La ley del silencio en Tibú: nadie puede hablar de los feminicidios

“Si vamos a hablar, mejor ponga mi testimonio anónimo porque uno aquí está expuesto a todo”, le dijo a Diario Criterio una lideresa del municipio que, en el artículo, se le conocerá como Blanca. Tiene información de primera mano, pero teme compartirla porque, como todos en Tibú, tiene miedo a las represalias de los grupos armados.

Esta es la segunda de varias entregas dedicadas a la situación de las mujeres en el municipio. La zozobra y las amenazas son los factores en los que coinciden todas las fuentes que este medio ha consultado.

Aquí puede leer la primera entrega: La muerte y el miedo se ensañan contra las mujeres en Tibú. ¿Quién responde por este feminicidio?

El caso de la fiscal Esperanza Navas 

El martes 8 de junio, la fiscal seccional Esperanza Navas fue asesinada por hombres que llegaron hasta su casa, a media cuadra de la oficina de la Fiscalía, habría recibido nueve disparos. Las organizaciones llevan más de un mes advirtiendo la zozobra que se vive en el municipio nortesantandereano por los casos de mujeres asesinadas, también denuncian falta de apoyo institucional. 

El fiscal Francisco Barbosa, desde Cúcuta, aseguró que con la vicefiscal general y el director del CTI trabajan para esclarecer el caso de Navas y “otros que se han presentado en el municipio, particularmente de violencia contra mujeres”. El ente investigador señaló que fiscales del grupo nacional de género de la entidad y de la seccional del departamento están caracterizando a las víctimas y los patrones de violencia de los ocho asesinatos reportados entre el 5 de abril y el 5 de junio.

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Barbosa anunció que ya emitieron orden de captura para uno de los cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc, alias Mocho Olmedo, por dos de los homicidios —que para las lideresas deberían considerarse feminicidios— . Las muertes que se le atribuyen se presentaron el 14 de abril y el 1 de mayo, el cabecilla también estaría relacionado con el asesinato de dos policías. 

La Fiscalía maneja tres hipótesis en el caso de Navas, todas están siendo evaluadas por el equipo técnico de investigación. La primera es que tiene relación con la labor que desempeñaba como fiscal. La segunda es que se vincula a “los patrones de muertes de mujeres en el municipio de Tibú, que son anómalos”. La tercera es que su muerte tiene que ver con la conflictividad entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc. 

Blanca cuenta que desde su labor ha reportado el asesinato de once mujeres, no ocho, y afirma que las declaraciones de la Fiscalía para nada las dejan tranquilas: “Nos parece ilógico que la Fiscalía diga que desplegaron todo un equipo para investigar la muerte de la fiscal ¿Y las otras mujeres qué?, ¿Cuándo van a hacer un despliegue para esclarecer los hechos? Nunca nos dan razón de nada, antes nos estigmatizan”. 

Blanca y Luis conocían a la fiscal, ambos dicen que no había recibido amenazas. El defensor de derechos humanos habla con mucha cautela porque fue amenazado y siente aún más temor tras el asesinato de Navas: “Le hemos pedido a la Policía explicaciones, pero no hay ninguna certeza sobre el asesinato de las otras mujeres, en los consejos de seguridad la información es vaga, dicen que carecen de personal especializado para investigar. Quedamos fríos con la noticia del asesinato de la fiscal Esperanza”. 

En Tibú prima el miedo y la desconfianza 

Así como la lideresa citada en la primera entrega (leer aquí), Blanca sintió que la Policía estigmatizó a las mujeres de Tibú, al afirmar que las asesinadas tenían vínculos con los grupos armados. 

Diario Criterio habló con el coronel Carlos Martínez, comandante de Policía en Norte de Santander. Según Martínez, tienen conocimiento de ocho homicidios: “Ya hemos esclarecido dos, la situación se le atribuye a las disidencias de las Farc y al ELN que delinquen en la zona”.

Aclara que algunas de las mujeres podrían estar relacionadas con actividades delictivas, pero otras tenían “afinidad con personal de la Policía y del Ejército”, de hecho, indica que algunas mujeres habrían sido amenazadas por colaborar con la institucionalidad. 

La seccional de investigación criminal está apoyando a la Fiscalía y el comandante señala que toda la institución “trabaja para garantizar la seguridad de la comunidad”. Además, considera que el objetivo de los grupos armados es “sacar a las instituciones” del Catatumbo, aunque desde su punto de vista están “más fortalecidos que nunca” trabajando con el Ejército y grupos especiales.  

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Agrega que los videos con fotos de mujeres e insultos que circulan por redes sociales son viejos “y no tienen nada que ver con los homicidios”. Respecto al panfleto que habrían difundido grupos armados amenazando a más de 20 mujeres, asegura que la información está en manos de la seccional de investigación criminal. 

Mientras tanto, Luis pone sobre la mesa que no les convence del todo que sea una coincidencia que tres de las mujeres asesinadas salieron en esos videos. Y Blanca afirma que la comunidad no se atreve a denunciar con la Policía porque se dice que “sapean con la misma guerrilla”. 

“En el municipio está la ley del silencio, nadie puede decir nada, hay casos de personas que dan información y después uno se entera de que los mataron, amenazaron o tuvieron que irse del municipio”, advierte Blanca.

Justicia para las que ya no están 

Uno de los casos que más conmovió al municipio fue el de Ludy Vásquez, asesinada el 2 de junio. Las organizaciones de mujeres aseguran que la mataron en la casa de sus papás. Blanca la vio crecer en Tibú y la describe como “una muchacha trabajadora, alegre y que se llevaba bien con todos”. 

“Ludy Vásquez no pudo marchar hoy junto a nosotras, la asesinaron el 2 de junio”, decía uno de los carteles de la marcha del 6 de junio en Tibú. Con cada asesinato —señala Blanca— las mujeres y los funcionarios sienten más temor, algunas ya se han ido por las amenazas y otras esperan hacerlo pronto. La lideresa destaca que detrás de cada caso hay una historia que tampoco se ha contado por temor a las represalias que pueden tomar los actores armados contra los familiares y amigos de las víctimas. 

Nelly, Geraldine, Ana Julia, Jennifer, Liliana, Ludy y ahora Esperanza son algunas de las mujeres que, como decía el cartel, ya no pueden salir a marchar. Las organizaciones de mujeres y las lideresas con las que habló este medio, coinciden en la urgencia de que se investigue, pero también, de proteger oportunamente a las mujeres.

Por otro lado, la presencia de carteles mexicanos es una situación que —según Blanca— todos conocen en Tibú. “La Policía lo sabe, pero no entendemos por qué no actúan. Además, para nadie es un secreto que la guerrilla está en la frontera que entra y sale como Pedro por su casa, que los mexicanos están en La Gabarra, en Pacheli (corregimientos) en donde no hay control del Estado”, agrega.

En la próxima entrega se abordará la configuración armada de Tibú y la posible participación de carteles mexicanos. Por el momento, el miedo se apodera de las tibuyanas y hablar frente a los medios de comunicación representa un riesgo para los líderes y funcionarios públicos.