Del Consejo Nacional Electoral al Congreso, la polémica del nuevo secretario de la Cámara

El abogado Jaime Lacouture, quien acaba de renunciar como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), se convirtió en el nuevo secretario de la Cámara de Representantes con el apoyo del Partido Conservador. Para muchos, Lacouture está inhabilitado, pues tan solo hace unos días participaba en la declaración de elección de varios congresistas.

Este jueves la Cámara de Representantes nombró su nueva mesa directiva. A la cabeza quedó David Racero, del Pacto Histórico, completando una moñona para el partido de Gustavo Petro, que también tendrá la Presidencia del Senado con Roy Barreras. Los otros puestos de la Cámara los completan Olga Lucía Velásquez, como primera vicepresidenta, y Érika Sánchez Pinto, como segunda vicepresidenta.

Si bien en Senado los partidos ratificaron como secretario general a Gregorio Eljach, que cumple diez años en el cargo, en la Cámara le encontraron reemplazo a Jorge Humberto Mantilla, quien también estuvo al frente de la Secretaría desde 2012. La decisión fue tomada antes del 20 de julio y, según los acuerdos políticos, incluía el derecho del Partido Conservador a postular al nuevo secretario.

Esta colectividad se decantó por Jaime Luis Lacouture Peñaloza, un abogado guajiro especialista en derecho de los negocios y magíster en gobierno y políticas públicas. Lacouture trabajó en la Triple A de Barranquilla, el Ministerio de Transporte, el Fondo Nacional del Ahorro y fue candidato al Senado por el Partido Conservador.

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Según varias voces del Congreso, Lacouture está apadrinado por Carlos Andrés Trujillo, senador conservador desde 2018. Trujillo se convirtió en presidente del partido el pasado 30 de junio, tras la renuncia del exsenador Omar Yepes, quien salió molesto por los acercamientos de la bancada con el petrismo.

Aunque Trujillo tiene su base política en Antioquia, curiosamente fue uno de los senadores más votados en La Guajira, tierra de Jaime Lacouture. En las elecciones del 13 de marzo sacó 20.500 votos en el departamento, de los cuales más de 10.000 corresponden al municipio de Uribia.

En la región algunos comentan que el hecho demuestra la fuerza de Trujillo y su maquinaria para llegar hasta La Guajira, mientras que otros creen que hubo un acuerdo político que incluía el nombre de Lacouture para la Secretaría de la Cámara. Medios locales señalan que se trata de una alianza política que también intentará dar el golpe en las elecciones regionales.

Finalmente, Lacouture fue elegido por la nueva Cámara de Representantes como secretario de esa corporación. Sin embargo, el nombramiento dejó molesto a más de uno y ha generado todo un debate frente a los que varios llaman ‘puerta giratoria’ entre los órganos electorales y legislativos.

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Los argumentos en torno a la elección de Jaime Lacouture

El 20 de julio, mientras los senadores elegían su nueva mesa directiva, los representantes a la Cámara se resignaban a dejar el debate para el día siguiente. La razón era Lacouture, ya que antes de ser candidato oficial a la Secretaría de la Cámara debía obtener un sí para su renuncia al CNE por parte del Congreso pleno.

El tema se enredó cuando varios congresistas presentaron impedimentos para votar dicha renuncia, argumentando un conflicto de intereses debido a que Lacouture había participado en la declaración de elección de varios o llevaba procesos electorales en su contra. Finalmente, la sesión se levantó y todo quedó para el 21 de julio.

Ese día, en la mañana, el Congreso en pleno aprobó la renuncia y no hubo mayor problema. Sin embargo, en la tarde, cuando la Cámara votaba por su mesa directiva, volvieron los impedimentos, las críticas y las discusiones entre las bancadas.

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Cabe recordar que la elección de Lacouture estaba directamente ligada a la de David Racero como presidente de la corporación, pues el Partido Conservador accedió a apoyarlo a cambio de que se garantizara el puesto a Lacouture en la Secretaría. Por esta razón, la plenaria no aprobó los impedimentos y finalmente terminó elegido.

No obstante, algunos representantes se negaron a votar y lanzaron varios ataques contra los conservadores. “No es suficiente con declararse impedido, que la plenaria los absuelva no borra el conflicto de intereses, deben retirarse. No votaré por la elección del señor secretario”, dijo Juan Carlos Lozada, representante liberal.

Lozada citó la Ley Quinta y el artículo 126 de la Constitución para insistir en que Lacouture estaba inhabilitado. La bancada conservadora le contestó e incluso lo acusó de manipular la ley. “La inhabilidad aplica para cargos como el de fiscal o magistrado, no de secretario de la Cámara”, aseguró el cordobés Wadith Manzur.

Alfredo Ape Cuello, representante conservador por Cesar, dijo que no había forma de probar el conflicto de interés porque el voto para elegir la mesa directiva era secreto, a lo cual Lozada respondió que era cierto, pero “quedaría en su conciencia”. Otros conservadores dijeron que los magistrados del CNE no eligen a los representantes, sino que solamente cumplen una función constitucional en los escrutinios.

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Aun así, las críticas continuaron. Desde la Alianza Verde, el representante Duvalier Sánchez, que se estrena en el Congreso, dijo que respetaba los acuerdos políticos, pero exige a candidatos idóneos para el cargo. “El Congreso no puede esperar hasta que le cumplamos el capricho al Partido Conservador”, agregó.

Juristas consultados por Diario Criterio aseguraron que la elección de Jaime Lacouture es cuestionable por asuntos éticos, pues queda en entredicho la independencia de quien postula a un servidor público relacionado con la expedición de su credencial como congresista.

Sobre el conflicto de intereses, los abogados dicen que debió ser analizado al detalle por cada representante, ya que podrían enfrentar un proceso de pérdida de investidura. Sin embargo, es de anotar que este tipo de procesos casi nunca termina en contra de los congresistas.

Este caso ha revivido las críticas a la relación entre el Congreso y el CNE. Varias voces piden una reforma electoral y política en la que se elimine la facultad del Legislativo de elegir a los magistrados, pues no tiene sentido que la misma corporación que vota por ellos después sea sujeto de su autoridad.

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