“Le suministrábamos clonazepam”: exFarc admiten responsabilidad por policía asesinado en cautiverio

El Bloque Oriental de las antiguas Farc tiene el mayor número de crímenes reportados y es la estructura con más comparecientes sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, 33 antiguos integrantes del Bloque Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-EP) entregaron sus versiones sobre secuestros ocurridos en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Bogotá, la región del Ariari y Duda-Guayabero, así como los Llanos del Yarí (Meta), además de Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.

Durante la audiencia colectiva con los mandos medios de la extinta guerrilla, que se llevó a cabo en el marco del Caso 01, los comparecientes respondieron preguntas de la magistratura, el Ministerio Público y 252 víctimas acreditadas que participaron junto con sus representantes judiciales. Esta diligencia se llevó a cabo a lo largo de 16 sesiones, en cuatro semanas, del 27 de julio al 25 de agosto.

También se analizó el caso del subintendente Luis Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú, en noviembre de 1998, y asesinado en cautiverio, en 2003. Durante la diligencia, los comparecientes de las Farc asumieron su responsabilidad por los secuestros de 61 policías y revelaron: “Hoy asumimos de forma colectiva que la decisión no fue liberarlo. La salud mental de Peña fue empeorando, le suministrábamos clonazepam“.

La familia del subintendente Peña Bonilla, cuyo cuerpo aún está desaparecido, preguntó a los comparecientes de las extintas Farc-EP: “¿Cómo fueron sus últimos días de vida? ¿Quiénes estaban a cargo de él? ¿La orden de fusilamiento la dieron solo (alias) Jorge Briceño y (alias Manuel) Marulanda, o había alguien más?“.

Uno de los comparecientes respondió: “Lo de Peña Bonilla lo reitero. Tengo mucho dolor. Yo, cuando recibí esa unidad, ya él estaba enfermo. Incluso, me manifestaron que él tenía un problema psiquiátrico y lo incluí en los listados para que lo liberaran“.

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​Por su parte, la magistrada relatora del Caso 01, Julieta Lemaitre, les dijo a los familiares del subteniente que “el despacho sí puede hacer la reconstrucción de la sucesión de comandantes para darles la información de quiénes estaban allí“. Como resaltaron los representantes de víctimas en la audiencia, aún persisten cuestionamientos que ellas presentarán a viva voz en la diligencia de observaciones que la JEP ordenará próximamente, para conocer sus demandas puntuales de verdad y responsabilidad.

“Lamentamos lo que sucedió. Entendemos que el secuestro generó graves afectaciones, no solo a las víctimas directas, sino a sus familiares“, “los relatos de las víctimas nos han hecho ser conscientes de todo“, “la muerte de ninguna persona es justificable, pedimos perdón (…) Estamos completamente convencidos de que este es el camino a la no repetición“, son algunos de los testimonios que entregaron los comparecientes.

De todas las estructuras que conformaron la extinta guerrilla, el Bloque Oriental tiene el mayor número de secuestros reportados. A su vez, es la unidad con más comparecientes sometidos ante la JEP y con más víctimas acreditadas en el Caso 01. De hecho, de las 3.422 víctimas que participan en el proceso judicial que investiga los secuestros, 1.038 están allí por hechos que ellos perpetraron. 

Del total de víctimas que participaron en esta audiencia, 44 son miembros o familiares de integrantes de la fuerza pública y 208 son civiles. Los representan la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), la Fundación IPS para el Desarrollo Humano del Sur Colombiano (FUNIPSI) y la Corporación Mil Víctimas. Su participación, a través de sus representantes, fue precedida por la presentación de un memorial de preguntas para los comparecientes.

“Hubo situaciones inhumanas” en el secuestro de ‘La Chiva’ Cortés

A partir de la segunda semana de la diligencia, la JEP indagó sobre 172 hechos de secuestros que, en muchos casos, llevaron a desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado. Entre ellos, los secuestros derivados de cinco tomas perpetradas por las extintas Farc en El Billar y Puerto Rico (Caquetá); Mitú (Vaupés), Miraflores (Guaviare) y Uribe (Meta).

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Durante la diligencia, los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconocieron la coordinación de varios frentes para secuestrar personas en el Cundinamarca y Bogotá. Sobre el secuestro del periodista Guillermo Cortés Cano, conocido como la ‘Chiva’ Cortés, a sus 74 años, los comparecientes reconocieron: “Hubo situaciones inhumanas por nosotros sacar adelante esa negociación“. 

Asimismo, los comparecientes de las Farc reconocieron durante la audiencia de versión colectiva que tenían un campamento de secuestrados en el Sumapaz. Allí, según contaron, albergaban de 20 a 30 secuestrados de distintos frentes. De acuerdo con lo que expusieron en la diligencia, se comprometieron a entregar información sobre su ubicación. Solo en la zona del Sumapaz, el Caso 01 tiene registros de más de 800 personas cautivas.

“Tenemos que reconocer que no eran retenciones, eran secuestros. Ya nosotros entendemos qué es un secuestro“, dijo un compareciente, exintegrante del Bloque Oriental de Farc, durante la audiencia ante la JEP.

Cuando se abordaron los hechos perpetrados en la región del Ariari, Duda-Guayabero y en los Llanos del Yarí, uno de los exguerrilleros dijo ante la Sala de Reconocimiento: “Afectamos a la comunidad cuando secuestramos a los docentes. No entendíamos lo que hasta ahora sí entendemos. Ellos estaban evitando que los niños fueran al conflicto“.

“No pudieron darles un estudio a sus hijos, porque ese dinero tuvieron que entregárselo a las Farc”

En respuesta a una demanda de reconocimiento de las víctimas de la región Arauca, Boyacá y Casanare, los comparecientes dijeron: “Reconocemos las afectaciones psicológicas. También esas situaciones de las familias que, por ejemplo, no pudieron darle(s) una universidad, un estudio a sus hijos, porque ese dinero tuvieron que entregárselo a las Farc-EP“.

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Según manifestaron en la audiencia de versión colectiva, “privamos de la libertad a las personas bajo el pretexto de que tenían un patrimonio elevado que les permitía pagarnos la liberación (…) Los relatos de las víctimas nos han hecho ser conscientes de todo“.

Los comparecientes aportaron verdad a través de Incluso algunos, hechos a mano. De esta forma, explicaron la estructura y el funcionamiento de los campamentos de secuestrados, así como las rutas de traslado de quienes estaban en cautiverio. Por ejemplo, al tiempo que explicaba la cronología del frente, un compareciente relató cómo se realizaban los tránsitos fluviales entre el Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.

Frente a las preguntas de los representantes de víctimas, los comparecientes describieron las condiciones de cautiverio de los secuestrados durante su permanencia bajo el dominio de las Farc. Admitieron la gravedad de los hechos y pidieron perdón a las víctimas y sus familias.

Se analizaron casos particulares como los del general (r) Luis Mendieta, el coronel (r) Raimundo Malagón, el sargento (r) César Augusto Lasso, la ex precandidata a la Vicepresidencia Clara Rojas y su hijo Emanuel, nacido en cautiverio.

Lo que sigue

Las versiones colectivas entregadas por el Bloque Oriental serán incluidas en el expediente de la investigación, con el fin de pasar a contrastarlas con otras fuentes de información que nutren la investigación.

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El siguiente paso a esta audiencia de versiones colectivas son las audiencias de observaciones de las víctimas, en las cuales ellas se pronunciarán sobre las declaraciones que los comparecientes han hecho. Allí se podrán conocer en detalle cuáles son sus demandas de verdad y reconocimiento.

Sucesivamente, a través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas, se atribuirá responsabilidad individual a los máximos responsables regionales, de quienes conformaban esa guerrilla a nivel de bloques y de frentes. Esta diligencia de versiones colectivas con el antiguo Bloque Oriental de las Farc se realiza después de emitir la primera de siete imputaciones regionales, que se darán en el marco del Caso 01.

Después de imputar crímenes de guerra y lesa humanidad a siete antiguos integrantes del último Secretariado que reconocieron responsabilidad, y se encuentran en proceso en el Tribunal de Paz, la JEP anunció la primera imputación regional. A través de ella, la Sala de Reconocimiento determinó que 10 antiguos miembros del Comando Conjunto Central materializaron las políticas trazadas por esos líderes en torno al secuestro y que se clasifican en tres tipos: secuestros para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.

Este año, la Jurisdicción ha atribuido responsabilidad a 25 comparecientes, exmandos medios de la extinta guerrilla. La otra decisión se conoció en el marco del Caso 02 que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), donde se halló como máximos responsables a 15 antiguos integrantes de las columnas móviles Mariscal Sucre, Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano.

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