El peor alcalde de Colombia
No es un asunto exclusivo de encuestas o percepciones. Es el lamento de una ciudadanía desconfiada, huérfana de un liderazgo público, presa de la anarquía y molesta por la incertidumbre que produce un gobierno oscuro, impoluto, ineficaz.
Horas antes de redactar estas líneas la Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal abrió una investigación disciplinaria contra Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. También contra Marco Aurelio Vera Díaz, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESP), y Juan Diego Flórez, gerente de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), por presuntas anomalías en el proceso de contratación por más de 10.000 millones de pesos para implementar el alumbrado navideño en la ciudad a finales de 2020.
Y es que la oscuridad comienza con la larga lista de irregularidades —cuando menos sospechas— que, como la opinión pública local conoce, desde hace poco menos de dos décadas yacen archivadas o se ralentizan en sus fallos. Sin duda tiene mucho que ver la relación clientelista con la mayoría de los miembros del Concejo Distrital (y, a propósito de este, los entes de control locales), lo que ha facilitado el encubrimiento de los entuertos actuales, así como los sucedidos durante su primera estadía (2008–2011) ¿Se encenderá pronto la luz de la verdad?
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Por estos días también, la más reciente encuesta de Invamer ratifica la tendencia según la cual Jorge Iván Ospina es el mandatario peor evaluado por la ciudadanía en lo que vamos del periodo actual de administraciones territoriales. A pesar de que redujo de 73 a 72 por ciento su percepción negativa y la positiva aumentó de 18 a 21 por ciento, son cifras elocuentes de su pasmosa desaprobación, sin precedentes en la historia de esta capital.
Su abierta ideologización, la desconfianza que su imagen soporta y lucir como un gobernante incomprendido en el manejo de la crisis social de 2021, acrecentada con los efectos de la pandemia, han exacerbado en él las lógicas de la política amigo/enemigo. Desde aquel octubre de 2019, en vísperas de elecciones y con su ridícula declaración de huelga de hambre para “exigir garantías electorales” y que los medios de comunicación locales no develasen “noticias falsas” en su contra, el entonces candidato daba pistas de su talante y de su inaceptable maña de graduar de enemigo a todo aquel que le inquiere.
Tal parece que Jorge Iván Ospina sufre de lo que los psicólogos llaman el “síndrome de Hubris”, un trastorno caracterizado por generar un ego desmedido y deprecio hacia las opiniones de los demás. A partir de entonces, ha sido común observar la manera soez como se refiere a sus contradictores, utilizando retrovisores y deshonrando su investidura con el uso de expresiones del tenor de “la mierda sale a flote” o “bloquear es un derecho precioso”. Ante cuestionamientos y a través de sus redes sociales, descarga su furia disfrazada de ironía, juzgando de “patéticos”, “tóxicos” o “perdedores crónicos” a quienes le reclamamos por su desafortunada gestión.
Quienes actúan bajo sus órdenes, o comparten espacios de su competencia, describen al mandatario como un ser con complejo de superioridad, obstinado y déspota en ocasiones. Otros afirman que su visión política es abstracta, revanchista y filosófica —ya se imaginarán desde qué esquina. No menos arribista, desde luego, si consideramos que, mediante su estrategia electorera conocida como ‘Los Gatos’, no solo amasó suficientes votos al cierre de campaña, sino que aceitó su maquinaria ubicando en cargos estratégicos de la burocracia local a funcionarios sin experiencia probada en ejecución pública. Y de ahí para abajo ni hablar.
El alcalde no comprende que la gobernabilidad es un atributo que equilibra lo técnico y lo político, se demuestra con resultados, generando confianza y haciendo bien la tarea para que le fue escogido, con transparencia y de frente a la ciudadanía. En contraste, vale la pena valorar la resiliencia del sector privado y la constancia de otros actores que, como la academia y un puñado de organizaciones del sector social han extendido sus manos, aun cuando el burgomaestre los apartó de su modelo de gobernanza.
Elegido con tan solo el 38 por ciento de los votos válidos y con un electorado altamente fragmentado, la investidura de Ospina suponía un desafío especialmente en materia de legitimidad política y gobernabilidad. Superada la mitad de su mandato, el presente es sombrío. La ejecución de su Plan de Desarrollo, inferior al 50 por ciento, es la muestra de su ingobernabilidad: un universo de metas difíciles de lograr de cara al final de la administración y con otras en donde no existe evidencia de lo reportado.
Es verdad que el debilitamiento económico ha condicionado el progreso social en los últimos años y ha impactado negativamente en el nivel de vida de los caleños, en especial, para los más de 375.900 ciudadanos de Cali que ingresaron a la pobreza monetaria en el 2020 y los 221.522 actualmente en condición de pobreza extrema.
Pero hoy ni siquiera quienes equivocadamente aplaudieron el manejo dado a la crisis ocasionada por el paro ven con buenos ojos la manera como el gobierno responde a los retos que demanda la ciudad en materia de superación de pobreza y empleo.
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En aspectos como prevención de delitos, seguridad urbana, avance de obras de infraestructura y frente a la caótica movilidad, en todo nivel se coincide que la capacidad de respuesta ha sido irrisoria. Tal vez como un reflejo del panorama nacional, en Cali la desconfianza ciudadana crece y está conduciendo a un espiral de profunda desconexión entre la sociedad y sus instituciones públicas del que será muy difícil salir.
A pesar lo anterior, creo que vale la pena mirar hacia adelante y aportar soluciones. Contribuir desde el mundo de las ideas y la técnica a superar el amargo relato de esta historia aún sin concluir. Por lo pronto, dejo un inquietante entresijo para cualquier observador nacional: pensando en el 7 agosto, ¿será este gobierno de Jorge Iván Ospina una preocupante premonición para Colombia?
Por @dialbenedetti
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