Las chispas que encienden los ánimos del paro

Desde que arrancó la protesta, surgió una llamativa relación entre los presuntos abusos de la fuerza pública y las ciudades con más estallidos sociales. Análisis de Diario Criterio.

Luego de 19 días consecutivos de manifestaciones y disturbios en varias regiones del país, nadie duda de que esta protesta es sui géneris por donde se le mire.

Las impactantes imágenes de dolor y pánico se han alternado en varias ciudades, como si se tratara de una transición coordinada y escalonada con 7.272 actividades, 1.557 marchas y 1.744 bloqueos en 773 municipios de 32 departamentos.

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Primero fue Cali, luego Ibagué, después Pereira y ahora Popayán. En esas cuatro urbes se ha visto el mismo coctel: represión de las autoridades y reacción violenta de los manifestantes. Una mezcla explosiva de abuso e indignación acumulada.

Y al final de la fórmula aparece la cuota de sangre, que según el último reporte de la ONG Temblores, son 39 manifestantes asesinados y 2.110 casos de violencia policial. Por el lado de las autoridades, el Ministerio de Defensa reporta a un capitán de la Sijín asesinado con arma blanca en Soacha y 918 policías heridos.

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Pese a que analistas de una y otra orilla se han quemado los sesos tratando de interpretar la furia de estas manifestaciones y los llamados de las organizaciones de derechos humanos condenando los excesos del Esmad, la situación parece no cambiar y por el contrario empeora. Al cierre de este artículo, voceros del paro y el Gobierno terminaban la primera reunión para iniciar la negociación y así suavizar los efectos del paro con una agenda de 19 puntos sobre la mesa.

Mientras tanto, las calles de las principales ciudades de Colombia siguen atiborradas de marchantes, algunas alternadas con finas expresiones de arte y cultura, otras con simples arengas de desesperación atragantada. Pero en todas ellas siempre hay una chispa que enciende la mecha y todo explota.

Sucedió el 28 de abril en Cali, cuando en el sector de Calima el joven Nicolás Guerrero recibió un balazo en la cabeza en medio de los disturbios desatados por enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes. Nicolás murió días después, mientras luchaba por su vida en una clínica. En ese mismo instante se supo que el joven asesinado era hijo de un primo del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El mismo día del atentado contra Nicolás, la ciudad se llenó de indignación al ver los videos que circulaban por las redes sociales, del momento de pánico y la ciudad estalló en caos y anarquía.

Al día siguiente se sumó a otro grito de indignación, dolor y repudio por cuenta de la manera como las autoridades reprimieron a los manifestantes y a los vándalos. En redes sociales comenzaron a circular varios videos del momento exacto en el que un policía reacciona a la patada voladora que le propinó un muchacho, durante los disturbios en el mítico Distrito de Aguablanca, en la capital del Valle.

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En las imágenes se observa al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández desenfundar su arma y accionarla en varias oportunidades contra Marcelo Agredo, el joven de 17 años que lo pateó. Uno de los disparos impactó en su cabeza y le causó la muerte de manera fulminante.

A raíz de esas denuncias y las pruebas que existen en torno a los hechos, el pasado miércoles 12 de mayo, el patrullero Piedrahita Hernández fue capturado y cobijado con medida de aseguramiento intramural tras ser imputado por la Fiscalía, por el delito de homicidio agravado.

Y cuando los caleños aún no se reponían de la ola de protestas y disturbios, la chispa de la indignación se trasladó a Ibagué. En esa capital se repitieron las mismas imágenes del Valle: manifestantes y vándalos reprimidos por igual por la fuerza pública y videos por redes sociales que evidenciarían esos abusos.

En la capital tolimense el símbolo de esa represión fue Santiago Murillo, el joven de 19 años asesinado en la noche del 1 de mayo, a unas cuadras de su casa, por un tiro que impactó en su pecho y que al parecer le fue propinado por un policía.

Luego la chispa detonante se encendió en Pereira, cuando un sicario disparó ocho veces desde un carro, a los manifestantes que se encontraban en el popular viaducto que une a esa ciudad con Dosquebradas. Aunque hubo varios heridos en ese ataque criminal, todo parece indicar que el objetivo principal era el profesor y estudiante Lucas Villa, un reconocido manifestante considerado el símbolo de las marchas en esa zona del país. Lucas permaneció varios días en una UCI con muerte cerebral, hasta que los médicos anunciaron su deceso.

https://fb.watch/5xuqdfN_AD/

Y este fin de semana la chispa volvió a encenderse, pero en Popayán, la capital de Cauca. Allí el detonador social tuvo dos tiempos. Primero con el suicidio de la joven Alison Salazar Medina de 17 años, ocurrido el jueves 13 de mayo y quien antes de su muerte publicó un doloroso mensaje en su cuenta de Facebook, en el que denunció la agresión sexual de la que habría sido víctima por los cuatro agentes del Esmad que la detuvieron por la fuerza la noche anterior, en medio de disturbios.

Y luego por el asesinato del estudiante Sebastián Quintero, de 22 años de edad, quien fue impactado por un artefacto disparado por el Esmad y que le ocasionó una herida mortal en el cuello. El caso sucedió durante los disturbios de este viernes 14 de mayo en Popayán que detonaron nuevamente a una horda de manifestantes enfurecidos que se apoderó de la ciudad.

Fue en medio de esa marea de indignación que atacaron las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI de la Fiscalía, donde estuvo detenida la adolescente Alison. Esa entidad y Medicina Legal fueron quemadas. “El balance preliminar frente a lo sucedido en la URI de la Fiscalía General arroja pérdidas cercanas a los 20.000 millones de pesos. Fueron destruidos los laboratorios forenses donde los investigadores científicos trabajaban en el esclarecimiento de los delitos que suceden en esta parte del país”, aseguró el fiscal general Francisco Barbosa.

Puede ver: https://fb.watch/5xuvVxCmfb/

En todos esos casos de sangre, dolor y caos en medio de las manifestaciones del paro, se repitió la misma dosis. Por eso, hay quienes piden a gritos que la mejor manera de cerrar esa espiral de violencia, es garantizando el derecho a la vida y frenando la violencia.

Ya lo hizo hace algunos días el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, durante una entrevista radial, al explicar con claridad que su discurso mediador arranca con dos puntos esenciales, “protesta sin armas y una concertación con garantías, que se respete la vida de los jóvenes que protestan”.

Por ahora ya quedó expuesto que para el Gobierno la intervención de la fuerza pública en las protestas es una prioridad y lo sustenta con el reciente informe confidencial que publicó la revista SEMANA y que deja entrever que detrás de los hechos de violencia estarían las disidencias de las Farc y milicias urbanas del ELN. No obstante, ese informe de inteligencia filtrado deja muchas preguntas sueltas y pone contra las cuerdas a la propia inteligencia militar y policial del Estado, porque no previno ese escenario.

De ahí que el reciente llamado que hizo el jurista e investigador Rodrigo Uprimny, quien a través de su columna dominical de El Espectador lanzó dos ideas para superar esta crisis, basado en dos lecturas diversas y opuestas del paro. “Una visión optimista afirma que estas movilizaciones son nuestra primavera democrática pues la ciudadanía está saliendo a las calles a reclamar la solución de problemas no resueltos acumulados. Esta democracia callejera permitiría entonces una profundización de nuestra débil democracia”.

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El jurista quien actualmente es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también se arriesgó a vaticinar una lectura pesimista, “que esta crisis muestra una sociedad no sólo polarizada sino además desarticulada e ingobernable, por la falta de liderazgos claros y lúcidos, ni en el Gobierno ni en los promotores del paro. La persistencia indefinida del paro y los bloqueos, junto con la represión muchas veces desproporcionada, incrementaría la polarización, las violencias y terminaría en soluciones autoritarias que pondrían en riesgo nuestra débil democracia”, argumentó Uprimny.

Otro analista que le apunta a explicar las chispas o detonantes de este estallido social, es Jorge Restrepo, profesor de la universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, “es una causa próxima a la indignación, al inconformismo, al desprecio al Gobierno nacional, sumado a un enorme descontento social”, dijo en una publicación del diario El País de España.

https://twitter.com/CERAC/status/1393293664164716546?s=20

El experto en conflictos no dudó en explicar que la pandemia añadió un gran sufrimiento a la población y habló de otras chispas que avivan el problema como la brutalidad policial, que el Gobierno esté en manos de un partido minoritario y fragmentado, con agentes radicales como el expresidente Álvaro Uribe y el trato a la población indígena, “es una multiplicidad de chispas que terminaron encendiendo un fuego de pradera”.

Una visión más apocalíptica sobre esas chispas incendiarias que se pasean por el suroeste colombiano tiene el politólogo caleño Álvaro Benedetti, quien no descarta otra forma de manejar el paro y consistiría en “estirar la protesta y desgastar al máximo al Gobierno, lo cual incidiría en la renuncia del presidente o una declaración de insubsistencia, vía un posible golpe de Estado. Sé que es algo aventurado decirlo, pero alimento esta idea con el hecho de que quizás, el vandalismo está auspiciado por una mano oscura que busca desacreditar las instituciones tal y como las conocemos”.

Y fue más allá al considerar que “desde la derecha se está pensando en un posuribismo y por ello, con este ataque a la institucionalidad, especialmente en su bandera máxima de la seguridad, se quiere dar un golpe seco al Centro Democrático. En una eventual renuncia de Duque, subiría Marta Lucía, que antes que uribista es ‘sarmientista’, lo que genera mucha confianza entre las élites económicas”, argumentó el politólogo.

Más allá de todos esos análisis y especulaciones, lo único evidente por ahora, es que donde se derrama la sangre de un manifestante por cuenta de los excesos de la fuerza pública, de inmediato aparece el estallido social, o viceversa. Un temido círculo vicioso que pocos parecen entender.

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