La JEP se mete de lleno a determinar los presuntos nexos entre Drummond y paramilitares

Aunque muchas investigaciones de ONG, periodistas, académicas y judiciales han documentado las relaciones entre el paramilitarismo y las empresas privadas, el tema ha avanzado poco en la justicia ordinaria del país. Uno de los más sonados es el de la Drummond en Cesar, que ahora parecería tomar rumbos definitivos tras una inesperada decisión de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad del excontratista de la Drummond Jaime Blanco Maya, quien narró la forma como se había financiado el frente Juan Andrés Álvarez de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Debe concluirse que la narrativa del señor Blanco Maya es detallada y exhaustiva en relación con su aporte de verdad (…) además, supera el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria al señalar otras empresas que, presuntamente, tenían una relación de contraprestaciones con las AUC… además indicó el ‘verdadero’ móvil del homicidio de los sindicalistas, amén de información adicional sobre asuntos conexos”, dice la resolución.

Tanto la decisión de la JEP como el nuevo testimonio de Maya no solo revivieron el caso, sino que podría complicarles la situación jurídica a varios directivos y exdirectivos de esta multinacional minera. Este es el último capítulo de una investigación que comenzó en 2001, con el asesinato de dos líderes sindicalistas.

El asesinato de dos sindicalistas

El 12 de marzo de 2001, luego de terminar su jornada laboral en la mina, el presidente de Sintramienergética, Valmore Locarno Rodríguez, abordó el bus que lo llevaría a Valledupar. Estaba acompañado del vicepresidente de la organización, Víctor Hugo Orcasita Amaya.

Ambos pertenecían al sindicato que agrupaba a los trabajadores del yacimiento carbonífero ubicado en La Jagua de Ibirico (Cesar), explotado por la Drummond.

Hacia las 6:15 de la tarde, integrantes del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC bajaron a Locarno y le dispararon en frente de sus compañeros. Luego, secuestraron a Orcasita. Nadie supo nada de él hasta que en la madrugada del día siguiente apareció su cuerpo en una carretera de Bosconia.

En esa mañana del 12 de marzo, ambos habrían participado en una reunión con los directivos Drummond “para exigirles una solución definitiva al problema de la mala calidad de los alimentos que por esa época les ofrecía la empresa ISA, de propiedad de Jaime Blanco Maya, pues era inminente un cese de actividades en caso de que no se les ofreciera una solución real a ese problema”, dice el expediente en contra de Blanco.

Poca rapidez en las investigaciones

Las investigaciones empezaron casi de inmediato. Sin embargo, los primeros resultados se produjeron muchos años después. Tan solo en 2009, un juez condenó a Jairo de Jesús Charris Castro, alias el Viejo Miguel, por el asesinato de Locarno y Orcasita y compulsó copias del expediente para investigar a empleados de la Drummond, entre ellos a Blanco Maya.

El Viejo Miguel era el jefe de seguridad de la empresa de alimentos de Blanco y, de acuerdo con la Fiscalía, uno de los enlaces del frente Juan Andrés Álvarez con la Drummond.

Para el juez, había plena evidencia de que, con el fin de evitar el paro y la posible terminación del contrato de alimentación, Blanco Maya concertó con alias Tolemaida, comandante del frente Juan Andrés Álvarez, el asesinato de los dirigentes sindicales. Él aceptó “su responsabilidad de esos homicidios, pero no como determinador, sino como simple encubridor”.

Ante las demoras de la justicia colombiana, los familiares de Locarno y Orcasita demandaron a la Drummond en una Corte Federal en Estados Unidos, en 2002. Su alegato era que la multinacional había contratado a los paramilitares para asesinar a los sindicalistas.

En 2007, una Corte de Alabama falló a favor de Drummond y dijo que Augusto Jiménez, el presidente de entonces de la compañía, no era culpable. Los familiares apelaron y, un año después, la justicia estadounidense le volvió a dar la razón a Drummond. En 2009 volvieron a demandar sin mayor suerte.

Por su parte, en Colombia, en 2013 un juez del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Blanco Maya a 37 años y 11 meses de cárcel por participar como autor intelectual en el asesinato de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya.

Pasaron los años y las investigaciones en la justicia ordinaria en contra de Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional en Colombia, y su sucesor, José Miguel Linares Martínez, parecían estar en punto muerto. Sin embargo, en diciembre de 2020, la Fiscalía decidió acusar a Jiménez y a Linares por los delitos de concierto para delinquir, financiación del paramilitarismo y por crímenes de lesa humanidad.

Entretanto, Blanco Maya prendía el ventilador de la para-economía, ya que en 2019 había sido admitido en la JEP en calidad de tercero civil.

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¿Qué dijo Blanco Maya en la JEP?

Como lo ha sostenido en el proceso por el que fue condenado, Blanco Maya le dijo a la JEP “que el móvil del homicidio de los líderes sindicales no fue la necesidad de conservar los contratos de suministro de alimentos”, sino que se trató de una “operación antisubversiva” en contra los líderes sindicalistas, “dada su cercanía con miembros de las FARC-EP y el ELN”. También argumentó que la persecución al sindicato minero iba a redundar en mayores ganancias para la multinacional.

“Alguna vez yo estuve hablando con el señor Jim sobre la función del sindicato y él, el gringo, me decía es que ellos quieren coadministrar la mina o las operaciones de Drummond en Colombia y eso no se lo podemos permitir a ellos, hablaba de coadministrar, entonces había una lucha de poder una lucha de digamos de condiciones entre la, la multinacional y la gente del sindicato”, declaró ante la JEP.

El contratista aportó información sobre cómo, aparentemente, los directivos de Drummond conocían de los aportes a los grupos armados, que en ningún momento fueron extorsiones. Y explicó la manera en que la multinacional hacía las transferencias de los dineros al frente Juan Andrés Álvarez de las AUC.

La financiación se habría hecho a través del contrato de alimentación con la empresa de Blanco. En promedio, el frente de las AUC recibía 30 millones de pesos al mes, de los cuales 25 millones pagaba la compañía y 5 millones entregaba Blanco. Para que las cuentas cuadraran, el contrato tenía un sobrecosto.

El contratista contó que una vez acabó su relación económica con Drummond, los paramilitares continuaron recibiendo los dineros por medio de una empresa de seguridad que prestaba sus servicios a la mina.

Los presuntos nexos de Drummond con el paramilitarismo

En la acusación contra Jiménez y Linares Martínez, la Fiscalía dice tener pruebas suficientes de que empleados de Drummond promovieron la creación del frente Juan Andrés Álvarez a cargo de Jorge 40, con el fin de proteger a la mina de las Farc y el ELN. Los paramilitares, además, perseguirían los sindicatos mineros para frenar los continuos conflictos laborales que le ocasionaban a la multinacional millonarias pérdidas

Según los testimonios y pruebas recolectadas por la Fiscalía, en 1995, John Jairo Esquivel, alias el Tigre, contactó a Blanco para que sirviera de intermediario con la multinacional. Blanco habló con algunos funcionarios, quienes dieron luz verde para conformar y financiar un grupo paramilitar. Y, desde ese momento, la relación se estrechó tanto que algunos paramilitares ingresaban sin ningún problema a las oficinas de Drummond.

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¿Qué dice la Drummond?

Desde que se les ha tratado de vincular con el asesinato de los dos sindicalistas, los abogados de la multinacional han dicho que la empresa fue víctima de las extorsiones de Viejo Miguel y que varios testigos han recibido dinero para testificar en su contra. Y frente a la acusación proferida por la Fiscalía, Drummond dijo en comunicado que la prueba de su inocencia es que en tribunales estadounidenses han ganado procesos que los acusaban de financiación del paramilitarismo.

“Drummond – dice el comunicado- ha ganado cada uno de los casos presentados en su contra. En esas instancias se ha establecido que varios testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por su testimonio. Esto llevó a un juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terry Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos”.

Aunque al testimonio de Blanco Maya todavía debe ser contrastado y comprobado, aclararía las relaciones de esta multinacional con las AUC. Ahora, la decisión de la JEP de darle libertad genera nuevas preguntas, las más importante: ¿qué pasará con la investigación contra los directivos y exdirectivos de la Drummond en la justicia ordinaria?