Escándalo MinTic: capturas, delaciones y rumores de este novelón costeño

Tras la captura de los tres implicados en la falsificación de la póliza que usó Centros Poblados como garantía para ejecutar el contrato MinTic, todo indicaría que los funcionarios de esa entidad y la propia exministra saldrán inmunes, entre otras revelaciones. Estas son las razones

El escándalo por el fallido contrato por más de un billón de pesos entre la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTic), con el que se pretendía llevar internet gratis a 7.000 escuelas ubicadas en zonas apartadas de Colombia, acaba de tener una semana agitada llena de revelaciones, rumores y decisiones judiciales.

Pero en medio de esa marea de especulaciones sobre la supuesta extradición de algunos implicados por haber usado el sistema financiero estadounidense para mover parte de los 70.000 millones del adelanto o la inminente delación de congresistas salpicados en el escándalo, pasó inadvertido un hecho de gran calado: la investigación judicial no salpicará a los funcionarios del MinTic.

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Resulta que, en la audiencia de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque Torres y Juan José Laverde Martínez, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado en concurso heterogéneo, la fiscal del caso aseguró que a los funcionarios del MinTic “los indujeron al error” por parte de los imputados al entregar pólizas falsas.

Así las cosas, para la Fiscalía es claro que la investigación por este caso partirá del presupuesto legal de que los funcionarios del ministerio actuaron de buena fe y que todo lo malo que pasó con ese escándalo fue obra de terceros, descartando de plano cualquier participación de alguno de ellos en ese entramado.

El asunto es llamativo porque en la adjudicación de ese contrato participaron de manera directa al menos una docena de directivos del MinTic, incluso, tal como lo reveló el Instituto Anticorrupción que lidera Camilo Encizo, al verificar las cerca de 400 reuniones efectuadas antes, durante y después del proceso contractual en la sede del ministerio, en ellas habrían participado, además de los contratistas de Centros Poblados, Víctor Muñoz Rodríguez, actual director del Departamento Administrativo de Presidencia.

Los servidores públicos que quedarían bien parados en el proceso penal son Sandra Orjuela Méndez (subdirectora de gestión contractual), Adriana Vanessa Meza Consuegra (secretaria general) y Camilo Alberto Jiménez Santofimio (supervisor del contrato). Esto también explicaría por qué la exministra Karen Abudinen solicitó ser admitida como víctima en ese proceso judicial.

¿Cortinas de humo para MinTic?

Para rematar, esta misma semana se supo que, desde el pasado 15 de septiembre, la Fiscalía designó a su delegado Gabriel Ramón Jaimes Durán, para estudiar si abre o no investigación contra la exministra Abudinen por el escándalo de Centros Poblados. Es el mismo fiscal del caso Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. La designación de Jaimes Durán se tomó justo cuando las capturas dentro del proceso penal reavivaron el tema.

Vale la pena recordar que contra la ministra existe una denuncia radicada el 18 de agosto por Erick Urueta, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial en Cartagena. En un texto de diez páginas, el activista cartagenero no solo pidió que la investigaran penal y disciplinariamente por los presuntos delitos de prevaricato por acción, omisión y peculado por apropiación, sino que solicitó suspenderla del cargo.

Lo que sí pasó, es que el propio presidente Iván Duque le pidió la renuncia a su ministra el pasado 9 de septiembre, en medio de la presión social y mediática, luego del desgaste político tras el debate de moción de censura que le hicieron en el Congreso.

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Sumado a lo anterior y paralelo a la revelación de la tesis de la fiscal del caso, en la que quedan como víctimas varios funcionarios del MinTic, en redes sociales y medios de comunicación los reflectores se posaron sobre un hecho llamativo, pero que resulta marginal para el grueso de la investigación: los congresistas que habrían servido de conexión entre Centros Poblados y la Casa de Nariño, para evitar la caducidad del contrato.

Incluso, el propio presidente, Iván Duque, que hasta la fecha había mantenido una prudente distancia con el problema, se acercó a los medios y de manera desprevenida respondió a una pregunta que le hiciera una periodista de Blu Radio, sobre las versiones del supuesto ventilador que encendería Emilio Tapia.

“Que se conozca toda la verdad y que caigan todos los responsables; esa ha sido la consigna desde el primer día. (…) y estoy, además, con la ilusión de ver a todos estos delincuentes que han sido capturados, contando realmente cómo era que tenían pensado hacerle ese desfalco al Estado. Por eso, aquí lo que queremos es toda la verdad y sanciones ejemplarizantes”, dijo Duque.

El factor Estados Unidos

El asunto sirvió para que la opinión pública mordiera el anzuelo y no se hablara sobre lo de fondo: ¿Por qué la Fiscalía descartó de tajo que funcionarios del ministerio habrían participado en el entramado criminal?

La inquietud no es de poca monta si recordamos que antes de que se adjudicara ese contrato había mucho ruido mediático en torno a supuestos favorecimientos. Incluso, el senador Armando Benedetti publicó un trino en ese sentido el 7 de diciembre de 2020, cuando los colombianos estaban preocupados por encender las velitas.

“¿No debería revisarse el proyecto de sitios rurales por 2.1 billones de pesos de @MinTIC_responde? Un asesor del despacho asesora a un oferente y descalifica a un líder mundial en internet satelital”, escribió el senador en Twitter.

Ese dato es crucial porque una fuente le confirmó a Diario Criterio que para esa fecha esos rumores llegaron hasta la propia embajada de Estados Unidos.

La misma fuente explicó que el interés de la embajada por el tema nació porque, justamente entre los competidores en la puja en franca lid por el contrato, había una empresa estadounidense que ya había expresado sus molestias y que las mismas habrían llegado al MinTic y Presidencia.

Para la fuente, ese hecho sumado a la denuncia presentada ante la sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes, el Departamento de Justicia y el FBI de los Estados Unidos, explican la diligente actuación de las autoridades gringas en todo este entramado.

¿Rumbo a la extradición?

En efecto, gracias a la colaboración del FBI, las autoridades colombianas lograron rastrear el rumbo que tomaron los 70.000 millones del anticipo que el ministerio le entregó a Centros Poblados y que en realidad fueron consignados a una cuenta bancaria de un paraíso fiscala ubicado en Delaware, Estados Unidos.

Esa información fue clave para descubrir que detrás de ese entramado había una empresa llamada Nuovo Security y que entre sus socios figuraba Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, el mismo dueño de Funtic, una de las cuatro empresas que conforman la unión temporal de Centros Poblados.

Es decir, el anticipo por 70.000 millones de pesos que debía ser usado para la compra de equipos de comunicación y así cumplir con el objeto del contrato, en realidad salió de un bolsillo de Centros Poblados y fue a parar al otro bolsillo de los mismos socios, pero en un paraíso fiscal.

Ese dato fue tan revelador y podría ser la punta del iceberg para futuras extradiciones de los implicados en el escándalo de Centros Poblados. Por ahora, la contundencia de esa colaboración gringa sirvió para que Cáceres Bayona se convirtiera en el “garganta profunda” del caso.

Eso explicaría por qué hoy Cáceres Bayona es el testigo estrella de la Fiscalía. Como se acogió a un principio de oportunidad para suspender la acción penal contra él, a cambio está colaborando con las autoridades, entregando pruebas consistentes en decenas de conversaciones por WhatsApp.

Precisamente esos chats le permitieron a la Fiscalía asegurar que el cerebro detrás de todo ese entramado criminal para desfalcar al Estado, es el polémico excontratista Emilio Tapia Aldana.

Tapia Aldana sería el dueño de tres de las cuatro empresas que integran la unión temporal Centros Poblados. Se trata de las empresas ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costas SAS y Omega Buildings Constructora SAS, que en total suman el 65 por ciento de la composición accionaria. El restante 35 por ciento es para la empresa Funtic de Cáceres Bayona.

Por todo lo anterior, en el avance de la investigación judicial por el escándalo del contrato entre MinTic y Centros Poblados, por ahora los únicos salpicados serán los contratistas, porque dentro de este entramado criminal los funcionarios públicos fueron víctimas, según la Fiscalía. Asunto, que aún está por verse en un escándalo que, desde ya, ha sido llamado el Carrusel de la Contratación de Barranquilla y, para algunos más viejos, el nuevo 8.000 de la Costa Caribe.

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