Ituango y el eterno destierro, los violentos son los mismos

Otro desplazamiento causado por grupos armados agobia a la población. La violencia no cesa y esta vez sus efectos llegaron en medio de otra crisis: el confinamiento por un derrumbe en la única vía de acceso.  

Nuevamente la situación de orden público en Ituango (Antioquia) les roba la paz a los habitantes. “Los desterrados de siempre, así se titula el comunicado del movimiento Ríos Vivos en el que denuncian la difícil situación por la que atraviesa este municipio. Ya son más de 4.000 las personas que se han desplazado de 28 veredas al casco urbano por las amenazas de grupos armados. Esta vez el éxodo es en medio de la lluvia.

Como si fuera poco, los derrumbes generaron el cierre de la única vía de acceso. Ituango está confinado, de ahí la dificultad de llevar colchonetas, cobijas y alimentos. La Fuerza Aérea ha transportado 1,5 toneladas de ayudas, de las 40 que envió la Unidad para las Víctimas, pero estas no son suficientes. 

El procurador regional de Antioquia, Luis Fernando Bustamante, solicitó apoyo del Gobierno y de organismos internacionales ante el riesgo de desabastecimiento. Explicó que con 25.000l habitantes, si cada uno consume una libra de alimento al día, se necesitan 12.500 kilos diarios. Por ahora, las autoridades trabajan en habilitar la vía alterna a Pascuitá, una misión urgente, no solo para las víctimas de desplazamiento, sino para toda la población.

Antonio*, líder de una de las veredas, le dijo a Diario Criterio que en los albergues hay hacinamiento, lo más grave es que uno es “foco de casos de covid-19”. El desabastecimiento de elementos de aseo (como toallas higiénicas y pañales), papa, aceite, arroz, entre muchas otras cosas preocupa.

El 23 de julio, tras un vendaval y fuertes lluvias, se declaró Calamidad Pública en Ituango. Foto: Dagran

Lo único que no escasea, según Antonio, es la solidaridad de la comunidad que ha albergado familias y ha donado víveres. Sin embargo, todavía no saben cuándo podrán regresar a sus hogares y tampoco hay garantías para la habilitación de las vías.  

¿Quién es responsable de la violencia? 

Las autoridades informaron que los responsables de este delito de lesa humanidad serían alias Ramiro, comandante del frente 18 de las disidencias de las Farc, alias Camilo y alias Michín, del mismo grupo, y alias Richar de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo. 

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ofreció hasta 100 millones por información que permita capturar a alias Ramiro y hasta 50 millones por los tres restantes. 

Isabel Cristina Zuleta, lideresa del Movimiento Ríos Vivos, le dijo a Diario Criterio que aunque quienes llamaron a los campesinos se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc, “el movimiento lo pone en duda porque de las veredas que ha salido la población, en algunas hay presencia de disidencias y en otras de grupos paramilitares. También es frecuente que un comandante pase de un grupo a otro”. 

Para Ríos Vivos lo que está ocurriendo en el municipio es un avance del paramilitarismo, específicamente de las AGC. En este punto coincide Juana Valentina Cabezas, investigadora de Indepaz, para ella la situación es el resultado de las acciones violentas de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Caparros, ya que son en especial estos dos grupos los que ejercen violencia en la zona, amenazan líderes, ubican minas antipersonales, etc. 

Puede leer: El peligroso rearme del paramilitarismo en Córdoba

Los intereses en Ituango y el poder de las AGC

Zuleta asegura que la disputa por el control territorial en Ituango se debe a los intereses económicos, sobre todo la ubicación estratégica como una ruta para el narcotráfico, hacia Córdoba. Además, indica que hay intereses mineros sobre el territorio; una disputa por la tierra entre los actores económicos y enfrentamientos por el microtráfico, problemática que se refleja en el aumento de homicidios de jóvenes. 

Para la investigadora Cabezas, Ituango no solo es una ruta o una zona con cultivos de uso ilícito, afirma que en el municipio hay procesamiento de coca, y cuya actividad ha implicado instrumentalizar a la población.

Según las investigaciones de Indepaz, hay una alianza de los frentes 18 y 36, que tienen presencia en el municipio, con la Segunda Marquetalia. Aún así, las disidencias de las Farc no son tan fuertes en Ituango, ya que su actividad delictiva se concentra en el norte de Antioquia.

Quienes tienen más poder en el lugar, así como en Córdoba y en muchas otras zonas del país, son las AGC. También hay registro de Los Pachelly, de la oficina del Valle de Aburrá, pero estos no entran en disputa con el Clan del Golfo, por el contrario, están aliados y juntos negocian con carteles mexicanos.

Leer: La cartelización mexicana del narcotráfico en Colombia

La investigadora explica que las AGC también lavan dinero por medio del oro, un negocio del que quieren tener control a toda costa. Aunque la administración local ha establecido el máximo de oro que puede comercializar cada pequeño minero, con una carnetización, las comunidades denuncian que este grupo extrae oro de otras zonas de Antioquia y obliga a los barequeros a usar su cupo para vender el mineral ilegal y no el que sacan artesanalmente.

En este contexto —agrega Cabezas— se sumó también un grupo de personas armadas que “‘defiende’ el oro de los grupos armados y ‘defiende’ el territorio de las empresas mineras”. 

Por otro lado, Ignacio*, quien conoce las dinámicas de la zona, denuncia una alianza entre lo legal y lo ilegal, pues asegura que empresas estarían “contratando” grupos armados, principalmente descendientes del paramilitarismo como las AGC, para generar desplazamientos y mantener el control del territorio.

Desplazamientos en Ituango, una historia que se repite 

La zozobra en este territorio antioqueño no es nueva. La Defensoría del Pueblo advirtió en marzo de 2020, por medio de una alerta temprana (029-18), la situación de riesgo a la que estaba expuesta la población por la presencia de las AGC que se establecieron en la zona desde 2016. 

Le puede interesar: ¿Quién es quién en la guerra de las disidencias de las Farc?

Los habitantes quedaron en medio de la confrontación de las AGC con los Caparros (que antes eran una de sus facciones) y con el frente 36 de las disidencias de las Farc. 

En enero de 2020, la Defensoría emitió otra alerta temprana (004-20) en la que advirtió que el riesgo se había “exacerbado” por la confrontación entre grupos armados y la posibilidad de que estos aumentaran el control e intimidación de la población. En el documento se habla sobre las disidencias del frente 36, el frente 18 y la expansión de las AGC que para ese momento ya se habían fortalecido militar y económicamente gracias al narcotráfico. 

Los desplazamientos internos se repiten una y otra vez. Zuleta recuerda que en febrero de este año, en enero de 2020 y en 2019 la gente también tuvo que huir de las veredas al casco urbano. Después regresaron, pero la incertidumbre y la violencia siguen. La lideresa ambiental señala que, además, cuando un grupo armado amenaza a una persona o familia específicamente, esta debe abandonar definitivamente el municipio.

Las solicitudes de Ríos Vivos

La lideresa asegura que Ituango se encuentra, nuevamente, en esta situación “porque las autoridades se han negado a resolver los problemas estructurales y a proteger la vida y las propiedades de los campesinos. Para ellos es cómodo que la gente se desplace porque el costo de la tragedia humanitaria lo asumen las familias”. 

Asimismo, afirma que las autoridades no han respondido a la situación de violencia a la que se exponen todos los días los habitantes del municipio. Tampoco se han solucionado los problemas de acceso a Ituango que hoy pasan cuenta de cobro: “no hay otra vía; no hay conexión del embalse con otras rutas que permitan desbloquear el municipio; el aeropuerto nos lo quitaron, dejó de ser civil. No hay respuestas estructurales a problemas que hemos tenido desde hace tiempo”. 

La solicitud del movimiento es que la Fiscalía judicialice el desplazamiento forzado, que se habilite el aeropuerto, las otras vías (con Peque, con Pascuitá) y que se haga una nueva que conecte con Sabanalarga. Asimismo, exigen que la Gobernación haga un inventario de los bienes perdidos por las más de 1.500 familias. “Esperamos que se resuelva el tema de seguridad, que debe ser parte de un análisis estructural, y que cuando la gente pueda volver, el Estado les responda por su ganado, cosechas y los bienes que están perdiendo”, concluye. 

La investigadora Cabezas dice que todo este panorama de violencia se da “en medio de la ineficacia en la implementación de los Acuerdos de Paz y de la afectación social y económica que dejó la emergencia de Hidroituango”. Otra vez ‘desterrados’ los habitantes de Ituango esperan una solución para sus muchos males porque hoy no solo sufren por los grupos armados, sino también por los estragos de las lluvias y la falta de alimentos. 

* Los nombres de las fuentes fueron cambiados para proteger su identidad.

Seguir leyendo: Los fantasmas de la violencia que azotan a Algeciras (Huila)

2 Comentarios

Deja un comentario

Diario Criterio