La ‘jugadita’ para no pagar las incapacidades de los empleados en medio de la pandemia

Diario Criterio investigó irregularidades en el sistema de salud que tiene a empresarios y comerciantes pagando las incapacidades de sus trabajadores contagiados o sospechosos de covid-19 y no a las empresas promotoras de salud (EPS) o a las aseguradoras de riesgos laborales (ARL).

Jonattan García González es un joven que luego de capacitarse en el Sena, se enganchó laboralmente en un naciente emprendimiento denominado Techos Rentables, que se dedica a la instalación de paneles solares.

Su labor es de campo como técnico operativo y obviamente no hay espacio para funciones de oficina. Por eso, cuando el pasado 3 de junio comenzó a sentir los síntomas de covid, lo primero que hizo fue informarle a su empleador y comenzar el proceso a través de la EPS Servicio Occidental de Salud, SOS.

Lo que Jonattan nunca se imaginó, es que a partir de ahí entraría en un agujero negro de trámites, llamadas y dilaciones para que le practicaran la prueba y le concedieran la incapacidad. El primer escollo corrió por cuenta de la autorización para la prueba covid, “lo absurdo de ese primer paso es que me dieron la cita para dentro de 15 días”, confesó el joven trabajador.

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Ante esa situación, él y su empleador convinieron realizar la prueba ese mismo día y de manera particular, todo con el propósito de confirmar la enfermedad y que en su caso fuera cobijado con la respectiva incapacidad laboral, ya que por las funciones que cumple, era inviable asignarle trabajo en casa. Absurdamente eso no sucedió, “cuando logré la cita con el médico general de la EPS y que se hizo a través de llamada telefónica y luego de mostrarle la prueba de antígeno positivo para covid-19, me dijo que no me puede dar incapacidad”, recordó el joven García González.

Seguidamente y para que no quedaran dudas de la negativa del galeno, la EPS le envió a su empleador un documento oficial con el asunto “Recomendación de Aislamiento Preventivo por Sospecha o Confirmación covid-19. Caso Positivo”. Dicho en palabras más simples, ratifican que Jonattan tiene covid, debe aislarse preventivamente los 14 días que señala la norma, pero que esos días no los pagará la EPS, porque oficialmente no está incapacitado, “¿quién los paga entonces? El empleador”, concluyó Carlos Alberto Perea, dueño de la empresa Techos Rentables.

Haciéndole el quite a la ley

Ese caso es apenas uno de los miles que se presentan a diario por cuenta del vacío jurídico motivado por el propio Gobierno a través del artículo 22 del Decreto 1374 de octubre 19 de 2020, mediante el cual se reglamentó el punto específico a las prestaciones económicas (en este caso incapacidades) a que tienen derecho los cotizantes del régimen contributivo de salud. En ese mismo decreto se acuñó el concepto “aislamiento selectivo” que es el origen de todo este escándalo que tiene con los pelos de punta a empresarios, comerciantes y trabajadores.

“Los afiliados cotizantes al Régimen Contributivo que sean diagnosticados con Covid-19 y frente a los cuales el médico tratante considera que no es necesario generar una incapacidad por las condiciones físicas en las que se encuentra, serán priorizados para realizar teletrabajo o trabajo en casa, durante el término del aislamiento selectivo”, dice textualmente el inciso segundo del mencionado artículo 22 del Decreto 1374 de 2020.

Esa consideración abrió la puerta legal para que los médicos decidan no otorgar incapacidades a los trabajadores asintomáticos o sospechosos y vía decreto descargar la pesada obligación de sostener sus salarios a los empresarios y comerciantes ya golpeados por la pandemia.

Varias fuentes gremiales consultadas por Diario Criterio, coincidieron en afirmar que el problema es de público conocimiento dentro del Gobierno y que los gremios han hecho hasta lo imposible para que se subsane esa zona gris, “pero la respuesta siempre ha sido la misma: no hay recursos para soportar esa carga económica”, explicó a este medio María Cristina Camejo, directora jurídica de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.

Para no pagar

Lo que muchos ignoran es que por cuenta de esa jugadita jurídica que busca ahorrarle unos millones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, se disparó un efecto contrario que podría estar contribuyendo a la masificación de los contagios que ya suman 4.210.074 casos y 106.000 muertes por cuenta del covid-19 en Colombia.

Así lo explicó Luis Carlos Cardona, experto en Seguridad Social y Riesgos Profesionales que asesora a 14 empresas del Eje Cafetero y Valle del Cauca. Según Cardona, por cuenta de esa situación en que el trabajador asintomático no está oficialmente incapacitado para aislarse y que, si lo hace, ese tiempo se lo descuentan de las vacaciones o licencias no remuneradas, “conscientemente ellos prefieren ocultar su contagio y de esa manera se convierten en máquinas propagadoras dentro de sus empresas y entornos sociales”.

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El otro dolor de cabeza corre por cuenta de la tramitomanía para lograr que la ARL o la EPS paguen esos días de incapacidad, “en nuestro caso, manejamos 150 trabajadores y de ese grupo el 10 por ciento de ellos ha sido contagiado con covid y aunque hemos diligenciado las solicitudes para el pago de incapacidades, hasta el momento no hemos logrado ninguna”, recalcó el asesor en Riesgos Laborales.

Un argumento similar expone Andrés Fernando López Cruz, abogado mágister en Derecho Público y especialista en Derecho Laboral, tras señalar que la tortuosidad para el reconocimiento de esas prestaciones económicas y una aparente política de negación, “hizo que el sistema judicial fuera saturado con tutelitis, solo para exigir el reconocimiento y pago del derecho a una incapacidad”.

Círculo vicioso y millonario

De acuerdo con cifras que maneja la Federación de Aseguradoras Colombianas, Fasecolda, se estima que en el país hay 10,5 millones de personas afiliadas al régimen contributivo de salud y de ese universo 10,2 millones cotizan al sistema general de Riesgos Laborales.

De lo que cotizan esas personas al sistema de salud, se destina el 0,38 por ciento para el fondo de incapacidades que maneja la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y que para 2020 ese fondo reconoció $949.000 millones en incapacidades.

Fuentes de Fasecolda informaron que a la fecha 128.969 trabajadores afiliados al sistema se han visto afectados por el covid-19 en el país. “De estos, 39.962 son casos activos, 88.417 se han recuperado y 590 han fallecido. Además, se registran 5.137 casos sospechosos”, confirmaron a través de un comunicado.

El documento oficial agregó que hasta mayo de este año se destinaron $435.400 millones para el pago de 265.076 prestaciones, entre asistenciales y económicas, dentro de las que se encuentran 123.314 casos por incapacidad temporal.

Conocedores el sistema aseguran que es un fondo que se beneficia de la negativa al pago de incapacidades y que esa filosofía quedó reforzada en el polémico Decreto 1374 de 2020. Cuando apareció la pandemia, una de las mayores preocupaciones de los gremios era justamente el de las incapacidades y el manejo que se le daría.

“Desde que arrancó la pandemia, los empresarios pusieron el grito en el cielo, pero el Gobierno se hizo el sordo y ante esa situación es por eso que los gremios prefirieron enfocarse en comprar las vacunas para aplicarlas a sus trabajadores y familias, porque sale más barato hacer ese gasto”, concluyó Yitcy Becerra, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi), capítulo Valle.

Más allá de esas suspicacias, llama la atención que una de las quejas que más crecieron dentro del seguimiento que hace la Superintendencia de Salud a todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es justamente la demora en la asignación de citas, toma de exámenes de laboratorio y diagnósticos de covid-19.

El registro muestra que, entre marzo de 2020 y mayo de 2021, se atendieron 121.673 quejas, siendo la demora en la toma de los exámenes de laboratorio la más reiterada a partir de este año, con énfasis en Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle.

En las quejas más recurrentes hay un común denominador: aislamiento preventivo. Esa es la frase o concepto que se impuso en medio de la pandemia para describir a aquellas personas que no pueden permanecer en sus sitios de trabajo, pero que tampoco están amparadas por la figura legal de la incapacidad.

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Carlos Alberto Perea, el empresario de Techos Rentables a cuyo trabajador le diagnosticaron covid y pese a ello no le dieron incapacidad, aseguró que “muchas veces el empleador toma ese aislamiento como una licencia no remunerada y por lo tanto es una pérdida para ambas partes”.

El empresario insiste en que ese decreto es demasiado subjetivo, “hemos notado que cada EPS lo maneja a su gusto; algunas otorgan incapacidad y otras no. Los motivos son de total desconocimiento y la pregunta que siempre nos ronda es en qué consiste o cómo determinan si otorgan o no una incapacidad”.

Lo que las EPS dicen

Precisamente este medio le trasladó esa inquietud a Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), entidad que aglutina a todas las EPS que funcionan en el país.

Lo primero que hizo el presidente gremial fue rechazar cualquier suspicacia en el sentido de que sus afiliadas tendrían una política o directriz de negar o aplazar las pruebas covid.

“En general, en el país se están haciendo muchas pruebas; vamos en 116.000. Puedo garantizar con toda seguridad, que no hay ninguna política de las EPS diciendo que a los trabajadores se les demoren más las pruebas o algo así”, anotó el señor Morales.

Reconoció que las EPS están amarradas jurídicamente a pagar solo lo que les permite el polémico decreto: “Nosotros no podemos pagar nada que esté por fuera de ese artículo [22 del Decreto 1374 de 2020] porque, en el momento que lo paguemos, se nos viene la Contraloría encima por desviación de recursos”, explicó, tras insistir en que la opinión de la EPS frente a las incapacidades es indiferente, “porque lo que importa es la autonomía del médico”.

El presidente gremial no dudó en desmentir aquellas versiones que siembran dudas en torno a la transparencia en el manejo de los dineros del fondo ADRES para incapacidades, con el argumento de que, cuantas menos incapacidades se autoricen, más dinero les queda en caja a las EPS.

“Cuando el saldo de la bolsa común para incapacidades es positivo, ese dinero queda en el fondo y no se le puede dar otro uso. Si sobra plata del fondo, hay que hacer una reserva para futuras contingencias”, aclaró.

No obstante, el presidente de ACEMI reconoció un vacío legal e injusto con aquellos trabajadores con sospecha de covid, aún no diagnosticados, que claramente no pueden trabajar y esa es una zona gris que no han podido resolver en año y medio de pandemia.

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“No podemos pagar incapacidad por ellos, porque no está previsto en la norma, pero, claramente, allí hay un problema que no se ha podido solucionar, porque esa gente no puede trabajar y nadie le está reconociendo incapacidad. Somos los primeros en reconocer que allí hay un vacío y por eso le hemos pedido al Gobierno que reglamente esa hipótesis: qué hacer con los sospechosos que no pueden ir a trabajar pero que aún no son oficialmente diagnosticados”, reiteró Morales.

Lo irónico del problema denunciado es que todos coinciden en la afectación que viene ocasionando al sistema de salud pública y el millonario costo con cargo a las finanzas de las empresas colombianas. Lo absurdo es que todo indicaría que esa irregularidad, por ahora, no cambiará.