Según informes de la CIA, en los 90 hubo asocio de Ejército con paramilitares

Hace dos semanas, una Corte del Distrito Sur de Florida declaró la responsabilidad civil de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, por asesinar al líder social y periodista Eduardo Estrada Gutiérrez. De acuerdo con el portal National Security Archive, los demandantes presentaron como evidencias los informes de inteligencia de la CIA y el Departamento de Estado desclasificados que darían cuenta de una “relación de larga data entre las fuerzas de seguridad del estado colombiano y los paramilitares“.

El juez federal Edwin Torres, le dio plena validez a los documentos y a otro material probatorio y ordenó a Macaco a pagar 12 millones de dólares a los familiares de la víctima.

El juicio contra Macaco

Tras haber hecho parte de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el entonces presidente, Álvaro Uribe, en 2008, ordenó la extradición a Estados Unidos de Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar. Allí, fue condenado en 2011 a 33 años de prisión por narcotráfico.

Ante la posibilidad de que los distintitos crímenes de lesa humanidad quedaran en la impunidad, la Comisión Colombiana de Juristas y el Center for Justice and Accountability emprendieron, en junio de 2010, un litigio en contra de Macaco ante la Corte del Distrito del Sur de Florida. Ambas ONG se centraron en el asesinato de Eduardo Estrada Gutiérrez y la tortura de su esposa y pidieron una compensación por los daños causados.

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Macaco, gracias a las negociaciones que hizo con la justicia estadounidense, solo cumplió la tercera parte de su sentencia. A mediados de 2019 quedó en libertad, pero fue deportado a Colombia. Dos años después, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Jiménez por 162 hechos delictivos, entre ellos, el del periodista Estrada, declarado crimen de lesa humanidad. Macaco aceptó la responsabilidad y está a la espera de la condena.

Entre tanto, el juicio por responsabilidad civil continuó en Estados Unidos y el pasado 27 de septiembre el juez federal Edwin Torres falló a favor de los demandantes.

Relación entre militares y paramilitares

De acuerdo con el portal National Security Archive, el juez Torres, en su sentencia, citó una gran cantidad de pruebas que demuestran que el Bloque Central Bolívar “operaba en una relación simbiótica con actores estatales colombianos en el Magdalena Medio de Colombia”. Entre este material se encuentran desclasificados al menos 10 documentos de inteligencia de la CIA y el Departamento de Estado.

El documento de la CIA de marzo de 2001 y presentado por el portal da cuenta de cómo unos meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército fue benevolente con el Bloque Central Bolívar en un operativo en contra de ellos. Si bien hubo detenidos, estos quedaron libres un mes después y sus armas les fueron devueltas.

Uno de los informes citados que más llama la atención tiene que ver con la relación de altos oficiales con estructuras militares. Uno, con fecha de marzo de 1998, dice que el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, en Urabá, era uno de “los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia”. La acusación la hizo un exoficial del que habló con un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. La fuente también dijo que Del Río había ordenado a sus subordinados “cooperar con los paramilitares”.

No los querían combatir

El artículo de National Security Archive también afirma que los documentos “muestran que los funcionarios estadounidenses tenían serias dudas sobre si el Ejército colombiano tenía algún interés en combatir los grupos paramilitares”. Y esa renuencia se debía a que eran considerados “aliados de facto contra los insurgentes de izquierda”. La conclusión a la que llegaron los funcionarios norteamericanos se dio luego de que un comandante del Ejército dijera que ellos “no tenían ningún interés en perseguir a los paramilitares“, porque “no amenazaban el orden constitucional mediante actividades subversivas”.

“Un cable de enero de 1999, firmado por dos altos funcionarios del Departamento de Estado, denunció que ‘el paramilitarismo ha seguido creciendo en Colombia’ y que ‘el Gobierno ha hecho poco para enfrentarlos’”, dice el artículo.

Para los funcionarios estadounidenses, el desinterés del Ejército en combatir a los paramilitares llevó a que el conflicto colombiano llegara a un “punto muerto estratégico”. Según el documento de inteligencia de enero de 1998, el Departamento de Estado afirmó que, ante esa ineficacia por parte de las fuerzas armadas, era probable que los niveles de violencia y de violaciones a los derechos humanos aumentaran.

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Los demás documentos presentados en el juicio y publicados National Security Archive agregarían material probatorio a la hipótesis que, por años, las organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y la academia han trabajado: la alianza entre militares y paramilitares en el marco del conflicto armado.

Esta vez, sin embargo, quienes señalan dicha relación no son ni más ni menos que la CIA y el Departamento de Estado.