Cuestionan a Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara, por escándalo de los narcopilotos

Según un informe de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), Arias es reconocida lobista de las empresas de aviación del llano, entre las que se encuentra una compañía con dos pilotos señalados de transportar cocaína. La congresista del Centro Democrático cuenta con la confianza del expresidente Álvaro Uribe y el respaldo de Iván Duque.

El pasado 23 de junio la representante a la Cámara Jennifer Arias celebró en sus redes sociales la designación como presidenta de la Cámara de Representantes para la cuarta legislatura. “Agradezco a mi bancada, el Centro Democrático, al presidente Iván Duque y a mi mentor, Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

Arias se impuso a nombres fuertes como el de Edward Rodríguez y Enrique Cabrales. Para muchos, se trata de una decisión ordenada directamente por el expresidente Uribe quien, como ya lo ha reconocido la propia representante, es muy cercano a ella.

Jennifer Arias Falla fue directora del Centro Democrático en el departamento del Meta y candidata por este partido a la Alcaldía de Villavicencio en 2015. Fue elegida, tres años después, como representante a la Cámara y desde entonces hace parte de la Comisión Séptima. También fue coordinadora, en Vaupés y Guaviare, de la candidatura presidencial de Iván Duque en 2018.

Tras conocerse el anuncio de su presidencia en la Cámara, Arias ha sido fuertemente criticada por la oposición. “El Centro Democrático ha tomado la peor decisión posible; sabemos que con los acuerdos de las fuerzas mayoritarias era la presidencia les tocaba, pero esta señora no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento o los valores para ejercer ese tipo de cargos”, afirmó el representante Inti Asprilla.

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Los señalamientos

A todo esto se suma un nuevo escándalo. Un informe que acaba de publicar Pares señala que Arias ha estrechado las relaciones de Duque y Uribe con los empresarios de la aviación en los llanos orientales, presuntamente vinculados con el narcotráfico.

La prueba más fuerte de esta relación, según la fundación, estaría en la empresa Llanera de Aviación y dos de sus pilotos. Se trata de Samuel David Niño Cataño y Juan Camilo Cadena Botero. Niño es el piloto que habría muerto en un accidente aéreo en Guatemala, mientras transportaba drogas para el cartel de Sinaloa, según información publicada por el portal La Nueva Prensa.

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Cadena Botero, por su parte, es el piloto capturado en Providencia el 23 de mayo, luego de que las autoridades le encontraran un cargamento de cocaína (446 kilos) en el avión en el que llegó a la isla y que es de propiedad de Miguel Jaramillo, esposo de la comediante Alejandra Azcárate.

Según Pares, estos dos pilotos son los mismos que durante la campaña presidencial transportaron a miembros del Centro Democrático, “entre otros líderes, al hoy presidente Iván Duque, al exsenador Álvaro Uribe Vélez, a la representante Jennifer Arias, a la excongresista Nohora Stella Tovar, al fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo y al exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos”.

En la investigación se detalla que en el caso de Niño, este también realizó vuelos con su hermano, Hernán Gómez Niño, también piloto y candidato a la Gobernación del Meta, así como con la representante Jennifer Arias. Según Pares, sobre el piloto Niño también se sabe que aportó 20 millones de pesos a la campaña de Uribe para el Senado, en 2018.

En el informe titulado “Los narcopilotos y la campaña política de Jennifer Arias a la presidencia de la Cámara” se habla de la relación de la congresista con las empresas de aviación y de su papel para buscar ayudas a este sector en medio de la pandemia.

“Desde que fue electa, ha actuado como representante de los pilotos articulando reuniones de ellos con el expresidente y exsenador Uribe, con el partido Centro Democrático, sus directivas y otros congresistas, y haciendo contactos con la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte para favorecer los intereses de estas empresas y pilotos”.

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En la denuncia se explica cómo la representante se reunió con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para ayudar a las empresas de aviación en la crisis desencadenada por el cese de operaciones aéreas que trajo la pandemia.

“En esas reuniones se acordó con el Gobierno: a) Crear una mesa de trabajo con Mintransporte para abordar temas como IVA a los combustibles, costos operacionales, créditos al sector y reinicio de actividades”, señala el trabajo de Pares. 

Uno de esos encuentros, con la participación de Jennifer Arias, Álvaro Uribe y Paola Holguín, habría sido el punto de partida para gestar los vuelos humanitarios para reactivar el sector. “Curiosamente, bajo esa figura fue que cayó la avioneta en Providencia. El piloto Cadena le había dicho a la Policía que tenía un cargamento de cajas de tapabocas en el marco de un servicio humanitario, hasta cuando se descubrió que era cocaína”, concluye Pares.

Otros enredos de Jennifer Arias

La investigación también resalta que la representante por el departamento del Meta, quien también fue reina de belleza, tiene uno de sus familiares condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Se trata de su hermano Andrés Eduardo Arias Ochoa, quien aceptó cargos por tráfico de drogas en 2008.

Arias Ochoa habría caído por una trampa que le tendió un agente infiltrado de la DEA. “Arias le pide la cocaína a la fuente y esta le pide que le muestre el dinero, este lo lleva hacia su carro y le muestra un sobre blanco con alrededor de 15.000 dólares en billetes de 100 y de 20 dólares. Inmediatamente después, Arias fue capturado por la DEA”, reseña el informe.

Otra de las polémicas que envuelven a la nueva presidenta de la Cámara es la aparente inhabilidad para ser candidata. Según Pares, cuando se postuló a la Alcaldía de Villavicencio tenía un contrato por 214.302.850 pesos, como representante legal del Consorcio Urbano.

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“El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 por un plazo de tres meses. A través de una serie de prórrogas, el proceso se extendió hasta el 5 de diciembre de 2014. La ley establece que nadie que haya contratado con el Estado un año antes de las elecciones puede ser candidato”.

Por último, la investigación también habla de su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, quien fue condenado por homicidio el 21 de enero de 1993. La condena fue de 40 meses por el asesinato con arma de fuego de un hombre en la ciudad de Villavicencio.

Hasta el momento, la representante Jennifer Arias no se ha pronunciado sobre la información publicada por la fundación Paz y Reconciliación.

Diario Criterio intentó comunicarse con ella, pero no se obtuvo respuesta.

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