escena del crimen.

A esa conclusión llegó Sidssy Uribe Vásquez, hermana materna de Lucas. Para ella, es evidente que al fiscal del caso le ha faltado celeridad, “Después de casi un año de que a Lucas lo asesinaron, después de que la Fiscalía del fiscal Barbosa celebró que en menos de 20 días habían dado con el asesino de Mauricio Leal, el peluquero de estrato 6, hoy no tenemos nada”, aseguró la joven Uribe Vásquez, durante entrevista a este medio.

Como se recordará, Lucas Villa fue baleado en la noche del miércoles 5 de mayo cuando se hallaba en uno de los puntos de bloqueo en el viaducto de Pereira. El universitario recibió cuatro de los ocho disparos que le hizo el sicario y huyó en una moto.

La primera versión que manejaron las autoridades, es que ese crimen habría sido ejecutado como retaliación por la fuerte oposición de Lucas a la venta de estupefacientes dentro del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Luego, el propio general Fernando Murillo, comandante de la Dijín, manifestó la posible relación de ese homicidio con sicarios de la temida oficina conocida como La Cordillera.

En su momento circuló en Pereira la versión de que ese asesinato era un crudo mensaje de esa estructura criminal, para obligar a los manifestantes a levantar los bloqueos en la ciudad, porque les estaría afectando el negocio ilegal del microtráfico.

Frente a esas hipótesis, Sidssy Uribe, hermana de Lucas, no dudó en catalogarlas de absurdas, e insistir que el móvil del crimen tiene visos de “haber sido planeado y ejecutado por agentes del Estado”.

Durante la entrevista con este portal, ella replicó con insistencia las palabras del alcalde de Pereira, Carlos Mayo, invitando a los ciudadanos a conformar “un frente común para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”.

En efecto, días antes del homicidio de Lucas, el alcalde Maya invitó a los pereiranos a conformar un frente común ya que sus palabras quedaron registradas en video.

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana. La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá. No la vamos a dejar en manos de los violentos”, expresó en su momento el alcalde Carlos Maya.

Posteriormente el mandatario local explicó que en su llamado nunca invitó a los pereiranos para que se armaran.

Alison y la agresión sexual

Alison Salazar Miranda
Alison Salazar Miranda

Alison Salazar Miranda era una adolescente de 17 años que se suicidó luego de denunciar públicamente en sus redes sociales, que fue víctima de una presunta agresión sexual por los agentes del Esmad que la detuvieron en medio de las protestas en Popayán (Cauca).

Su dolorosa historia fue tan indignante, que motivó otro estallido social en esa capital.

La detención de Alison se produjo a las 8:57 de la noche del 12 de mayo, en medio de protestas y desmanes que se presentaron en el barrio La Esmeralda de Popayán.

Kevin Acosta, periodista que transmitía en vivo las manifestaciones, a través de una plataforma de comunicación llamada Red Alterna, llegó al sitio exacto donde estaba Alison con los uniformados del Esmad y algunos patrulleros de la Policía que la habían detenido.

“Alcancé a ver que ella estaba sentada en el andén, luego llega un policía y le dice que se pare. En ese instante llega otro agente que le propina a la joven un golpe en el abdomen que no se alcanza a ver muy bien en el video. A partir de ahí comienza el forcejeo y ella les decía que era menor de edad, que la soltaran, que no hizo nada”, recordó el reportero.

En las imágenes que grabó el joven Acosta, se observa que los uniformados la llevan por la fuerza, sujetada de pies y brazos, sin esposar, hacia la sede de la Unidad de Reacción Inmediata, URI de la Fiscalía.

También se escucha cómo la joven Alison les reclama porque le estaban bajando el pantalón en el forcejeo. De acuerdo con la bitácora de las autoridades, la menor de edad fue entregada a su abuela a las 10:51 de esa misma noche.

Pero al día siguiente en Popayán circuló la noticia del suicidio de la adolescente y en medio de la marea de información y desinformación a través de redes sociales, señalaron al Esmad como responsable de su muerte.

El propio general Ricardo Alarcón, para entonces comandante de la Regional Cuatro de la Policía en todo el suroccidente colombiano, publicó un video desmintiendo versiones falsas sobre el hecho, “ante la noticia que viene siendo publicada en diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica, que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”.

En efecto, Alison nunca estuvo detenida en las instalaciones de la Policía, sino de la URI, no fue violada y su muerte se produjo al día siguiente, en su casa ubicada en el barrio El Uvo.

Lo que sí será materia de investigación, es la denuncia que hizo la propia víctima a través de su perfil de Facebook, sobre una posible agresión sexual por parte de los cuatro uniformados del Esmad que la detuvieron y por la fuerza la llevaron hasta la URI, tal como se observa en los videos.

Les tocó coger me (sic) entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnuando” (sic) quitando el pantalón”.

De la investigación que adelantó la Fiscalía, solo se sabe que confundió aún más, porque entre los delitos que indagan en el caso de Alison, es el de una supuesta violación, lo que nunca estuvo en consideración.

La razón es simple. Desde la propia víctima, pasando por sus padres, los abogados y colectivos feministas, se ha dicho hasta la saciedad que el delito que piden investigar no es el de violación, sino la agresión sexual de la que habría sido objeto por parte de los agentes del Esmad, cuando la detuvieron y llevaron por la fuerza hasta la sede de la Unidad de Reacción Inmediata URI, de la Fiscalía en Popayán.

El familiar del alcalde de Cali

Joan Nicolas García Guerrero
Joan Nicolas García Guerrero

El joven Joan Nicolás García Guerrero era hijo de un primo de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali (Valle).

Pero ni esa familiaridad sirvió para que la investigación de la Fiscalía diera la certeza de quién le disparó en la cabeza en la madrugada del 03 de mayo, cuando se hallaba en uno de los puntos de concentración de manifestantes en el barrio Calima de la capital del Valle.

Todas las versiones apuntan a que esa bala fue disparada por uno de los agentes del Esmad que llegaron a ese sector para levantar los bloqueos y dispersar a los manifestantes.

Sin embargo, de manera oficial las autoridades no han podido recaudar pruebas en ese sentido. Así se desprende de un documento público emitido por una dependencia de la alcaldía de Cali, al ser consultado sobre los hechos en los que fue asesinado el joven García Guerrero.

“Sobre el caso en particular no tenemos reporte de quejas o informes, pues, en general, las actividades realizadas desde esta Secretaría estaban dirigidas al acompañamiento a las actividades de protesta social para la intervención en la prevención y solución dialógica de conflictos. Es así como del caso del homicidio de JOAN NICOLAS GARCIA GUERRERO no tuvimos conocimiento o contacto directo al momento de los hechos, razón por la cual, no se realizó ningún tipo de reporte o informe”.

Así respondió el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Antonio Rentería Chalá, a una solicitud de información que le hicieran desde la Dirección Nacional de Investigación de la Procuraduría.

Señales de justicia en protestas

Le disparó por una patada

Marcelo Agredo Inchima
Marcelo Agredo Inchima

Otra de las víctimas dolorosas de los abusos de autoridad y agresiones presentadas durante la protesta social, sucedió el 29 de abril en Cali (Valle).

A diferencia de otras denuncias, en este caso la Fiscalía actuó de manera diligente y en menos 15 días ya había capturado e imputado al presunto responsable.  

En redes sociales circularon videos del momento exacto en el que un policía reacciona a la patada voladora que le propinó un muchacho, durante los disturbios en el mítico Distrito de Aguablanca, en la capital del Valle.

En las imágenes se observa al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández desenfundar su arma y accionarla en varias oportunidades contra Marcelo Agredo Inchima, el joven de 17 años que lo pateó. Uno de los disparos impactó en su cabeza y le causó la muerte de manera fulminante.

Las pruebas eran tan evidentes, que el 12 de mayo de ese mismo año, el patrullero Piedrahita Hernández fue capturado y cobijado con medida de aseguramiento intramural tras ser imputado por la Fiscalía, por el delito de homicidio agravado.

“De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado.

En la audiencia de imputación el fiscal narró los hechos, “En ese sitio se estaban registrando unos hechos de alteración del orden público en el marco del paro nacional del 28 de abril. Y, una vez en dicho sitio, estando sentado en la motocicleta asignada para el servicio, recibe una patada por parte del adolescente, ante lo cual Luis Ángel Piedrahita Hernández le dispara con su arma de fuego de dotación en dos ocasiones”.

No estaba en las protestas

Santiago Andrés Murillo Meneses
Santiago Andrés Murillo Meneses

Santiago Andrés Murillo Meneses, es la otra víctima que se convirtió en símbolo de los abusos policiales, pero esta vez en Ibagué (Tolima).

El joven de 19 años de edad fue asesinado en la noche del primero de mayo, a unas cuadras de su casa. Todo indicaría que a él lo impactó una bala en su pecho y que la misma, al parecer fue disparada por un policía.

En efecto, por ese homicidio la Fiscalía acusó a Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía, como presunto responsable de causarle la muerte al joven Murillo Meneses, en hechos ocurridos durante las movilizaciones en Ibagué (Tolima).

Según explicó el ente acusador, la investigación permitió conocer que el oficial, quien se desempeñaba como comandante de la estación norte de la capital tolimense, supuestamente disparó su arma de dotación de manera indiscriminada.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, uno de los disparos del oficial, al parecer impactó a la víctima de 19 años, que caminaba solo, rumbo a la casa y era ajeno a la protesta que se presentó esa noche en el sector donde sucedieron los hechos.

Junto con mayor fue capturado el teniente Andrés Parra. Pero solo el mayor Molano Bedoya fue acusado en septiembre del año pasado, por el homicidio del joven tolimense.

Para el fiscal del caso, “el mayor actuó desconociendo los protocolos para el manejo de la protesta pública, quebrantó el decálogo de manejo de armas, los Derechos Humanos y los enmarcados dentro del Derecho Internacional Humanitario”.

Igualmente, el Fiscal agregó que en la confusión de los hechos, el mayor Molano Bedoya habría huído en una motocicleta de la Policía y que en su lugar puso a un intendente con características físicas similares.

Finalmente, el fiscal del caso puntualizó que hacia las 2:40 de la madrugada del día posterior a los hechos, el mayor Molano Bedoya llegó a las instalaciones de la Fiscalía, entregó junto al teniente el arma de dotación, “la cual según el experticio técnico demostró la uniprocedencia con la bala hallada alojada en el cuerpo del joven y del arma de fuego del mayor”.

Más allá del resultado de las investigaciones que adelanta la Fiscalía con ocasión de las denuncias por presuntas agresiones de la Policía durante las protestas dentro del paro nacional de 2021, por ahora todo indicaría que el ente acusador pareciera llorar por un solo ojo.

Puede leer: El 93 por ciento de las denuncias recibidas durante el paro nacional siguen en indagación

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