La inseguridad en Colombia, más que percepción, es una realidad. ¿Qué está pasando?

Fiscalía y policía anunciaron un trabajo de acciones conjuntas para enfrentar el delito. El aumento de los homicidios es uno de los asuntos que más preocupa.


La sensación de inseguridad en el país es un asunto en el que hasta las mismas autoridades han manifestado su preocupación y aunque por momentos se echan culpas, luego procuran sentarse para coordinar acciones conjuntas que permitan resolver los problemas de hurto y homicidios, dos de los asuntos que tienen contra las cuerdas a la ciudadanía.


Los homicidios son, sin duda, el asunto que más ocupa y preocupa. Entre enero y julio del presente año estos aumentaron según lo compartió el mismo Ministerio de Defensa —haciendo la salvedad que estas cifras sujetas verificación— con los datos del grupo de información estadística que se nutre con la información de instituciones como la Policía Nacional.

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En los primeros siete meses de 2021 comparten que se cometieron 7.847 homicidios de civiles (no uniformados) en el territorio nacional. En el mismo periodo de 2020 la cifra fue de 6.344 —teniendo en cuenta que un buen porcentaje del año se dio la cuarentena— y en el 2019 los homicidios fueron 7.095.


Este delito contra la vida es el que más preocupa por el aumento que se dio y porque si no se adelantan acciones para prevenirlo podría convertirse en el año con más homicidios en la década. Más allá de los números, también se viene dando un rifirrafe entre las autoridades que en lugar de mostrar un trabajo colaborativo saca a relucir esfuerzos institucionales individuales por buscar evitar lo que se debe trabajar en conjunto.


Esos ruidos han sido más evidentes entre la alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional al momento de tomar acciones pues se responsabilizan mutuamente de lo que está pasando.


Recientemente el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, les hizo el llamado a los alcaldes para que “asuman el rol de jefes de policía en sus respetivos municipios, en ese orden de ideas la labor preventiva cumplirá un trabajo importante de coordinación”. Claro que a ese llamado también es necesaria la articulación de la Fiscalía como ente investigador.


El llamado fue luego de una reunión con el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, en la que acordaron un trabajo coordinado y colaborativo para enfrentarse a la inseguridad que vive el país.
Días atrás, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, hizo el llamado para que se priorice la seguridad como se hizo contra los carteles del narcotráfico en Medellín y Cali. “Propuse a Gobierno Nacional elevar a prioridad de seguridad nacional seguridad ciudadana pospandemia: Reactivación económica y rescate social. Y rostro, recompensa y estrategia de desarticulación a la nueva criminalidad pospandemia, al mismo nivel que se hizo con FARC y Carteles”, trinó a través de su cuenta en Twitter.


La lectura gobiernista


Videos en redes sociales han sido una de las maneras en las que se ha compartido la creciente inseguridad en buena parte de las principales ciudades del país. Atracos masivos, robos a personas que conducen sus vehículos, a cualquier ciudadano al que arrastran para quitarle alguna pertenencia.


Los casos son múltiples y casi que cada día un colombiano puede entrar a recorrer Twitter y Facebook para encontrarse registros de hurtos de todo tipo. Los casos son múltiples, en Medellín luego de que cuatro hombres robaran un supermercado e intentaron huir en un vehículo fueron capturados, luego la comunidad empezó a golpear el vehículo y uno de los presuntos ladrones gritó que no dañaran el carro porque era de la mamá.


El robo en un local del Norte de Bogotá que terminó con una persecución en medio de disparos. El mariachi que luego de ser contratado fue robado por las mismas personas que lo contactaron. La pizzería en Bucaramanga que sufrió un asalto masivo y semanas después fue robada de nuevo luego de que asaltantes rompieran vidrios para ingresar… Los casos pueden contarse por decenas y por ello la preocupación en todo el país sigue en aumento.


Para Andrés Preciado, docente e investigador del Centro de Análisis Político y de la Universidad Eafit, apenas se empiezan a ver los efectos de la pandemia y, particularmente, lo deja por el tiempo de la cuarenta, donde algunos de los gobiernos —nacional, departamentales y locales— celebraban la reducción en estadísticas de delitos.


Esa lectura gobiernista implicó que muchos gobiernos celebraran como producto de su actuación o coordinación institucional las reducciones delictivas de 2020 y esto desconocía un factor muy importante, algo que la literatura académica viene trabajando desde hace tiempo, y es que los problemas de seguridad eran eventualmente problemas de urbanización”, detalla.

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Comparte que “nunca habíamos tenido un escenario donde pudiéramos comprobar esa tesis, la pandemia y los confinamientos nos dieron esa posibilidad y nos dimos cuenta que hay muchos delitos que están ligados a los procesos urbanos, no al territorio en sí, si no a los cambios sociales de movilidad, económicos, personales que hay en el territorio y en ese espacio público”.


Pero la situación no debe tomarse desde las particularidades de los territorios y, menos, desligar delitos. No se puede desconocer las economías del microtráfico, el hurto a personas, residencias y comercios como asuntos independientes. Por ello la labor tiene que ser conjunta.


Coordinación de autoridades


Preciado explica que es necesario insistir en la coordinación de las autoridades públicas, “parte del fenómeno de Bogotá está también influenciado por las noticias de crisis que se generaron de la administración distrital y el gobierno nacional, y en particular de la gobernación distrital y la policía el año anterior. Eso pasa factura, genera problemas de coordinación que dificultan el trabajo de los organismos de seguridad”.


Y este es uno de los asuntos en los que tiene que haber más comunicación por parte de las instituciones, “más que ver al presidente vestido de policía, se deben resolver los consejos de seguridad y hay más evidente el trabajo coordinador”.


El hurto común —donde el Ministerio de Defensa agrupó el de residencias, comercio y personas— también presenta un aumento en comparación con el 2020. Entre enero y julio de este año se registraron 181.283 casos, donde se cuentan las denuncias hechas, mientras que en el mismo periodo del 2020 hubo 160.306 casos.


Dos datos claves: el año anterior la cuarentena tuvo encerrado a país por un largo periodo y, además, este año son menos los comercios porque algunos tuvieron que cerrar por el golpe de la pandemia.


Lo cierto es que la inseguridad del país es un hecho latente en el que gobiernos, fuerza pública e instituciones responsables de la seguridad deben unir esfuerzos, pues el panorama, con las acciones adelantadas, no es el más

optimista.

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