Rito Alejo del Río y otras “manzanas podridas” acusadas de ayudar a fortalecer las AUC

Durante la investigación de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, la JEP halló evidencias que apuntan a que altos mandos del Ejército y la Policía sabían de exmiembros del EPL y las antiguas Farc que militaban en las AUC y se reincorporaron como exguerrilleros, recibiendo beneficios del Estado, tras fortalecer el paramilitarismo en Urabá.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó investigar a 16 mandos militares que habrían apoyado la desmovilización de frentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que, a pesar de encontrarse militando en el paramilitarismo, fueron presentados ante las autoridades como guerrilleros.

La magistratura encontró elementos que indicarían que miembros del Estado Mayor de la Brigada XI, en específico del Batallón Junín, habrían apoyado la posterior oficialización o revestimiento de legalidad de la desmovilización de frentes de la guerrilla del EPL, así como de miembros de los frentes 5, 8, 18, 34 y 58 de las Farc, que, a pesar de ya encontrarse militando en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), fueron presentados como guerrilleros en proceso de reincorporación.

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Los hallazgos se dieron en el marco de las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica (UP), por ataques contra la población civil bajo la justificación de políticas o discursos contrainsurgentes; crímenes llevados a cabo con el objetivo de favorecer intereses económicos, en particular, relacionados con el territorio; y los crímenes cometidos con el objetivo de establecer, mantener o recuperar el control de la fuerza pública.

De estos hallazgos, la Jurisdicción concluye que la inclusión en las AUC de miembros de la guerrilla de las Farc y el EPL condujo a un fortalecimiento de los grupos paramilitares en la región de Urabá comprendida en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Entre los documentos remitidos para cotejo, el Despacho incluyó un amplio registro fotográfico de ceremonias de entrega de armas en las que altos mandos del Ejército Nacional participaron.

Entre los miembros de la Policía que la JEP ordenó investigar son los comandantes Óscar Armando Valencia Barón, que ejerció su cargo en Apartadó, en 1996; y Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, que se desempeñó en Córdoba, hasta agosto de 1996.

Los demás exmiembros eran, en su mayoría, parte de las Brigadas XVII y XI del Batallón de Contraguerillas número 35 Coronel Jaime Díaz; el Batallón de Infantería número 47 Francisco de Paula Vélez (Bivel) y el Batallón de Infantería número 33 Batalla de Junín.

Con respecto a la Brigada XI, la Jurisdicción ordenó investigar a los excomandantes de Inteligencia Francisco Leonardo Ortiz Chavarro y Leonardo Barrero Gordillo, que ejercieron sus cargos en 1996.

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¿Un ‘manzano podrido’ en el Bivel?

En la lista de posibles implicados en las desmovilizaciones irregulares que fortalecieron el accionar de las AUC en el Noroccidente del país, llama la atención el número de exmiembros del Batallón Bivel, como los comandantes Manuel José Pérez (de septiembre de 1996 a noviembre de 1997), Javier Gutiérrez de la Hoz (agosto de 1996) y Eduardo León Figueroa (de noviembre de 1995 a octubre de 1996).

Pero el número de exmilitares del Bivel señalados de aportar al crecimiento de las AUC en sus respectivas regiones no termina ahí.

Nemesio Tafur Cardoso, agente de control y subjefe de inteligencia (de agosto de 1995 a julio de 1996), y Emiro José Barrios, segundo comandante y jefe de la sección de Operaciones (de noviembre de 1995 a octubre de 1996) también fueron nombrados por la JEP por su presunta participación en dichos delitos.

En cuanto al pelotón, la solicitud de la JEP también describe la presunta participación de Hander Miguel Jaramillo Urrego (de agosto de 1995 a agosto de 1996) y Carlos Alberto Santos Forero (de febrero de 1995 a julio de 1997).

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¿Todos los caminos conducen a Rito Alejo?

Un nombre recurrente en la JEP durante las declaraciones de exparamilitares, parapolíticos y algunos militares que se desempeñaron en Urabá y Córdoba es el del general (r) Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada XVII entre 1996 y 1997.

Del Río ha sido señalado en varias ocasiones de fomentar el paramilitarismo durante su comandancia.

Por ejemplo, en su respectiva declaración ante el tribunal, Iván Ramírez —entonces comandante de la Primera División del Ejército—, dijo que, según Del Río, las Fuerzas Armadas y los paramilitares “debían prestarse apoyo mutuo para controlar el avance de la guerrilla en la costa Norte”.

Por otro lado, el exgobernador encargado de Córdoba, Benito Osorio (hombre de confianza de Carlos Castaño) declaró que el Bloque Norte de las AUC surgió de dicha alianza.

En la compulsa solicitada por la JEP, Del Río figura junto a Jorge Luis Mejía, excomandante de Inteligencia entre 1996 y 1997, también de la Brigada XVII.

La JEP, además, halló evidencias contra los comandantes Carlos Alberto Parra Trujillo (de mayo de 1996 a mayo 1998) y Jorge Enrique Bohórquez Cubillos (de agosto a diciembre de 1995), ambos del Batallón Contraguerrillas 35 del Ejército.

El excomandante de Inteligencia de la Brigada XI René Sanabria Amaya (1996) también se encuentra entre los mencionados.

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De guerrilleros a paramilitares

Las pruebas señalan que las ceremonias de desmovilización de miembros de las Farc que se llevaron a cabo en el segundo semestre de 1996, particularmente de exmiembros de los frentes 5, 58, Pedro León Arboleda, Manuel Elkin González y Bernardo Franco, habrían sido el producto de negociaciones, pactos y acuerdos entre los comandantes de los frentes guerrilleros —tanto individual, como de manera colectiva— con las ACCU.

En sus versiones ante la JEP, comparecientes relataron que, aunque la mayoría de ellos eran orgánicos de las ACCU, se beneficiaron de las políticas de asignación de tierras en calidad de guerrilleros desmovilizados y en proceso de reincorporación.

En el caso de la ceremonia de Cedro Cocido, por ejemplo, 44 miembros del frente Pedro León Arboleda, que ya se habían entregado a las ACCU el 30 de julio de 1996 —entre ellos, Juan de Dios Úsuga, alias Geovanny—, fueron formados y presentados como desertores.

A pesar de que esto se hizo público, fueron recibidos por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda) del Gobierno.

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