La curiosa reducción de golpes contra ‘narcovuelos’ en el gobierno Duque
¿Por qué las inmovilizaciones e incautaciones de vuelos mafiosos cayeron estrepitosamente en los cuatro años de Duque?
La lucha contra el narcotráfico parece ser otro de los frentes de batalla llenos de baches y lunares durante el gobierno del presidente, Iván Duque, que culmina este 7 de agosto.
Al problema de los cultivos ilícitos, la fumigación con glifosato y la producción y tráfico de cocaína ahora se suma un dato curioso: los vuelos mafiosos.
Resulta que, durante los cuatro años de su mandato, los golpes de las autoridades en torno a la incautación e inmovilización de aeronaves pertenecientes al narcotráfico cayeron estrepitosamente.
Hay que aclarar que esa tendencia a la baja ya se había presentado durante el segundo mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuyas operaciones contra los vuelos mafiosos bajaron de 329 en 2014 a solo 79 operaciones en 2016.
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No obstante, y aunque en 2017 los golpes contra los vuelos mafiosos aumentaron a 121 casos, lo cierto es que durante el gobierno del presidente Duque, esas operaciones exitosas se redujeron de manera dramática.
Solo para tener una idea, cifras reveladas por el Ministerio de Defensa demuestran que los golpes contra los vuelos mafiosos en Colombia entre enero y mayo de 202, solo llegaron a 24.
El mejor año para las autoridades en ese sentido fue 2018. Se debe advertir que el periodo Duque arrancó el 7 de agosto de ese mismo año, por lo cual debe compartir las cifras con el gobierno anterior.
En 2019, las autoridades solo incautaron e inmovilizaron 46 aeronaves; otras 27 en 2020 y apenas 26 en 2021.
Fuentes de inteligencia policial consultadas por este medio y que pidieron omitir sus nombres no les dieron mayor relevancia a las cifras y, por el contrario, aseguraron que esos datos demostrarían que, en materia de control de tráfico aéreo, las autoridades han sido contundentes y obligaron a que los narcotraficantes cambiaran de modalidad.
Sin embargo, ese argumento se cae de su peso con algunos casos muy publicitados en torno a vuelos mafiosos.
Vuelos mafiosos
Solo por recordar algunos, basta mencionar el escándalo alrededor del vuelo mafioso con 446 kilos de cocaína incautado en un avión que había llegado al aeropuerto de Providencia.
En su momento, el caso alzó vuelo mediático no solo por la cantidad de droga incautada, sino porque en el entramado resultó salpicado Miguel Jaramillo, dueño del avión y esposo de la comediante Alejandra Azcárate.
Aunque oficialmente Jaramillo no fue vinculado al proceso y, por el contrario, pidió ser admitido como víctima, lo cierto es que el caso terminó con la captura e imputación de los tripulantes de la aeronave de matrícula N722KR.
En el historial de vuelos mafiosos hay otro caso aun más exótico y que en su momento tuvo relevancia mediática porque el piloto salpicado resultó ser el mismo que colaboró con transporte aéreo en las candidaturas de figuras del Centro Democrático.
Se trata del desaparecido piloto Samuel David Niño Cataño, quien transportó al senador Álvaro Uribe, la representante Jennifer Arias y el presidente Iván Duque durante sus campañas políticas.
Incluso, investigaciones adelantadas por el portal La Nueva Prensa y la fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su momento revelaron que Niño Cataño y su empresa Llanera de Aviación fueron aportantes de la campaña al Senado de Uribe y contratistas de la Aeronáutica Civil.
La importancia del caso del piloto Niño Cataño es que, al parecer, él habría muerto durante el accidente de un vuelo mafioso que se precipitó a tierra en Guatemala, el 3 de diciembre de 2019.
Aunque oficialmente las autoridades guatemaltecas solo determinaron la identidad de una de las víctimas fatales durante el siniestro aéreo, a quien identificaron como “Lino Nevado Sthormes, natural del estado venezolano de Zulia y expiloto de la Fuerza Aérea venezolana”, desde La Nueva Prensa aseguraron que el otro muerto sería Samuel David Niño Cataño.
El piloto de la mafia
Ese mismo año (2019) la Fiscalía, en colaboración con la Policía, ocupó 6.330 bienes por un valor estimado de 66.260 millones de pesos que pertenecían a un reconocido piloto de la mafia.
El afectado con la extinción de dominio fue el piloto colombiano Juan Carlos Ramírez Taborda, más conocido en el bajo mundo de la mafia con el alias de Manicomio, por la manera temeraria como transportaba el alcaloide.
Ramírez Taborda se sometió a la justicia de Estados Unidos en 2010, donde una Corte de la Florida lo sentenció a nueve años de prisión por el tráfico de toneladas de cocaína. El narcopiloto regresó a Colombia el 29 de abril de 2019, luego de pagar su condena.
Según las autoridades colombianas, Ramírez Taborda inició sus actividades ilícitas en 2001 como piloto de la organización criminal de Daniel el ‘Loco’ Barrera y, posteriormente, se habría vinculado a la estructura de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo.
Según informes de inteligencia, alias Manicomio consolidó una flotilla de 40 pilotos para llevar cargamentos de cocaína desde pistas clandestinas en el estado Apure (Venezuela) hasta países de Centroamérica e islas del Caribe, con destino final a Estados Unidos.
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Vuelos chárter de la mafia
Otro hecho que demostraría que los vuelos mafiosos aún no son cosa del pasado, tal como lo indicarían las estadísticas de las autoridades, reposa en la propia Fiscalía General de la Nación.
Ocurrió en septiembre de 2021, cuando el ente investigador reveló un duro golpe propinado a una red dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, a través de vuelos chárter.
La Fiscalía también dijo, en su momento, que los cargamentos de cocaína, al parecer, salían de pistas clandestinas y de un aeropuerto en el Pacífico colombiano.
En esa operación ocho personas fueron capturadas, entre ellas, el gerente de una agencia de servicios aeronáuticos, pilotos profesionales y un controlador aéreo.
Las diligencias judiciales se realizaron en Bogotá, Cartago (Valle), Soledad (Atlántico), Villavicencio (Meta), Nuquí, Bahía Solano y Quibdó (Chocó).
“La estructura narcotraficante quedó en evidencia gracias a la acción investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, y el apoyo de la agencia estadounidense DEA”, informó el ente investigador a través de un comunicado.
Entre los detalles que la investigación de las autoridades arrojó aparecen que las aeronaves, posiblemente, eran abastecidas y acondicionadas para ocultar los estupefacientes y mejorar su autonomía de vuelo en hangares del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla (Atlántico).
Los investigadores aseguraron que, posteriormente, las aeronaves eran trasladadas a zonas costeras de Sucre y Chocó, donde, supuestamente, las cargaban con la sustancia estupefaciente y coordinaban su salida a Estados Unidos y países de Centroamérica.
De acuerdo con el material de prueba, los chárter, en su mayoría, despegaban del aeropuerto de Nuquí (Chocó) y pistas clandestinas ubicadas en el corregimiento de Corral Viejo, en San Benito de Abad (Sucre).
Uno de los presuntos articuladores del andamiaje ilícito fue identificado como Luis Fernando Heredia Bermúdez, alias Feria, gerente de una agencia de servicios aeronáuticos que cubre rutas en el Pacífico colombiano. Este hombre, según la Fiscalía, sería el encargado de agendar los planes de vuelo de las aeronaves que llevaban los alijos de cocaína.
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Un documento del gobierno de Duque, titulado ‘Política de Defensa y Seguridad PDS – Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad‘, demostraría que el tráfico aéreo de estupefacientes no haría parte de su estrategia en la lucha contra el narcotráfico.
Ese documento de 85 páginas, que habla de todos los planes en materia de seguridad, solo dedica dos párrafos al tema y en los siguientes términos en el capítulo sobre “Eliminar los corredores de las economías ilícitas y fortalecer la interdicción”.
“Se potencializarán las capacidades de interdicción, con el fin de evitar la salida de sustancias ilegales de Colombia. En el caso de la interdicción marítima, se adoptarán modelos de trabajo entre la Armada Nacional, la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación para mejorar los procesos de judicialización”.
Añade dicho documento: “Adicionalmente, se buscarán acuerdos de cooperación con los países fronterizos para establecer mecanismos que permitan extender dichas capacidades contra las rutas que emplean los narcotraficantes fuera del territorio nacional”.
Y remata con el siguiente párrafo: “El uso de tecnología con drones y el intercambio de información con países fronterizos y aliados, así como la coordinación de operaciones de control militar de área con las Fuerzas Militares vecinas potenciará el control sobre los ríos fronterizos”.
Es probable que la caída en las inmovilizaciones e incautaciones de aeronaves pertenecientes al narcotráfico sea parte de una tendencia en el cambio de modalidad del tráfico de cocaína y que ahora se habría concentrado en rutas marítimas.
Pero también es llamativo que se descarte de plano que los vuelos mafiosos dejaron de despegar desde las pistas clandestinas o públicas de Colombia.
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Es prioritario investigar porque en el pliego de condiciones se contrata por unos alimentos totalmente diferente a los que el contratista finalmente entrega a los soldados. ¿Quién parte el dinero no utilizado con el contratista? Los dos cometen el delito de peculado por acción.