Las invasiones de tierras, una historia de nunca acabar

Llamadas recuperaciones por unos y por otros, invasiones, las tomas de tierras son un fenómeno recurrente, síntoma del problema irresuelto de la propiedad rural en el país.

Desde hace algunos días el país vive una oleada de tomas de tierras que afectados y autoridades llaman invasiones y quienes las efectúan las denominan recuperaciones. El fenómeno viene ocurriendo en, por lo menos, siete departamentos, pero ha sido más evidente en Cesar y en Cauca. Expertos han dicho que el inusitado incremento de las tomas se debe, en buena medida, a las expectativas generadas por la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y su propuesta de llevar a cabo una reforma agraria.

Sin embargo, funcionarios de la administración de Petro han rechazado estas acciones y dijeron que quienes “quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”. Incluso, el 30 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, les dijo a los indígenas del Cauca que tenían 48 horas para desalojar los terrenos invadidos, ultimátum que los indígenas se negaron a cumplir. Al contrario, aseguraron que “vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”, e invitaron a “las comunidades que en otras regiones de Colombia están haciendo la lucha directa por la tierra a que no se salgan de las fincas”.

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Usuarios de las redes sociales y varios medios han querido relacionar esta oleada con la llegada de Petro y sembrar un panorama apocalíptico, pero pocos saben que este fenómeno se presenta cada tanto en el país y tiene que ver con las expectativas y frustraciones que causan los anuncios de distintos gobiernos de llevar a cabo una reforma agraria. En el caso de los indígenas del Cauca, las tomas actuales hacen parte de una estrategia de ocupación de haciendas y fincas que lleva 17 años.

Invasiones o tomas, una larga historia

La toma o invasión de tierras tiene un largo recorrido en la historia del país. Desde por lo menos la década de los años veinte del siglo pasado hay registros de tomas o invasiones que cada tanto se repiten. Los puntos más altos han ocurrido en momentos en que los temas de la propiedad rural y la reforma agraria toman algún protagonismo, tal y como sucede en la actualidad.

Una de las olas de invasiones y tomas de tierras más importantes ocurridas en los últimos 100 años fue la protagonizada por la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) de 1971, en respuesta a la frustración de las expectativas generadas por la reforma agraria implementada por Alberto Lleras Restrepo (1958 – 1962) y revitalizada por su primo Carlos Lleras Camargo (1966 – 1970).

En 1961, Lleras Restrepo, consciente de que la pacificación del país pasaba por resolver los conflictos en el campo, promulgó la Ley de Reforma Agraria. Desafortunadamente, en los años siguientes poco se pudo avanzar en su aplicación y durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962 – 1966) quedó en el olvido.

Lleras Camargo creía que la razón por la que la reforma agraria andaba a paso de tortuga era porque no contaba con una base social. Para él, “toda política de cambio social requiere una activa y dinámica participación del pueblo”. Así que, una vez en la Presidencia, promulgó, en 1967, el decreto que creó las asociaciones de usuarios campesinos y un año después salió la ley que modificaba la Ley de Reforma Agraria.

Ambos hitos, lejos de solucionar los conflictos sociales en el campo, los agudizaron. Los propietarios de haciendas y grandes fincas expulsaron a aparceros y arrendatarios de sus tierras para evitar que el gobierno se las titulara. En respuesta, los campesinos desalojados y sin tierra recurrieron a las invasiones.

“La tierra pa’l que trabaja”

Hacia 1970, en el país había cerca de un millón de campesinos afiliados a alguna asociación de usuarios en más de 600 municipios. Con el fin de aunar esfuerzos y agilizar la aplicación de la reforma agraria, entre el 6 y 7 de julio, estas asociaciones se reunieron en Bogotá y crearon la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

El entusiasmo por la ola reformista acabó a pocos días de la fundación de la Anuc. El 7 de agosto de 1970, Lleras Camargo entregó el mandato a Misael Pastrana (1970 – 1974), quien ganó las elecciones bajo la sombra del fraude. El nuevo presidente conservador no solo le echó tierra la reforma, sino que atendió los pedidos de los congresistas terratenientes de hacer una nueva a la ley de Lleras Restrepo, que, en la práctica, sería una contrarreforma.

Los campesinos, defraudados, incrementaron las invasiones y hacia finales de 1970 e inicios de 1971 idearon un plan nacional de invasión de tierras que se hizo realidad el 21 de febrero.

Con el lema “La tierra pa’l que trabaja”, miles de familias dieron comienzo a la primera oleada de tierras que se extendió hasta, por lo menos, 1978. De acuerdo con el libro Rupturas y Continuidades (IEPRI, 1998), de Leopoldo Múnera, en siete días, 16.000 familias llevaron a cabo 316 invasiones en 13 departamentos, la mayoría, en el Caribe colombiano. A finales de 1971, la Anuc volvió a protagonizar la invasión de más de 100 fincas.

Mientras el gobierno declaraba ilegal esas invasiones y enviaba a la fuerza pública a desalojar a los invasores, los campesinos decían que esas acciones eran justas. Un panfleto de la Anuc de 1971 decía: “Las tomas de tierras no son sino una protesta consciente de los campesinos por la situación inhumana de miseria y pobreza que han tenido que vivir por culpa de la injusta distribución de la propiedad de la tierra. Los campesinos sin tierra hemos sido explotados durante siglos, engañados con promesas electorales y llevados a pelear entre nosotros mismos en nombre de banderas azules o rojas”.

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Si bien, en los próximos años las tomas continuaron, no fueron del tamaño de las presentadas en 1971. Lo que si aumentó fue la estigmatización y persecución al movimiento campesino, al tiempo que las ilusiones de reforma agraria se diluyeron.

Con el pasar de los años, la contrarreforma agraria impulsada por Misael Pastrana, sintetizada en el Pacto de Chicoral de 1972, se acentuó por fenómenos como el acaparamiento de tierras por parte de narcotraficantes, extorsiones y secuestros a agricultores y ganaderos por parte de la guerrilla.