Los ‘golazos’ de último minuto de Iván Duque a los futbolistas

Una de las muchas virtudes que Iván Duque mostró hace cuatro años, en su campaña a la Presidencia de la República, fue su habilidad para hacer cabecitas y jugaditas con el balón de fútbol, la misma que ha mostrado en los últimos días de su administración al anotar varios goles en favor de la dirigencia de este deporte, la Dimayor.

Hace unos días, el Ministerio del Trabajo decidió, de un solo plumazo, archivar una querella que había ordenado continuar con la investigación que adelantaba en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor por negarse a negociar las peticiones que presentó la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro) para conseguir unas mejores condiciones laborales.

Ni siquiera se tuvo en cuenta el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estuviera enterada del caso y hubiera decidido mediar. Lo único importante era ayudarles a los patrones del fútbol, en especial, a Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor e íntimo amigo del presidente Duque.

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Y una segunda decisión, nuevamente en contra de los intereses de los futbolistas, está a punto de darse tras todo tipo de presiones. Varias fuentes consultadas por Diario Criterio advierten que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estaría a punto de aceptarles a la Dimayor y a los equipos unas garantías que, aunque suenan bien de entrada, de fondo entierran la posibilidad de que esa entidad investigue y sancione a equipos y dirigentes por actuar como cartel. Esta última jugadita, según abogados y asesores de la SIC, también buscan congraciar a Jaramillo desde la Casa de Nariño.

Para entender esta vergonzosa derrota antideportiva de los jugadores (el eslabón más importante del fútbol, pero el menos respetado) hay que regresar el partido.

El VAR del Ministerio de Trabajo, pero sin video

Desde hace varios años, la Acolfutpro ha buscado que los derechos, intereses y opiniones de los jugadores sean incluidos dentro de la compleja estructura de este deporte.

Las protestas de los jugadores en las canchas, pancartas, amagues de paro y todo tipo de acciones judiciales han sido frecuentes en los últimos años para que los clubes profesionales y la dirigencia se siente a negociar con ellos y lleguen a acuerdos, tal y como ha ocurrido en muchos países como España, Inglaterra, Argentina o Perú.

Desde que Acolfutpro nació como una agremiación, en 2004, la respuesta de los dueños de los equipos y dirigentes ha sido la de rechazarlos. En parte, porque aceptar que los jugadores puedan tener voz y participación en el mundo del fútbol es algo impensado en un negocio que es un monopolio. También prima el rechazo por el modo de resolver sus diferencias a través de acciones judiciales, roces y enemistades que han terminado personalizándose por parte de algunos directivos del futbol con los integrantes de la asociación.

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Para abrir una negociación con los directivos y responsables del fútbol, 1.117 jugadores presentaron, el 11 de septiembre de 2019, unas peticiones entre las que se encuentran concertar un contrato único, los periodos de descanso y el calendario de las competiciones, definir el torneo profesional de futbol femenino y otros beneficios. En vista de las negativas, a través de una querella, los jugadores le solicitaron al Ministerio del Trabajo que garantizara su derecho constitucional a la negociación colectiva.

Por la pandemia, la respuesta de esta cartera se alargó. En una primera decisión, el Ministerio del Trabajo se salió de taquito al archivar la solicitud, argumentando que los futbolistas debieron hacer una asamblea (en plena pandemia), ya que ni la Dimayor ni la federación eran los empleados.

Acolfutpro impugnó la decisión y, un año después, el 24 de febrero pasado, a través de la resolución 508, el ministerio reversó la decisión, firmada por Hernán Leal Bríñez, coordinador del Grupo de investigaciones especiales del Ministerio de Trabajo.

A través de argumentos sólidos, determinó que no era necesario que esta solicitud hubiera pasado por una asamblea, pues el hecho que de 1.117 jugadores lo hubieran firmado la reemplazaba. Además, que la Dimayor y la federación fijan condiciones de trabajo, de subordinación sobre los futbolistas, a pesar de no ser sus empleadores directos. Esto, a través de sus reglamentos y determinaciones.

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Finalmente, el Ministerio de Trabajo determinó que las negociaciones se tenían que hacer con la asociación que les representa, porque tenía la legitimidad para actuar en su nombre.

Para finales de julio se iba a realizar una reunión de mediación del conflicto liderada por la OIT, como un procedimiento de conciliación voluntaria para resolver la queja 3423, que formuló Acolfutpro por la no negociación de las peticiones.

Según varios asesores y funcionarios del Ministerio de Trabajo, el expediente de la querella fue requerido por un asesor de la viceministra. “Las presiones desde el Gobierno nacional fueron muy fuertes y, prácticamente, la orden que se dio era que se tenía que archivar. Incluso, hubo un asesor que tuvo un papel fundamental entre la Dimayor y el ministerio”, dijo un alto funcionario de esa cartera.

El pasado 18 de julio, el mismo coordinador Leal Bríñez firmó la resolución 2772, en la que se contradijo en lo que había resuelto cinco meses atrás. En la nueva decisión, cambió su posición radicalmente, justificando su decisión de archivar la querella con los argumentos de que Acolfutpro no tiene registro sindical y que la federación y la Dimayor no son empleadores de los futbolistas. Punto final, por lo menos, hasta que el equipo del nuevo ministro resuelva los recursos que los jugadores interpondrán.

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El gol de la SIC

La otra decisión que estaría por firmarse en favor de los directivos –y en contra de los intereses de los futbolistas– está en el despacho del SIC.

Esta entidad tiene una investigación en contra de 16 clubes profesionales y la Dimayor por impedir el libre acceso al mercado para los futbolistas entre 2018 y 2021. Esto porque la misma Acolfutpro presentó en abril de 2021 una denuncia con varios cargos entre los que se encuentra la conformación de listas negras de jugadores que terminen sus contratos por justa causa o se nieguen a renovarlos para que no sean contratados por ningún club en Colombia.

Además, esa denuncia le pide a la SIC analizar si el Estatuto del Jugador, el Código Disciplinario y los estatutos de la federación y la Dimayor también atentan contra los derechos de los futbolistas.

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Solo hasta ahora la SIC se pronunció y abrió pliego de cargos por la cartelización. Los futbolistas están a la espera de que se pronuncie sobre los otros temas incluidos en la denuncia.

Para evitar que la investigación que les acarrearía sanciones continúe, la Dimayor y los clubes presentaron ante la SIC unas garantías en las que se comprometen a corregir las conductas y reglamentos y que, de ser admitidas, les exoneraría de pasar por el mismo proceso de empresas y directivos sancionados por los carteles de los pañales, el cemento, el papel higiénico y la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018.

Todo indica que el gobierno de Iván Duque le hará este ‘favorcito’ al fútbol, especialmente a Jaramillo, quien esta semana ha tenido que enfrentarse a la decisión de varios directivos que ya le pidieron su renuncia. Sin duda, hay mucha expectativa por lo que pueda suceder en los últimos minutos de este cuatrienio.

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