Oro, guerra y otros males, las razones por las que los emberá salieron de Alto Andágueda, Chocó

Luego de las protestas y enfrentamientos de esta semana, el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá prometieron, una vez más, regresar a los indígenas emberá a su territorio ancestral. Sin embargo, como señalan algunos líderes de la comunidad, no basta con poner buses que los saquen de la ciudad y los dejen a su suerte. Esta es la historia de los indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andágueda. 

En tiempos prehispánicos, los pueblos emberá –katío, chamí, dodiba y eperara siapidara– compartían un solo territorio, así como una misma lengua y cosmovisión. Tras los procesos de colonización y el contacto con otras culturas, esa unidad se fragmentó y los emberá terminaron asentados en varios grupos sobre lo que hoy son los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba. 

Sobre la cuenca del río Andágueda, que atraviesa al municipio de Bagadó, anclado en la selva chocoana, creció uno de los grupos más emblemáticos de esta etnia. Se trata de los indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andágueda, quienes desde la colonia hasta hoy día han enfrentado amenazas y conflictos que los han llevado a desplazarse a ciudades como Pereira, Medellín y Bogotá. 

Para algunos, este pueblo ha sido víctima de una cruel maldición que se origina en la riqueza de su territorio, específicamente en las minas de oro. La ambición por este metal condujo a que empresarios, grupos armados y multinacionales llegaran a disputarse la tierra y los ríos, que por derecho ancestral les pertenecen a los emberá. 

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Así lo reconoció en diciembre de 1979 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que le dio luz verde a la creación del resguardo Tahamí del Alto Andágueda y le entregó 50.000 hectáreas de tierra. Sin embargo, como lo recordó la Comisión de la Verdad, para ese entonces la región ya estaba sumida en las guerras del oro. 

Ricardo Escobar, un empresario hijo de colonos paisas, se apropió de varias minas y desterró a los embera, impidiéndoles practicar el barequeo en los ríos. Todo esto con el apoyo de algunos sacerdotes y uniformados de la Policía. Precisamente en 1979, en un intento por recuperar sus tierras, los indígenas mataron a dos nietos de uno de los socios de las minas.

La guerra continuó por varios años y escaló con la llegada de diferentes grupos guerrilleros. La Comisión de la Verdad ha documentado decenas de enfrentamientos y masacres. Según la Unidad de Víctimas, tan solo entre 1987 y 1989 se registraron 52 muertos, 30 heridos, siete desaparecidos y seis secuestrados.

Con la incursión de los paramilitares creció la ola de violencia y miles de indígenas embera se vieron obligados a salir corriendo de su territorio, especialmente entre 2011 y 2013. Los constantes bombardeos del Ejército fueron determinantes en el desplazamiento de los embera. Según la Unidad de Víctimas, el resguardo recibió 11 ataques de ese tipo entre 2007 y 2015.

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“El desplazamiento no se dio por la pelea de las minas, se dio porque en el territorio hay unas Farc y hay un Ejército que entra a bombardear. Al katío no le da miedo que haya enfrentamientos, si hay enfrentamientos ellos se esconden, pero bombas, bombas sí”, dice un testimonio recolectado por la Comisión de la Verdad. 

Todo esto llamó la atención de la justicia colombiana, que en enero de 2013 pidió protección para los embera y suspendió los contratos mineros. Un año después, la comunidad y la Unidad de Restitución de Tierras presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Antioquia para restituir los derechos territoriales de los indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andágueda. 

A finales de 2014, el tribunal les dio la razón y emitió una sentencia histórica que canceló los títulos mineros –contrariando a la Agencia Nacional de Minería y a empresas como Continental Gold Limited y Anglogold Ashanti– y protegió las 50.000 hectáreas del resguardo. La sentencia, incluso, ordenó a varias entidades garantizar el retorno de los desplazados y la cobertura de servicios básicos. 

Sin embargo, muchos puntos clave del fallo se quedaron en el papel y cientos de indígenas emberá continúan en las calles de ciudades como Bogotá. En mayo de este año, después de haber vivido ocho meses en el Parque Nacional, cerca de 2.000 indígenas firmaron un acuerdo con la Alcaldía y aceptaron trasladarse a varios albergues. 

Desde ese entonces el tema no volvió a resonar en medios, hasta esta semana, cuando los indígenas, denunciando incumplimientos en los acuerdos y condiciones inhumanas en los albergues, salieron a las calles del Centro de Bogotá a protestar. La manifestación terminó en una batalla campal con agresiones entre indígenas y policías, que dejaron imágenes indignantes y varias preguntas. 

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El retorno de los emberá, incertidumbre y más violencia  

Aunque el Gobierno central y la Alcaldía de Bogotá dicen haber invertido miles de millones en el bienestar de estas comunidades, lo cierto es que no hay garantías para su estadía en la ciudad y menos para el retorno a sus territorios ancestrales. 

En la madrugada del jueves, tras la jornada de violencia que se vivió en la capital, el presidente Gustavo Petro se reunió con los embera y se comprometió a darle solución a sus problemas. “La paz en el Alto Andágueda, el empoderamiento de su reserva será fundamental para solucionar un problema de incomprensión étnica en el centro de Bogotá”, dijo puntualmente el mandatario.  

En la tarde, la Alcaldía anunció que instalarán un Puesto de Mando Unificado con el Gobierno para cumplir los acuerdos, garantizar los derechos de los embera y poner en marcha un “plan de retorno y reubicación”.

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Algunos se muestran optimistas al ver el interés directo del presidente; sin embargo, cabe recordar que anuncios como este ya se han presentado antes, que ya se han firmado varios acuerdos y que no son pocos los intentos de retorno a los resguardos. Además, como lo muestra la experiencia de la sentencia de 2014, no basta con el retorno; se necesita educación, seguridad, proyectos productivos, vivienda y salud.

Como lo contó el portal especializado en conflicto Verdad Abierta en 2017, las instituciones fallan a la hora de aplicar medidas de reparación porque no tienen en cuenta un enfoque diferencial. “Lo que vemos es que la mayoría solo quiere acomodar su ‘oferta institucional’ a como dé lugar”, dijo en ese entonces la líder Lucia Morillo al medio. No basta con contratar buses y llevar a los emberá hasta el Alto Andágueda para que continúen un duro camino solos. 

“Los retornos sucesivos tenían fallas estructurales que no contemplaban el daño personal y comunitario al ejercicio de la identidad cultural producto del desplazamiento forzado. Algunas medidas acordadas eran absurdas, como las cocinas industriales para la selva chocoana”, dijo José Luis Quiroga, quien ha sido abogado de las comunidades. 

Actualmente, a todos los problemas de los indígenas se suman los discursos de odio y racismo que buscan escudarse en hechos como los vividos esta semana en Bogotá. Por esta razón, quienes conocen casos como el de los emberá del Alto Andágueda aseguran que la solución a un problema que viene empeorando hace varias décadas no llegará de la noche a la mañana con anuncios oficiales. 

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