Juez puso en cintura al Esmad en Manizales. Lo mismo podría ocurrir en otras ciudades

Luego del polémico Auto con el que la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, quiso impedir a última hora la realización del paro el pasado 28 de abril; ahora un juez de la misma jurisdicción, pero de menor jerarquía, acaba de darle un espaldarazo al derecho constitucional a la protesta y puso en cintura a las autoridades políticas y militares que las estarían reprimiendo de manera violenta.

El histórico caso jurídico y que surge en medio de la agudización del paro y el incremento de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, nació en el juzgado quinto administrativo del circuito de Manizales, Caldas, a cargo del juez Luis Gonzaga Moncada Cano.

Lo novedoso de este caso es que el togado emitió medidas preventivas mientras resuelve de fondo la petición de amparo de los derechos de once accionantes, quienes aseguran les fueron vulnerados por las autoridades.

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La otra sorpresa de esa tutela es que vincula de manera directa al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa; al personero municipal, Fernando Arcila Castellanos, a la Policía Metropolitana, la Gobernación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ejército y la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

El alcalde Marín Correa expresó públicamente su apoyo al legítimo derecho a la protesta, pero ello no evitó que fuera señalado de “asesino” por quienes lo responsabilizan del uso desmedido de la fuerza pública al momento de intervenir con el Esmad.

“A cada voz que grita “alcalde asesino” “alcalde nos traicionaste” responderé: JAMÁS ORDENARÍA NADA EN CONTRA DEL CIUDADANO. Este es el modus operandi de los que quieren desestabilizar. Le solicito a la marcha pacífica, que todos acompañamos, se aparte de estos violentos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que Fernando Arcila Castellanos, personero municipal, irónicamente denuncia en sus redes sociales, no las violaciones de derechos humanos de los manifestantes, sino el ataque vandálico del que fue objeto la sede de la entidad.

Dicha tutela nació como una acción de varios ciudadanos y colectivos de derechos humanos en la capital caldense, luego de varias denuncias de presuntas detenciones arbitrarias y el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.

Alejandro Guzmán, abogado y profesor universitario que hace parte del grupo de accionantes, explicó que la misma fue una respuesta desesperada ante la falta de información, protocolos para el uso de la fuerza y las masivas detenciones arbitrarias.

“A través de esa tutela exigimos derechos fundamentales como la vida, la salud, la protesta, el debido proceso, derechos políticos”, explicó el catedrático tras añadir que en cuanto a las medidas de salubridad, surgió porque cuando retienen a los estudiantes, “los llevan al Centro de Traslado por Protección, que son piezas pequeñas con más de 40 personas aglomeradas”.

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En Manizales, como en otras ciudades capitales del país, los manifestantes marcharon de manera pacífica, pero esa expresión de inconformismo también fue afectada por actos vandálicos.

Los tutelantes se quejan porque desde el pasado sábado 01 de mayo, la fuerza pública viene ejecutando “detenciones masivas, sin ninguna consideración. Y lo que es peor, ninguna autoridad informa o lleva un registro de esas acciones”, explicó el profesor Guzmán, al agregar que, debido a esa sistemática violación de derechos, desde ese día tomaron la decisión de conformar una Red Universitaria Humanitaria, con el fin de monitorear todos los abusos de la fuerza pública.

De ahí que entre las medidas previas que tomó el juez de tutela, consiste en exigirle a las autoridades administrativas del municipio y el departamento, “acudir a los Centros de Traslado de Protección y verificar las condiciones de bioseguridad de dichos centros, así como las medidas de protección de las personas que se encuentran allí retenidas”.

El juez administrativo del circuito de Manizales fue más allá y ordenó al alcalde, al gobernador y al comandante de la Policía Metropolitana, “efectuar todas las gestiones a su alcance, para garantizar y proteger el derecho de reunión y manifestación pacífica, que se llegara a presentar mientras se adopta el fallo respectivo al interior de este trámite constitucional”.

El togado Moncada Cano les ordenó además que, “ante la eventualidad de requerirse el uso de la fuerza legítima para restablecer el orden público, se adopten los protocolos respectivos para respetar la vida e integridad de la ciudadanía”.

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Y agregó un punto que ha sido aplaudido por defensores de derechos humanos, al exigirle a las autoridades que, “(…) de manera antelada, deberán poner a disposición DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, EL PERSONERO MUNICIPAL Y EL PROCURADOR REGIONAL, el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, las armas, elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de identificación”.

El juez de tutela remató las medidas preventivas con la siguiente orden, “(…) se dispondrá que los Agentes del Ministerio Público en mención, deberán realizar un exhaustivo control a la actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de las manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos que se realicen hasta el momento de la adopción del fallo tutelar”.

Frente a esa tutela y las medidas cautelares, el abogado constitucionalista Uberney Marín, aplaudió la decisión del juez porque “sin duda es una gran decisión que no solo reivindica a la tutela sino los derechos constitucionales y considero que se debe replicar en todas las ciudades y municipios de Colombia donde se estén adelantando protestas públicas, para que la autoridad policial y civil rindan cuentas, no solo ahora, sino de cara a la responsabilidad jurídica, política y patrimonial, que surjan después”.

Argumentó el jurista, que esa tutela será el freno legal que esperaba el país, “frente a las detenciones arbitrarias, al uso desmedido de la fuerza pública y las desapariciones. Es absolutamente conducente la medida previa, teniendo en cuenta el mandato constitucional del debido proceso, el derecho a la libertad, el derecho a la manifestación y a la protesta social”.

Y fue más allá al manifestar que gracias a la decisión cautelar del juez de tutela de Manizales, “se coloca en evidencia qué comandantes dan las órdenes, en qué sitios se encuentran los detenidos, cuál es su condición de salud, su situación jurídica y de vulneración de derechos fundamentales”.

Más allá del fallo de tutela que aún no se ha emitido, lo de fondo en este caso es que una autoridad judicial ordenó a las autoridades de policía y administrativas, un estricto control sobre las actividades de los miembros del Esmad, armas y dispositivos que usan y el informe detallado de todas las capturas que realizan.

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