La batalla judicial en el caso de Ciro Guerra: ¿Acoso contra Volcánicas?

A través de una demanda, el director Ciro Guerra pidió una indemnización por 917.000 dólares a Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, -una acción que se suma a una denuncia penal y dos acciones de tutela- después de que las periodistas publicaron el 24 de junio de 2020 un reportaje en el que relatan supuestas denuncias de acoso y abuso sexual en su contra.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que la demanda y la solicitud de indemnización (de Guerra) son tan desproporcionadas que se entienden como una estrategia de intimidación y acoso judicial contra Volcánicas, medio en el que se publicó el reportaje.

Guerra es uno de los cineastas más reconocidos del país. Dirigió El Abrazo de la Serpiente, película nominada a los premios Óscar en la categoría de mejor película en idioma extranjero en 2016. También La sombra del caminante (2004), Los viajes del viento (2009), Pájaros de verano (2018) y Waiting For The Barbarians (2019), esta última protagonizada por Johnny Depp.

El reportaje de las periodistas, Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra tomó por sorpresa a la opinión pública y a los seguidores del cineasta, quien afirmó que las acusaciones en su contra no eran ciertas.

De acuerdo con las periodistas, la publicación se realizó después de una investigación de cinco meses en la que hicieron un proceso de verificación, “cumpliendo con los más altos estándares periodísticos” como establecer la coincidencia de los testimonios y contrastar las fuentes. En el reportaje no se menciona el nombre de las víctimas para proteger su identidad.

Tras la publicación, “Guerra emprendió una estrategia de acoso judicial en nuestra contra, instaurando una denuncia penal, una demanda civil y dos diferentes acciones de tutela sobre los mismos hechos“, aseguran las periodistas. Como resultado del segundo trámite de tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá les ordenó rectificar entregando más información de contexto para cada uno de los testimonios.

La segunda entrega: ahora son nueve casos

En cumplimiento del fallo, las periodistas realizaron una entrega extendida, publicada el 12 de mayo: “Nos disponemos a rectificar y presentar evidencias que amplían y corroboran las ocho denuncias por acoso y abuso sexual hechas en contra de Ciro Guerra a través de este medio, para presentar un total de nueve denuncias en contra del cineasta”.

(Aquí puede leer el reportaje)

Los relatos, documentos y testimonios publicados denuncian aparentes hechos ocurridos entre 2013 y 2019 en tres ciudades del país y cuatro en el exterior. Estos, según las periodistas, se habrían presentado durante la realización de eventos importantes para la industria en los que se desenvuelve Guerra, como el Festival de Cine de Cannes, Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena. 

Los testimonios relatan situaciones incómodas, como conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel o apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas y, en un caso, se relata una situación de presunto abuso sexual, a pesar de que ellas le dicen que “no” de forma clara, directa y reiterada. También dan cuenta de la manera en la que Guerra presuntamente usa su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas frente a las agredidas”, explican las periodistas en el texto.

El texto argumenta que los hechos narrados fueron publicados por ser de interés público. La entrega extendida del reportaje acata, según las periodistas, la orden judicial, pero sigue protegiendo la identidad de las fuentes en peligro, amparadas en la ley. También contiene las respuestas que el cineasta envió por correo electrónico. La primera vez, según las periodistas, Guerra también fue consultado, pero en esa ocasión contestó “de manera evasiva y sin dar razón o respuestas de fondo”.

“No podemos presentar esta información sin antes reiterar que la evidencia presentada en la primera versión de este reportaje era suficiente de acuerdo con los estándares periodísticos de verificación de información ya enunciados“, señalan las periodistas en el artículo que fue editado periodísticamente por Daniel Coronell.

Una de las víctimas, nombrada en el texto como Beatriz, aseguró que 2020 fue un año difícil, al que se suma el nuevo fallo que pidió ampliar información:Yo leí todo, cada uno de sus comentarios crueles, leí las historias de todas esas personas de la industria que cuestionaban la gravedad de lo que me pasó, y entendí que Colombia es un país que sufre una terrible enfermedad que les afecta la empatía. Si esto les hubiera pasado a sus hermanas, novias o hijas, ¿sería diferente la historia? ¿Les seguiría pareciendo exagerada?“.

La respuesta del cineasta

Respecto a los hechos que se denuncian en esta publicación y con los cuales he sido relacionado, por medio de esta declaración manifiesto que los mismos no corresponden a la realidad y que no he incurrido en ninguna de las conductas que allí se relatan”, afirmó Ciro Guerra en su respuesta a las periodistas.

Agregó que las acusaciones son graves, pues afectan su buen nombre y dijo que nunca ha buscado obtener provecho indebido de su reconocimiento público. Asimismo, aseguró que lamenta por su familia y amigos la situación desatada por la publicación: “y es por eso que he tomado la decisión de acudir a la justicia, para que sea a través de las autoridades competentes que se dé total claridad a este asunto”.

Las periodistas señalaron que el cineasta no respondió puntualmente ninguna de las preguntas: “En todas las acciones judiciales que ha emprendido en contra nuestra, Guerra se ha quejado de que supuestamente no se le dio suficiente información y oportunidad para contestar sobre las denuncias. Parece que en esta ocasión, un cuestionario extenuante caso a caso, y cuatro días para contestar, tampoco fueron suficientes”.

Catalina Ruiz-Navarro, en una columna de opinión publicada en El Espectador, afirmó que entienden que Guerra acuda al sistema judicial, pues es su derecho, pero que su trabajo periodístico, que fue verificado con rigor, “sirve para construir un espacio seguro donde las mujeres puedan usar su voz y, en este caso, para que quienes valientemente han decidido contar sus historias de violencia puedan seguir haciéndolo”.

Las acciones legales que emprendió Guerra

De acuerdo con las periodistas, Ciro Guerra presentó dos veces la misma tutela “incurriendo en temeridad, ya que el decreto ley 2591 de 1991 establece que no se puede presentar más de una acción de tutela por los mismos hechos”. La primera vez la perdió en ambas instancias, la retiró y la volvió a interponer. Por la segunda, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó rectificación. “Con esto se puso en riesgo la reserva de la fuente y cuestionó la forma de ejercer el oficio”, dice frente al tema la FLIP.

En cuanto a la denuncia penal, el 9 de septiembre de 2020 fueron citadas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño a interrogatorio, pero no asistieron porque consideraban que todo lo que podían aportar estaba en los reportajes. “Aún no sabemos si nos imputarán cargos penales, pero nos parece que estas acciones legales pueden sentar un terrible precedente de silenciamiento para todas las mujeres y niñas de Colombia que quieren y necesitan contar sus experiencias de violencia sexual sin poner sus identidades y su seguridad en riesgo”, expresan.  

Después vino la demanda civil por un millón de dólares -interpuesta por Ciro Guerra y Ciudad Lunar Producciones- de la que las periodistas recibieron notificación el 7 de mayo. La FLIP relata que Guerra responsabiliza a las periodistas por haber generado afectaciones en “la integridad de la esfera moral” y su carrera profesional.

Para la Fundación, “esta es una clara muestra del acoso judicial que busca castigar económicamente la denuncia de asuntos de alto interés”. Además, consideran que las estrategias de Guerra, al ser avaladas por un juez, “promueven la autocensura y disuaden la publicación de denuncias relevantes para la sociedad”.

Honra, buen nombre, presunción de inocencia y reputación son los derechos que reclama Ciro Guerra. La representación legal del director alegó que lo han “marginado” de millonarios contratos y por eso piden indemnización.

El Espectador reveló que Guerra solicita 750.000 dólares por la desvinculación de un proyecto que tenía como nombre preventivo Yuba, con la productora Entertaiment One, además de 125.000 dólares por la caída del proyecto Cortés y Moctezuma en la plataforma Amazon. La productora Ciudad Lunar reclama por daños emergentes un total de 158 millones de pesos.

La demanda argumenta que los proyectos que realiza Ciudad Latina están vinculados en su mayoría con la actividad de Guerra e Isabel Cristina Gallego, “por lo cual las afirmaciones realizadas en contra del señor Ciro Guerra han afectado también el desempeño normal de la compañía, ya que a partir de ello se han generado afectaciones tanto en relación con la venta de las películas ya producidas, así como en la estabilidad de los proyectos futuros que ya se encontraban en etapa de negociación”.

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Asimismo, Guerra solicitó eliminar la publicación, lo que la FLIP considera una forma de censurar “una denuncia legítima y protegida”. El hecho también afectaría -según las declaraciones de la organización- el derecho colectivo a acceder a información sobre hechos de interés público y a difundirlos con el ánimo de rechazarlos y combatir la violencia de género.

También Guerra pidió que se ordene a las periodistas abstenerse de publicar contenido similar. Para la Fundación esto es censura previa, una práctica prohibida por la Constitución:

Estas solicitudes equivalen a órdenes de silencio y tienen un efecto inhibidor, tanto en la prensa, como en las víctimas de hechos relacionados con violencias de género

La Fundación para la Libertad de Prensa manifestó que la Corte Constitucional protege la posibilidad de las mujeres de manifestarse en diversas esferas sociales, incluidos los medios de comunicación, “con el fin de reforzar la desaprobación social de la discriminación y violencias de género”.

“Por último, esta acción busca limitar y desconocer que los y las periodistas también tienen derecho a expresar sus opiniones, puntos de vida y sentimientos de manera subjetiva. La opinión no es verdadera ni falsa, buena o mala y no debe ser sancionada“, concluye la FLIP. El debate está abierto. 

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