Parque Nacional, un reflejo de la violencia y el abandono histórico de los pueblos indígenas
Han pasado más de cien días y 15 pueblos indígenas siguen asentados en el Parque Nacional. Su permanencia aún es indefinida y el problema es tan complejo que, el pasado jueves, el Ministerio del Interior intervino por primera vez para intentar reconstruir el puente roto entre el Distrito y los indígenas.
Cuando Enrique Olaya Herrera inauguró el Parque Nacional, por allá en 1934, lo concibió como un territorio de referencia, no solo para las comunidades circundantes, sino para congregaciones de distinta índole. Su nombre y su estructura le hacen justicia a ello, pero los hechos de los últimos meses no. Ahora es un campo de batalla entre los indígenas y el Distrito.
Los indígenas ya conocen mucho sobre la guerra. En sus territorios, los grupos armados ilegales toman cada vez más fuerza. Con amenazas, homicidios selectivos y el reclutamiento forzado, los han obligado a desplazarse a otras zonas del país. A Bogotá, cada tantos meses llegan comunidades indígenas, sobre todo de Chocó y Risaralda. De hecho, según la Unidad de Víctimas, entre 1985 y 2020, la ciudad recibió 21.072 indígenas víctimas de desplazamiento forzado.
Prueba de ello es lo que sucede desde septiembre de 2021, cuando por lo menos 800 indígenas llegaron a Bogotá buscando refugio y se instalaron en el parque Nacional. En un principio, se pensó que estarían allí temporalmente. No fue así. Luego de varias discusiones, reubicarlos se volvió una tarea compleja. Algunos se fueron al parque de La Florida, en el noroccidente de Bogotá, donde viven hacinados y en malas condiciones de salubridad.
La dificultad no solo se da por los desacuerdos con el Distrito; también porque no es una sola comunidad la que convive en el parque Nacional. A parte de los embera chamí, emberá katío y emberá dobidá, hay otros 12 pueblos: tullpa yanacona, kokonuko, wayuú, zenú, pijao mohan, eperara siapidara, nasa, uitoto, cumbaltar pasto, muisca gue gata thizhinzuqa, koreguaje y kubeo. Estas comunidades se organizaron bajo el nombre de ‘Autoridades Indígenas de Bakatá’ y, mal contados, ahora son entre 1.500 y 2.000 personas, una cifra que no se puede conocer con exactitud por la resistencia a que el Distrito los cense.
La estrategia del gobierno Distrital se ha centrado en presionar un rápido desalojo y en lograr el retorno de las comunidades, pero la toma indígena es mucho más compleja. Están pidiendo la reivindicación de los derechos que por años les han sido negados y que se les den garantías de alimentación, salud y vivienda.
El conflicto que se vive en el corazón de Bogotá se ha convertido en un espejo del abandono, la violencia y la indiferencia que sufren los pueblos indígenas de todo el país. El problema es tan complejo que no solo requiere la intervención del Distrito. Es un asunto nacional, al punto de que el pasado jueves el Ministerio del Interior intervino por primera vez, con la presencia de un asesor.
Con su mediación, se espera reconstruir el puente roto entre el Distrito y los indígenas, una labor que tendrá como prioridad la caracterización: el censo con el que se determinará cuántos son los indígenas asentados en el Parque Nacional y en el parque La Florida y cuántos quieren retornar a sus territorios.
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La caracterización: una tarea pendiente
Censar a los indígenas ha sido una labor complicada. De acuerdo con las comunidades, el Distrito ha ignorado el enfoque diferencial que ellos han pedido en distintas ocasiones. En total, el Gobierno distrital ha hecho cuatro intentos de caracterización. En todos, ha dicho que la comunidad es la que se resiste.
“Nosotros hemos tenido la disposición de caracterizarnos”, dice Jairo Montañez, defensor de Derechos Humanos del pueblo Wayuu, en uno de los cambuches en el que se reúnen las autoridades indígenas. “Hemos dicho que sí, pero bajo un enfoque diferencial. Aquí hay 15 pueblos y nueve lenguas nativas vivas y hablantes. Entre el 30 y 40 por ciento no se expresa ni manifiesta a través del castellano”, agrega.
María Violet Medina, líder del pueblo Nasa, se levanta del tronco grueso desde el que observa a Jairo, toma un palo de madera para explicar sobre la tierra cada una de sus palabras e interviene: “nosotros hemos pedido para ese proceso traductores que salgan de nuestras comunidades y dinamizadores”.
En sí, están pidiendo 15 dinamizadores, uno por pueblo, y 9 traductores, ya que hay pueblos que sí hablan el español, como el Kokonuko. “La administración ha dicho: yo le doy unos traductores. Y va y nos trae uno que no es de ningún pueblo aquí presente. O en su defecto, va y mueve a su gente indígena contratada en la constitucionalidad, que incluso han utilizado para que nos revictimicen. Nosotros les hemos dicho que 9 traductores, porque no vamos a echar mentiras”, agrega.
Los dinamizadores serán entonces el puente entre el pueblo, el traductor y la institucionalidad, y definirán, con cronograma, qué día se realizará la caracterización. Medina explica que hacer el censo de todos al tiempo es complejo, puesto que “el resto no podemos estar en función del pueblo que se va a caracterizar. Aquí se presentan desarmonías espirituales, familiares, de hambre. Aquí nosotros tenemos toda una vida que hacer y no podemos todas las autoridades volcarnos a un solo tema”.
Los indígenas también piden que se les garantice la alimentación durante las jornadas de caracterización, ya que ese sería un día de trabajo perdido para ellos. “Nosotros sabemos que les sale costoso darle de comer a todos los que estamos aquí. Entonces hagamos unas ollas comunitarias. Eso funciona para los pueblos indígenas. Una olla por pueblo o para toda la comunidad”, dice Medina.
“Necesitamos un tema de alimentación, en este parque el Distrito no le ha invertido un peso. Aquí no nos han traído una libra de arroz. Nosotros vivimos de donaciones”, agrega Medina. Sin embargo, esta petición es solo la punta de la lista de acciones que la comunidad espera del Distrito, el cual ha asegurado que desde 2020 ha invertido más de $4.719 millones en atención a la comunidad embera de la ciudad.
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Fuego cruzado
“¿Cómo pretenden llegar a un diálogo armónico? […] Al inicio nosotros dijimos que trajeran ellos los traductores, estábamos hasta dispuestos, pero como han sido tantos los daños que nos han hecho, han generado que entren personas armadas a buscar a los líderes puntuales, han hecho que los traductores que ellos traen insultan a la comunidad porque no se han ido a La Florida”, dice Medina.
Esa disputa entre las partes ha resultado en momentos de gran tensión. Por ejemplo, las comunidades rechazaron que el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, asegurara que los indígenas se estaban tomando el dinero en “cerveza, rumba y aguardiente”. También hubo señalamientos y culpas luego de que un bebé de seis meses muriera por las malas condiciones en las que vivía, en noviembre de 2021.
Se esperaba que estos enfrentamientos cesaran con la tutela interpuesta por el personero de Bogotá y su respectivo fallo, el cual ordenó a las autoridades del Distrito proteger y garantizar “sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, derechos prevalente de niños y niñas, integridad étnica, diversidad e identidad cultural, derechos de los adultos mayores, seguridad alimentaria, mínimo vital, vivienda en condiciones dignas”, entre otros. Esto no se ha cumplido.
La tutela también le ordenó al Distrito identificar un bien inmueble con condiciones de habitabilidad para los indígenas, mientras se resuelve su retorno a los territorios, en los 10 días siguientes a la notificación del fallo. El Distrito ofreció el parque La Florida, pero los indígenas manifestaron que esta no era una opción, por las malas condiciones. También se les ofreció un albergue en Ciudad Bolívar, pero los indígenas aseguraron que los habitantes de la zona habían rechazado su llegada y que las condiciones tampoco eran las adecuadas.
Pero no es solo la tutela y sus “incumplimientos”. Los indígenas expresan que el artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo Distrital 2020-2024, creado en un proceso de concertación entre ellos y el gobierno local, orientado a garantizar el enfoque diferencial y su supervivencia física y cultural en la ciudad, también ha sido un fracaso total en cuestiones de implementación. “Nosotros reconocemos que ellos no son indígenas y que no saben cómo implementar el enfoque diferencial, por eso hemos trabajado para decirles es de esta manera. […] Es un plan de desarrollo que tiene un 0.8 por ciento de implementación”, dice Montañez.
Los indígenas manifiestan que las faltas del Distrito también se han visto en la participación parcial de los pueblos indígenas en la política pública creada para ellos. “Estamos acá por un incumplimiento de manera sistemática y repetitiva por parte del Distrito, de unas políticas públicas que concertaron con unas de las comunidades que hoy están acá presente. El decreto 543 de 2011 [Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá], tenía vigencia hasta el 2021, hoy por hoy no sabemos qué va a pasar”, añade.
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¿Quedarse o irse?
Los indígenas del parque Nacional aseguran que varios tienen la voluntad de retornar, pero no quieren que se desconozca que hay familias que consideran mejor la reubicación en otra zona del país o en la misma Bogotá.
Para Luis Piamba, indigena Yanakona del Cauca, quien lleva más de 15 años en la ciudad, la mejor opción es que a él y a su pueblo se les permita quedarse en Bogotá o en sus alrededores. “Somos más o menos unas 60 familias las que queremos esta reubicación. Nos tocó llegar a Bogotá de manera obligada. Hay algunas familias que llevan 25 años acá. Yo llevo 16 años. Los actores armados ilegales y legales hacen un daño social en el territorio que nos obliga a salir. También el tema de los cultivos ilícitos, sobre todo la amapola”, cuenta.
A los que, por el contrario, deciden regresar se les entrega un kit. Este, sin embargo, es insuficiente y no resuelve el problema de fondo: el conflicto. “Un retorno no es entregar un kit de semillas, un equipo de herramientas, hojas de zinc , 7 bultos de cemento, una caja de clavos y $427.000 y decirles: tengan. Esta gente va a vender eso, se lo come, el conflicto llega otra vez y vuelven otra vez a Bogotá”, expresa Medina.
Los indígenas entienden que es el Gobierno Nacional el que debe garantizarles un retorno seguro así como las condiciones para que puedan vivir dignamente en sus territorios. “Nosotros le hemos dicho al Distrito que ellos tienen afán de traer al Gobierno Nacional al parque, pero que no se preocupen que el Gobierno tiene su parte de la torta. Nosotros tenemos dos agendas: una para el Distrito y una para el Gobierno. Sabemos que tenemos que sentarnos con la Unidad de Víctimas y otras entidades para resolver el retorno”, dice Medina.
Por lo pronto, todavía no hay bandera blanca con el Distrito, eso sí, los indígenas no están dispuestos a negociar sus principios. “Los derechos no se negocian, se garantizan”, asegura Montañez.
*La Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá le dijo a Diario Criterio que no está concediendo entrevistas, ya que en el parque Nacional “están avanzando varios procesos y reuniones con el Gobierno Nacional”.
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