JEP revela cómo el general Mario Montoya hizo de Antioquia el departamento con más ‘falsos positivos’
La JEP le imputó al exgeneral del Ejército 130 ejecuciones extrajudiciales y reveló cómo este instauró una política de “conteo de cuerpos” y premios, además de ordenar a sus unidades reportarse en “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles” o “carrotancados” de sangre.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló este miércoles 30 de agosto al general (r) Mario Montoya de mentir sobre el número de bajas en combate, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza y presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando con un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre, con el fin de inflar resultados cuando dirigió la emblemática Brigada IV del Ejército, en los años 2002 y 2003, en el oriente del departamento de Antioquia.
En ese sentido, el entonces comandante habría presionado a los hombres bajo su mando “para obtener bajas en combate” a toda costa, relató en una rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz.
La magistrada también indicó que el exmilitar es imputado por “encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza“, además de “emplear un lenguaje violento” que “exaltaba el derramamiento de sangre” a través de los programas radiales de las fuerzas armadas.
La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad contra el Montoya se da en el marco del Subcaso Antioquia I, que estudia 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en 2002 y 2003, en el oriente antioqueño, cuando el oficial fue comandante de esa Brigada.
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Según cálculos del tribunal —surgido de los acuerdos de paz de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, al menos 6.402 personas fueron asesinadas bajo esa práctica, conocida comúnmente como ‘falsos positivos‘.
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Para la JEP, presentar bajas se convirtió en una “orden recurrente” por parte de Montoya, que fue comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008.
Él y otros ocho militares imputados este miércoles tendrán 30 días para reconocer o no los hechos.
De hacerlo, la JEP abrirá un espacio para que admitan públicamente la verdad ante las familias, antes de remitir sus conclusiones al Tribunal para la Paz, para que este imponga una sanción propia, si es el caso, la cual será consultada previamente con las víctimas, tendrá un propósito reparador y podría incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.
La Sala de Reconocimiento ha imputado cargos a 62 personas en el marco del Caso 03. De ellas, 55 (89 %) han reconocido su responsabilidad. Las restantes son cinco antiguos miembros de la fuerza pública que fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la derivación de los otros dos se encuentra en proceso.
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Los comparecientes que, por el contrario, nieguen su responsabilidad —como lo ha hecho Montoya— y sean vencidos en juicio, podrán ser condenados a penas de hasta 20 años de cárcel.
“Parte de la política de seguridad de la época”
Para el tribunal de Paz —que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas—, los exmilitares señalados tuvieron un papel fundamental en la práctica de ‘falsos positivos’ como consecuencia de una política militar que medía los resultados exclusivamente en términos de bajas y viendo como fracaso las capturas y las rendiciones:
“La JEP llamó al (…) general (r) Mario Montoya Uribe, así como a los dos antiguos comandantes del BAJES, por contribuir a generar las condiciones propicias para que los ejecutores materiales perpetraran los crímenes, condiciones sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada. Esos oficiales también contribuyeron a que esta práctica se arraigara, especialmente, entre las tropas de esa unidad militar”.
JEP
En cuanto al territorio cubierto por la Brigada IV, el tribunal documentó que las unidades tácticas asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios del oriente antioqueño, entre ellos, San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.
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Asimismo, dictaminó que el fenómeno criminal se inscribió en la política del “conteo de cuerpos“, es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar.
La JEP, con más de 4.000 testimonios recogidos desde su creación, concluyó queé dicha práctica “se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate” por la Brigada IV del Ejército.
Montoya deberá ”responder a título de autor”
En el caso del general (r) Montoya, la JEP lo llama ”a reconocer responsabilidad a título de autor, al haber creado dolosamente, como garante institucional, un riesgo jurídicamente desaprobado para la población civil en la zona que operaba”.
La Sala indicó que, como comandante de la IV Brigada, el excomandante mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza.
Un ejemplo de esta conducta fue la presentación en rueda de prensa como combatientes del IX Frente de esa guerrilla a dos niñas y tres jóvenes civiles que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo conducido dos paramilitares, el 9 de marzo de 2002, en el municipio de San Rafael (Antioquia).
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En ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como alias Parmenio que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta. A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó sus cuerpos, personalmente, en la rueda de prensa, como guerrilleros dados de baja en combate, detalló la Sala de la JEP.
“¡Te va a hacer falta vida, y a mí me va a sobrar, para que me compruebes que mi hija es una guerrillera!”
Madre de niña presentada falsamente como baja en combate.
Cuando Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de la menor declaró, en audiencia pública ante la JEP, haberle gritado al general: “Te va a hacer falta vida, y a mí me va a sobrar, para que me compruebes que mi hija es una guerrillera“.
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La Sala también determinó que el general (r) Montoya Uribe presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, “midiéndolos, comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa”.
De hecho, el auto de la JEP indica que el excomandante, citado por diferentes comparecientes, se dirigía a sus subordinados en un lenguaje “violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal“.
Además, es acusado de rechazar el reporte de capturas, incautaciones y otras operaciones militares distintas a las bajas, al considerarlas “resultados operacionales indeseados“.
“No se trató de conductas aisladas”
Para la JEP, los homicidios de persona protegida y desaparición forzada fueron planeados y cometidos contra la población civil por agentes del Estado que se encontraban en cumplimiento de sus deberes oficiales.
“No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la IV Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando”.
JEP.
La Jurisdicción concluye que la práctica de ‘falsos positivos’ fue generalizada y sistemática porque se trató de un “ataque masivo que, en dos años, condujo a la muerte de un número importante de personas; y, segundo, porque los perpetradores estaban prestos a aprovechar cualquier oportunidad para aumentar sus indicadores a costa de la vida de civiles y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)“.
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Asimismo, advierte el tribunal, “los ejecutores contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de ‘dar una baja’, ya sabían cómo proceder“.
“Nos toca dar esa baja”
Para los asesinatos y las desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por el BAJES —que concentra el 80 % los asesinatos en cuestión—, las víctimas —en su mayoría, de la población campesina del oriente antioqueño— fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas, luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.
Este fue el caso, “entre muchos otros“, de Luz Stelly Morales, de 16 años, asesinada por tropas de la Batería Atacador 1, luego de ser sacada de su casa en la zona de El Morro, en el municipio de Granada.
La joven fue señalada por una guerrillera desmovilizada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y asesinada por la tropa, luego de que su captura fuera rechazada por el comandante de la Batería.
“No nos están aceptando esa otra desmovilizada. Ya tenemos una. Nos toca dar esa baja“, dio cuenta un compareciente.
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Los crímenes se concentraron en zonas previamente dominadas por grupos insurgentes, a cuyos pobladores se les atacó bajo la premisa de que su convivencia forzada con los grupos guerrilleros era un signo inequívoco de su lealtad hacia ellos, sentencia la JEP.
Raspar coca y hacer mudanzas como señuelos
Otra modalidad correspondía al engaño de personas en condiciones de pobreza para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas y presentarlas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública.
Estos casos se trataron, en su mayoría, de personas habitantes de calle; otros, trabajadores informales de la Central Minorista de Medellín José María Villa.
Así ocurrió, el 6 de julio de 2003, cuando miembros del Pelotón Cañón 2 del BAJES, vestidos de civil, se dirigieron a la Central Minorista de Medellín, y les ofrecieron a cuatro hombres que trabajaban en oficios varios ayudar con una mudanza a las afueras de Medellín.
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Sin embargo, tras aceptar, los trabajadores fueron conducidos por los militares hasta Granada, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el marco de la operación Marcial Norte.
Un mes más tarde, en agosto de 2003, miembros del mismo pelotón repitieron la práctica, esa vez, engañando a seis personas habitantes de calle de Medellín, aún se encuentran sin identificar, ofreciéndoles ir a raspar coca. Ellos también fueron asesinados y reportados como bajas en combate en Granada.
“Uno de los elementos más graves para encubrir las muertes ilegítimas cometidas por miembros de las unidades militares de la IV Brigada consistió en presentarlas como bajas en combate ante los medios de comunicación por parte del comandante de la Brigada, el general Mario Montoya Uribe”.
JEP.
La tercera modalidad documentada por la JEP es el asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH que estaban puestas fuera de combate. Uno de los casos fue el asesinato de un combatiente enfermo y en silla de ruedas que aún se encuentra sin identificar. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2001, en las inmediaciones de un hospital de campaña de la guerrilla, en el corregimiento de Santa Ana, del municipio de Granada.
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La JEP ha concluido que, tanto en la selección como en la ejecución de las víctimas jugó un rol central la connivencia con grupos paramilitares de la región y guerrilleros desmovilizados.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento, la presentación falsa de bajas en combate no se habría podido realizar con tanto éxito y durante tanto tiempo si cada baja ilegítima no se hubiera encubierto cuidadosamente como un resultado legal.
Antioquia, fortín de ‘falsos positivos’
Antioquia concentra el mayor número de casos registrados de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército: 25,1 % (1.613 personas) de las 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008 ocurrió en ese departamento.
De este total, 501 casos ocurrieron en el oriente antioqueño, que concentró más víctimas que cualquier otro departamento en Colombia. Esto contribuyó a que en ese departamento se experimentara un aumento progresivo de hechos, que reflejaron una tendencia exponencial que influyó en la dinámica del fenómeno criminal en el resto del país, además de la estigmatización de sus pobladores y el incremento exacerbado de la vulnerabilidad de los habitantes ante los grupos ilegales, relata la JEP, ello, en el marco de unas guerrillas del ELN y las Farc “que llevaban la iniciativa militar en la confrontación“.
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Ante esta situación, el Estado colombiano, en cabeza de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), puso en marcha una política de seguridad y defensa, cuyo objetivo principal fue alcanzar la victoria militar. Ambos gobiernos trazaron líneas de acción compartidas que se caracterizaron por el fortalecimiento de la fuerza pública en términos presupuestales encaminados a la obtención de resultados operacionales sobre las guerrillas.
A mayor inversión estatal, mayor exigencia
Una de las máximas más importantes de esa política de seguridad y defensa fue la de “recursos y resultados” operacionales y de victoria militar.
Los asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales como parte de la política de seguridad de la época.
JEP.
La importancia del Plan Colombia en el fortalecimiento de la fuerza pública fue resaltada en el Plan Patriota, que estableció tres “áreas estratégicas de gravitación y sostenimiento” prioritarias por tener la “mayor importancia económica y política” en el país, entre ellas, el oriente antioqueño, debido a la concentración de zonas estratégicas para la economía nacional, como los embalses, la infraestructura eléctrica y la carretera Medellín-Bogotá.
Plan Colombia y la estigmatización de la población civil
El Plan Colombia, creado en el año 2000, se enmarcó fundamentalmente en “la lucha contra las drogas” y fue implementado en el fortalecimiento general de la fuerza pública, bajo la premisa de que el narcotráfico alimentaba las finanzas de los grupos armados ilegales.
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Asimismo, esta política nacional de seguridad involucró a la población civil en la estrategia de victoria militar en dos sentidos opuestos: como cooperantes, al informar a los organismos de defensa y seguridad; y, por el otro, como posibles colaboradores de los grupos guerrilleros, según los manuales de la época, especialmente en las zonas rurales en las que la presencia de estos grupos era más fuerte, como en el oriente antioqueño, lo cual llevó a la estigmatización de la población civil, resalta la JEP.
En ese contexto, aunque los indicadores de éxito del esfuerzo militar incluían tanto las bajas en combate, como las capturas y las desmovilizaciones, la política del excomandante de la IV Brigada Mario Montoya fijó las muertes como el único indicador real del éxito militar.
Ejército y paramilitares hacían retenes conjuntos: JEP
Conforme a las fuentes contrastadas por la JEP, la connivencia entre grupos paramilitares y el Ejército no se alteró en medio de las fracturas de la coalición contrainsurgente a comienzos del milenio, en referencia al proceso de desarme de Justicia y Paz, adelantado por el Gobierno de Uribe.
Las víctimas acreditadas ante la JEP detallaron cómo las relaciones de dicha complicidad eran de público conocimiento y que su eficacia descansaba en parte en el hecho de que no fueran ocultas.
De hecho, el cambio de brazaletes en presencia de civiles, el patrullaje y los retenes conjuntos; el escalonamiento operacional, entre otros, son signos de una connivencia pública y visible que se tradujo tanto en la consolidación del control paramilitar sobre algunas cabeceras municipales del oriente antioqueño, en 2002 y 2003.
Por esto, el tribunal anunció que la Sala de Reconocimiento continuará su investigación del Caso 08: Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Unidades competían por número de muertos
La Sala detalló que la “presión desmedida y sin control por bajas en combate” por mostrar resultados operacionales incentivó la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas, que se estableció desde la comandancia de la IV Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando.
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De acuerdo con lo mencionado por los comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, la muerte en las confrontaciones eran los únicos resultados operacionales considerados como válidos, mayormente felicitados y dignos de ser premiados por los comandantes, específicamente de la IV Brigada.
Este mensaje se dio a través de dos lineamientos centrales: no solo no exigir capturas, heridos o incautaciones, sino su desincentivación; además de las órdenes explícitas e implícitas de aumentar el “conteo de cuerpos“.
Los mecanismos para ejercer esta presión fueron los programas radiales, la competencia entre unidades tácticas y el requisito de presentar una cuota de bajas mensual.
Comparecientes ante la JEP señalaron que Mario Montoya, durante su comandancia de IV Brigada, especificaba querer como resultados operacionales solo bajas, y ningún otro.
De hecho, en los libros de programas del comandante de la IV Brigada emitidos entre enero y agosto de 2003, la Jurisdicción encontró que en ellas se resalta la “necesidad de que las unidades se pongan al día con las bajas“.
Las capturas “son problemas”: Mario Montoya
La Sala contabilizó al menos 24 programas radiales del Ejército en los que Montoya felicitaba a quienes hubieran dado bajas en combate. Asimismo, encontró que cuando las unidades reportaban bajas, el comandante de la Brigada decía: “La gente (sic) que se destaca hay que darle permiso“.
Por otro lado, las capturas, las desmovilizaciones, las incautaciones y otros resultados operacionales no eran mayor objeto de recompensas, debido a que, para el alto oficial, las capturas requerían “mayores trámites de verificación“, por lo cual pedía que le “llevaran bajas, no problemas“.
En el mismo sentido, se documentó que los altos mandos pensaban que el enemigo no se debilitaba en el caso de los combatientes cuyas capturas no se legalizaran o quedaran libres durante los trámites judiciales, ya que volverían a las filas.
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En cuanto a la retórica propiciada por Montoya, en los libros con las transcripciones, resúmenes y notas de los programas radiales realizados por el entonces comandante y los de sus respectivos batallones, se encontraron frases como:
—“Hasta la fecha se han hecho 200 bajas. Un total de 3 ‘g’ por día. El país está esperando más resultados por el Ejército”.
Mario Montoya, comandante de la Brigada IV, en las transmisiones de radio del Ejército recolectadas por la JEP.
—“La mejor Brigada es la que da más de 204. Tenemos que ser la mejor”.
—“Reportar por barriles de sangre”.
—“La necesidad de que las unidades se coloquen al día en bajas”
—“Para la baja de un bandido, necesitamos comprometimiento”.
Asimismo, encontró que en los casos donde no se reportaban bajas en combate se utilizaron expresiones tales como: “El pie de fuerza no está a la par de los resultados operacionales“, que solo se midieron en términos de bajas.
Desde permisos hasta fiestas con trabajadoras sexuales
La Jurisdicción también indicó que se “ordenó” a las unidades, de forma “recurrente“, reportarse en términos de “litros“, “chorros“, “ríos“, “barriles“, o “carrotancados” de sangre, fue la orden más recurrente y que tuvo mayor efecto en los comparecientes a la hora de interiorizar el mensaje.
“Litros de sangre, tanques de sangre… A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertes en combate a como dé lugar”.
Palabras del excomandante Mario Montoya, según el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, que testificó ante la JEP, en mayo de 2019, sobre los ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2005 y 2008.
La Jurisdicción incluso “documentó un afán por aumentar el número de bajas de la brigada, con el fin de ser representativo en el país, como efectivamente sucedió durante sus dos años de comandancia“.
“Se felicitaba al personal, se medía la estadística de los batallones, decían quién iba de primero, quién iba de segundo“, declaró un exmiembro del Ejército.
A la par con la presión por resultados, una política de incentivos que aumentó el reporte de muertes en combate, el Tribunal estableció que en la IV Brigada, durante los años 2002 y 2003, los miembros de las unidades recibieron buenas calificaciones o felicitaciones y menciones en la hoja de vida; condecoraciones, cursos y comisiones al exterior, permisos con los cuales se podían tomar días libres con mayor flexibilidad e incluso acumularlos; fiestas con trabajadoras sexuales, entre otros.
“Los comandantes recriminaban la falta de resultados a través de los programas radiales: ‘¿Qué pasó con los resultados?’, ‘¿cuántos días lleva sin hacer bajas?’, ‘¿es que en el área del Ospina no hay guerrilla o qué?’, ‘usted no sirve para nada’, ‘usted solo se está robando el sueldo’, ‘solo está comiéndose los víveres y nada más'”.
Palabras de Mario Montoya, según el comandante (r) Gabriel Rincón, en mayo de 2019, condenado a 46 años de cárcel por los ‘falsos positivos’ de Soacha, pero está en libertad tras acogerse a la JEP.
Quedarse en el monte, castigo por no reportar bajas
Otra consecuencia eran los traslados. Los militares que no presentaran bajas tenían que quedarse en el monte o en el cerro indefinidamente, mientras que quienes sí lo hacían, podían patrullar en los pueblos, gozando de mejores condiciones.
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La Sala de Reconocimiento encontró que Montoya también amenazaba a quienes no presentaran resultados con retirarlos de los cargos o de la institución, lo que hizo que fuera temido, ya que podía hacer malas anotaciones en el folio de vida, terminando con las carreras militares de sus subalternos.
La presión no cesaba, incluso en contextos en los que el enemigo estaba diezmado y no era fácil de encontrar. Esta presión indiscriminada intensificó la competencia que favoreció la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales.
JEP.
La Sala de Reconocimiento ha determinado, a lo largo de los Subcasos Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare y Dabeiba, estos patrones criminales ocurrieron de forma simultánea, concurrente o complementaria en otras regiones del país, por medio de asesinatos y desapariciones forzadas con la misma motivación: la presión para obtener resultados.
“Despojar de cualquier indicio” a las víctimas, “práctica recurrente” de la IV Brigada
De los 130 crímenes documentados, 53 asesinatos ocurrieron en 2002, mientras que en 2003 tuvieron lugar 77. Entre ellos había 113 hombres, once niños, cinco mujeres y cuatro niñas. Además, tres víctimas se encontraban en condición de discapacidad.
—“Hermano, usted lo que tiene que hacer es, vaya saque unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resultados”.
Palabras del entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, según el coronel (r) Gabriel Rincón, exoficial de operaciones de la Brigada de Ocaña (Santander), entre 2005 y 2008.
—“¿Qué hubo, Rincón? Ahora sí está en la guerra, ¿no? Ahora sí debe aportarle como debe aportarle y, si no, entonces toca darlo de baja”
La mayoría de las víctimas directas fue de sexo masculino (86,9 %) y las sobrevivientes son, en gran proporción, mujeres (76.5 %). De los 81 crímenes que los comparecientes confesaron ante la JEP, 33 fueron, además, personas desaparecidas forzadamente y enterradas como no identificadas, algunas de las cuales la Justicia ordinaria más tarde corroboró su identidad.
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Mujeres, las subeevivientes más afectadas
Sin embargo, la JEP establece que 25 personas permanecen sin ser identificadas ya que, en “una práctica recurrente de los antiguos integrantes de la IV Brigada“, las víctimas fueron despojadas de cualquier indicio que ayudara a dar con su paradero.
Los crímenes causaron un detrimento en el patrimonio individual y familiar, al igual que un cambio abrupto en los proyectos de vida y en los roles familiares, lo que profundizó condiciones de vulnerabilidad socioeconómica previas a los hechos. Estos daños no solo han comprometido las redes familiares y afectivas de las víctimas fatales, sino que también han tenido efectos en las comunidades.
JEP.
La JEP resalta que las mujeres vivieron “daños diferenciados y desproporcionados, en la medida en que fueron las principales buscadoras de sus familiares“, labor que implicó un esfuerzo emocional, psicológico, físico y económico sin precedentes. Esto las expuso, en muchas ocasiones, señala el tribunal, “a escenarios de revictimización por parte de agentes del Estado (y) las hizo más vulnerables a recibir amenazas” y ser perseguidas.
Los militares imputados con Montoya
Por estos delitos, el tribunal también citó y acusó a los tenientes coroneles Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero.
La JEP señala de ordenar directamente a sus subalternos inmediatos cometer las ejecuciones extrajudiciales o, incluso, de actuar con ellos, a cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) y retirados del Ejército Nacional: comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales; y al comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal Chisco.
Junto con ellos, el tribunal imputó por los mismos crímenes al comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; al comandante de la batería Cañón, subteniente José Alejandro Ramírez Riaño; al comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Germán Guzmán Patiño; y al soldado regular Óscar Iván Mayo Marulanda.
Para determinar los hechos y formular las imputaciones, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta:
- Doce informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.
- 64 integrantes de la fuerza pública rindieron versión en el marco del Subcaso Antioquia I, en 73 diligencias, desde soldados hasta generales.
- Las solicitudes de acreditación y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones voluntarias en informes escritos y en audiencia pública.
- La contrastación y análisis de libros de documentos oficiales (libros de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres; órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas oficiales de cada una de las supuestas “bajas en combate“) obtenidos en los archivos de la IV Brigada y del BAJES.
- Documentos oficiales aportados por el Ministerio de Defensa, entre los que se encuentran manuales de operaciones e inteligencia, directivas, circulares, información sobre la composición de las unidades, hojas de vida de los comparecientes y resultados operacionales.
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La JEP ha realizado extenso y arduo trabajo revisando, comparando y coordinando textos, testimonios, evidencias y demás elementos relacionados con la política fratricida de seguridad de los gobiernos Uribe-Santos. Ahora han llegado a un puerto que se veía inalcanzable como es el de imputar al Comandante de Brigada y después máximo General del Ejército. Queda mucho camino por recorrer en aras de buscar justicia y reparación, no solo para las víctimas sino para el país entero. Ahora bien, ¿El camino de búsqueda de la verdad y de hacer justicia seguirá subiendo en el orden jerárquico?, ¿Se imputarán responsabilidades a los verdaderos autores de la política de seguridad, señores expresidentes Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, junto a señores(as) exministros de defensa Martha Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, Juan Manuel Santos, G. Fredy Padilla, Gabriel Silva, Rodrigo Rivera, Juan Carlos Pinzón, Luis Carlos Villegas?, ¿Los funcionarios del estado que participaron en la política de seguridad también serán llamados a indagatoria y recibirán posterior juicio?, ¿Políticos, empresarios, ganaderos, comerciantes, industriales, sociedad colombiana, medios de comunicación, iglesias y/o universidades, serán también llamados a juicio por su participación activa o pasiva en la comisión de los delitos aberrantes mencionados en el reporte de investigación de la JEP?. ¿Tendremos que esperar veinte años más para que nos revelen las consecuencias de la repetición de la política de seguridad mencionada por parte del Gobierno Duque, sus ministros de defensa, su partido político y los mismos colombianos que los defendieron y se adhirieron a su proyecto?. Todos los habitantes de Colombia, de antes y ahora, somos responsables de haber permitido semejante afrenta a la vida y demás derechos humanos de miles de colombianos.