La huelga que recuerda que el Estado sigue sin cumplirle a La Guajira

El pasado julio, un grupo de jóvenes inició una huelga de hambre para reclamar mejores condiciones para La Guajira. Hoy se encuentran en Bogotá buscando una solución definitiva. Esta protesta vuelve a poner sobre la mesa las precarias condiciones de los habitantes de esta zona del país.

“Estamos en huelga, sí. Pero nosotros tenemos la capacidad de detenerla si no podemos más. Pero el hambre es lo que se vive en La Guajira. Muchas personas están determinadas a vivir en esas condiciones. Hacemos esto porque estamos convencidos de que podemos volcar los ojos del Gobierno Nacional hacia el departamento, para que cree un plan de emergencia que salve a La Guajira”, decía hace casi tres meses el joven Luis Fernando Lobo, en un programa en vivo.

Lobo, junto a otros ocho jóvenes, se instaló en el Parque Simón Bolívar de Riohacha para iniciar una huelga de hambre, con el fin de llamar la atención sobre la situación crítica del departamento y sobre la necesidad de soluciones urgentes que generen para sus habitantes acceso al agua potable y mejores condiciones de salud, educación, trabajo, entre otras peticiones.

Según le expresaron los jóvenes al senador Antonio Sanguino en una reunión virtual, los problemas que aquejan al departamento son el abandono, la disfuncionalidad que representa para los ciudadanos el modelo extractivista que se ejecuta en el departamento y la corrupción en varias administraciones.

Luego de casi un mes, y después de haber llamado la atención de distintos sectores sociales y políticos, los jóvenes, integrantes del Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira, levantaron la protesta gracias a un acuerdo con el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena.

La base de este compromiso fue la realización de diez mesas de diálogo en las que la sociedad civil y los funcionarios del Gobierno abordarían las problemáticas de La Guajira. Sin embargo, semanas después, la situación volvió a ser la misma: los jóvenes retomaron la huelga. El argumento para hacerlo, según manifestaron, fue la incapacidad del Gobierno de cumplir con lo pactado, puesto que, en sus propias palabras, “llegaron funcionarios sin capacidad de decisión demostrando la nula voluntad política de dar cumplimiento a los derechos constitucionales vulnerados sistemáticamente al pueblo guajiro”.

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La necesidad de obtener una solución pronta hizo que las protestas se trasladaran a Bogotá, el pasado jueves 7 de octubre. “El pueblo guajiro ha decidido trasladar la manifestación pacífica a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en el epicentro político de toma de decisiones del país. Un espacio en donde se han librado incontables luchas por la dignidad de los más vulnerables y donde esperamos cumplir el juramento que un primero de julio le hicimos al pueblo guajiro”, indicaron los jóvenes a través de un video.

Con este traslado, los jóvenes esperan que puedan retomarse los diálogos en las diez mesas pactadas el pasado 20 de julio. De hecho, según han manifestado, entrarán en conversaciones con el Gobierno.

“Recibimos la visita de un asesor del Ministerio del Interior y hay unas conversaciones internas entre varios viceministros para coordinar los espacios en los que se puedan abrir las discusiones frente al pliego de peticiones que tenemos por presentarle al Estado colombiano”, dijo Lobo al respecto, como lo cita el medio La Guajira hoy.

Todavía no se sabe en qué van a terminar estos diálogos. Lo que sí se conoce es que los argumentos de los guajiros son incontrovertibles y llevan afectando al departamento durante años.

Guajira en huelga de hambre
Jóvenes esperan ser escuchados por el Gobierno Nacional. Foto: Twitter Feliciano Valencia.

Problemáticas históricas

Bien lo decía Lobo en sus declaraciones, el problema de La Guajira es histórico. Para dibujar un panorama de la gravedad de la situación, en 2014, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que señalaba que los problemas del departamento son innumerables: una deficiente prestación de los servicios públicos, una red hospitalaria deshecha, la constante presencia de grupos al margen de la ley, y altos índices de desnutrición y analfabetismo.

De acuerdo con el documento, el Estado ha sido ineficaz a la hora de lidiar con estas problemáticas, puesto que tiene un “escaso conocimiento de las realidades” de La Guajira, partiendo de que los gobiernos nacional y departamental muy pocas veces han puesto sobre la mesa el enfoque diferencial con el que debería atenderse al pueblo wayuu.

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Así, por ejemplo, el empleo de conceptos ajenos a los usos y costumbres del pueblo wayuu –como el de ‘autoridad ancestral’– ha conducido a que, de dieciocho clanes vivos y cuatro en vía de extinción que existían a principios de la década de los 90, se pase a más de 6.000 ‘autoridades tradicionales’ cuya existencia únicamente tiene por propósito la obtención de recursos del sistema de participación del presupuesto nacional”, señaló el informe.

Esta incapacidad también ha llevado a que se presente un alto número de muertes evitables, pues han fallecido por lo menos unos 285 niños por desnutrición desde que se emitió la sentencia T-302 en 2017, de acuerdo con el Dane. Esta cifra bien podía ser mayor si se tiene en cuenta que muchas muertes ocurren en rancherías y no son reportadas.

La sentencia T-302 y el lío del agua

En 2017, la Corte exigió a las autoridades del país acciones que propicien el desarrollo en la región a partir del acceso a los derechos al agua, seguridad alimentaria, salud y participación, a través de la sentencia T-302. Dentro de estas medidas se incluyó la instalación de infraestructura que permita que las comunidades accedan al agua y así evitar la desnutrición y la deshidratación.

Una de estas fue la construcción de pozos profundos convertidos en soluciones de agua para por lo menos 20 comunidades indígenas ubicadas en zona rural, en 2015.

Sin embargo, de acuerdo con la veeduría ciudadana a la sentencia, hoy, cerca del 90 por ciento de los pozos no funcionan y los que todavía lo hacen “han logrado mantenerse en funcionamiento por los recursos propios de la comunidad”.

De hecho, el gobierno actual también propuso una alternativa para el abastecimiento del agua. En 2018, lanzó el programa Guajira Azul, con el que buscaba llevar el líquido a las comunidades de la zona rural dispersa, pasando de una cobertura del 4 por ciento, a una del 70. A pesar de la ambición de esta propuesta, no fue suficiente. Según señaló la veeduría a la sentencia, hoy Guajira Azul no alcanza el cubrimiento integral de la población indígena. “El abastecimiento de las pilas satélites, presenta problemas por la distribución de agua en carrotanques que deben transitar vías en precarias condiciones”, se indica en la revisión.

Esta problemática, como la mayoría de las que aquejan al departamento, no es nueva. De hecho, durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, en los años 50, ya se planteaba la necesidad de darle solución. En ese entonces, mediante el Ministerio de Agricultura, se creó “Proaguas”, una institución que dio vida a unos molinos de viento, que tomaban agua de la tierra. Este proyecto, lamentablemente, también se quedó corto.

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