¿Qué pasa si se comprueba que no se protegió la protesta en Colombia?

El Tribunal Superior de Bogotá inició un incidente de desacato por una tutela que denuncia que no se cumplió el fallo de septiembre de 2020 de la Corte Suprema. ¿Qué puede pasar?

El incidente de desacato es un instrumento a través del cual se puede sancionar a un funcionario público por el incumplimiento de un fallo judicial, explicó Alfredo Pertuz, abogado constitucionalista, a Diario Criterio.

Para comprender la situación hay que trasladarse a septiembre de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo en el que dijo que se debe garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica. Para eso se ordenó, entre otras cosas, la expedición de un estatuto que regulara la actuación del Esmad.

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Pertuz precisó que, menos de un año después y en el marco del paro nacional, “dos ciudadanas afirmaron, por medio de una tutela, que no han podido salir a manifestarse por la ola de violencia presentada durante las manifestaciones. Para garantizar sus derechos fundamentales solicitan el cumplimiento del fallo y que se investigue por qué ciertos organismos no le habrían dado cumplimiento”.

Las denunciantes argumentaron que si se estuviera cumpliendo el fallo, miembros de la Policía y del Esmad no incurrían en un “uso desmedido de la fuerza”. En respuesta, el Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato. El documento afirma que no se encontró razón alguna para impedirlo, pues están afectadas y tienen “interés legítimo en el resultado del trámite incidental”.

El documento ordena dar trámite al incidente de desacato a los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía de Bogotá, el director general de la Policía, el comandante general de la Policía Metropolitana de esa ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, que tienen tres días para aportar pruebas. 

El incidente de desacato contra Duque se remitirá a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que adelante el trámite correspondiente. Además, le dio un plazo de tres días al presidente para expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva, a nivel nacional, “mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas”, exigencia que ya había hecho la Corte Suprema.

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Como lo cuenta el abogado constitucionalista, el Tribunal Administrativo de Bogotá, que hace seguimiento al fallo, buscará establecer si estas entidades han cumplido o no. Uno de los argumentos que podría usar el Estado, según Pertuz, es que durante las manifestaciones se han presentado actos vandálicos.

Mireya Camacho, PhD en Derecho, explicó a Diario Criterio que el incidente se debe resolver dentro de los diez días siguientes a la radicación de la solicitud.

¿Qué puede pasar? 

En caso de que se verifique el incumplimiento, se impondrán sanciones como arresto y multas a los funcionarios. “El arresto puede ser hasta de seis meses y la multa hasta de 20 salarios mínimos. Estas sanciones pueden ir contra el funcionario que incumplió y su superior inmediato”, dice Camacho.

Además, es posible que se inicie un proceso penal o disciplinario si se define que los funcionarios faltaron a sus deberes como servidores públicos. Camacho agrega que una vez declarado el desacato no se puede apelar, pero si la decisión de la tutela inicial cambia, “se someterá a consulta al superior jerárquico para que revise la decisión”, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. 

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Camacho también expresa que en la discusión no se puede volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en la resolución de la tutela inicial. Por ejemplo, en este caso no se podrían cuestionar los argumentos que se tuvieron en cuenta para solicitar la protección de la protesta pacífica en 2020. “Solo se debe verificar a quién va dirigida la orden, el término para su ejecución y su alcance para definir si se incumplió de forma total o parcial”, argumenta.

Frente a la posibilidad de que la acción prospere, Pertuz señala que esto dependerá de la respuesta de las instituciones contra las que se abrió el proceso.

Otro punto a considerar es que la Corte Suprema ha dicho que se debe demostrar la responsabilidad subjetiva, es decir, es necesario probar que no solo hubo desacato, sino que este se dio por negligencia

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